El oficialismo y sus aliados lograron aprobar la reforma de la ley de glaciares

Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hasta el momento regía sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votaron en contra de la reforma-, los libertarios le anotaron un triunfo legislativo al presidente Javier Milei con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

La nueva ley de Glaciares

El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, dividió antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insistían en que la iniciativa no afecta la protección que regía sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.

Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advirtieron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.

Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas.

La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.

En suma, con esta reforma, las provincias tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final. Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en US$ 20.000 millones en proyectos mineros.