El Senado retomó el debate sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada: ¿qué se discute?

El Senado reanudó esta tarde la sesión que había pasado a cuarto intermedio el pasado 19 de julio y en la que está previsto que se discuta el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegará al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la v

No obstante, antes de entrar en el tema central el Senado decidió, a mano alzada y sin controversia, girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota en la discusión y poder votar.

La senadora kirchnerista cuyana cursa un embarazo de 32 semanas y por prescripción médica no puede viajar largas distancias, mientras que el radical norteño fue operado de una rodilla y tampoco puede movilizarse.

A pesar de que ambos casos fueron autorizados a participar y votar por sendos decretos de Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la propuesta de enviar el tema a comisión que formuló la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, fue aprobada sin debate y con la anuencia del kirchnerismo.

¿Qué se discute?

Sin esos cambios, el debate girará en torno a los cambios en la ley de expropiaciones que establecen la declaración de utilidad pública necesaria para avanzar se deberá aplicar de manera restrictiva.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje.

También se modificará el régimen de desalojos, con un procedimiento express en el caso de intrusiones.

Y el título más polémico, la marcha atrás con los cambios en la ley de manejo del fuego. Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.