El kirchnerismo sufrió un inesperado contratiempo y decidió suspender la sesión del Senado en la que este miércoles iba a tratarse el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, elaborado por el Poder Ejecutivo después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la integración del organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
La causa del retraso es la negativa del provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) a acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo sino le aceptan algunas de sus propuestas. Sin su apoyo, el Frente de Todos no alcanzaría a reunir los 37 votos (mayoría absoluta) que exige la Constitución para reformar la ley del Consejo de la Magistratura ya que la peronista disidente Clara Vega (La Rioja) decidió tomar distancia del kirchnerismo en este tema.
“Esta es una cuestión en la que es necesario el consenso. Hay que buscar un dictamen unificado”, explicó Vega, criticando la decisión del oficialismo de avanzar con la propuesta del Poder Ejecutivo sin acordar con otras fuerzas políticas. “Este no es un tema que esté en la agenda de las necesidades de la sociedad, sino que sólo le interesa a la política”, agregó la senadora riojana.
Sin embargo, también habría disidencia al interior del Frente de Todos. Fuentes legislativas confiaron que en el bloque oficialista también hubo varios pedidos para modificar el dictamen firmado la semana pasada. Ante este panorama, el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), decidió que el tema volviera a discutirse en un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, convocado para este miércoles a las 16.
La situación es, cuánto menos, irregular si se toma en cuenta que las mismas comisiones dictaminaron la semana pasada sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y que Weretilneck lo hizo, en minoría, en base a un proyecto de su autoría. En este escenario, ninguna de las dos iniciativas podrían volver a ser objeto de un despacho de comisiones, sino que debería presentarse un nuevo expediente que, aseguraron voceros legislativos, se discutirá hasta horas antes del inicio de la nueva reunión.
El tiempo apremia para el Congreso. El fallo de la Corte, dictado el 17 de diciembre último, estableció un plazo de 120 días para que el parlamento dicte una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ese período concluye el próximo 15 de abril.
La postergación del debate en el recinto por parte del Senado deja al Poder Legislativo al borde de incumplir con el plazo fijado por el máximo tribunal. Es que, en el mejor de los escenarios, recién podría aprobarlo la semana próxima y a la Cámara de Diputados le quedarán menos de diez días para poder convertirlo en ley.
Como si fuera poco, Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría que repone al presidente de la Corte al frente del Consejo de la Magistratura, una cuestión con la que ni el kirchnerismo ni el Poder Ejecutivo están de acuerdo. Sin un consenso amplio, es muy difícil que el proyecto pueda convertirse en ley en la Cámara baja si es que logra pasar el filtro del Senado.
Adiós a la mayoría automática
El episodio registrado en torno al Consejo de la Magistratura dejó al descubierto los límites del oficialismo tras el recambio de un tercio del Senado como consecuencia de las elecciones del año pasado.
Si bien Cristina Kirchner se aseguró el comando de todas las comisiones, manteniendo una cómoda mayoría en todas ellas aún cuando el oficialismo cayó a 35 senadores y perdió el control de la Cámara alta, queda en claro que a la vicepresidenta ya no le alcanzará con el dictamen para imponer su voluntad en el recinto. Al menos en los casos de proyectos que requieran de mayorías especiales, ya no tendrá una mayoría automática sin consultar antes a sus aliados de fuerzas provinciales.
Tras las dos reuniones de las comisiones celebradas la semana pasada, a la primera de las cuales asistió el ministro de Justicia, Martín Soria, el Frente de Todos había logrado sumar el apoyo de la provincial Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia), y dio por descontado que Vega sumaría su voto en el recinto para alcanzar los 37 votos afirmativos. Por esa razón, no se preocuparon por aceptar algunas de las ideas que Weretilneck, habitual aliado del Gobierno en el Senado, había volcado en un proyecto de su autoría.
Sin embargo, la negativa de Vega a votar a libro cerrado el proyecto del Poder Ejecutivo dio por tierra con los planes del kirchnerismo, que ahora estaría dispuesto a sentarse a escuchar al exgobernador de Río Negro, que pretende una integración “más federal” del Consejo de la Magistratura, para tratar de sumar su voto y alcanzar, entonces sí, la mayoría absoluta que exige la Constitución.
El fallo de la Corte estableció una alternativa en caso de que el Congreso no sancione una ley, y es la posibilidad de volver a la ley de 1997, cuando el Consejo de la Magistratura quedó integrada por 20 miembros y era presidido por el titular del máximo tribunal de justicia del país. Esa integración fue modificada por la ley sancionada en 2006, redactada por Cristina Kirchner cuando era senadora y primera dama, que redujo a 13 los miembros del organismo. Una de las siete poltronas eliminadas por aquella norma fue la que le correspondía al presidente de la Corte.
Por esta razón, Soria acusó al tribunal de pretender “meterse por la ventana” en el Consejo de la Magistratura al declarar inconstitucional dos artículos de la ley de 2006 mediante un fallo que calificó de “extorsivo”. Para adecuarse a la ley de 1997 los estamentos de abogados, jueces, académicos y el Congreso deberán elegir nuevos representantes hasta completar los 20 miembros. Si no lo hacen antes del 15 de abril, y para esa fecha tampoco hay una nueva ley que lo regule, el Consejo de la Magistratura quedará paralizado. (DIB)
