El Deliberativo de 25 de Mayo aprobó hoy por mayoría la declaración de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación del inmueble del área urbana residencial, según el Plan de Ordenamiento Territorial, ubicado en calle 36 y 24 de 102 a 14, con servicio de agua corriente por 36 y de 34 y 102, de cloacas por calle 34, pavimento por 36, cordón cuneta, alumbrado público y energía eléctrica.
Con la ausencia con aviso de José Gregorini, de Unión por la Patria, el expediente se avaló con los votos positivos de los oficialistas Giana Fuentes, Luis Rivas, Josefina Biscione, Julián Burgos, Claudia Lobosco, Hugo Melián y Guillermo Lance, más los de los opositores Yamila Galdós Carrizo, Mario Guidobaldi y Carlos Botta, con el rechazo de Silvia Martínez y Paula Panaccio de Unión por la Patria y del liberal José Luis Guarch, y la abstención de María José Zarza.
El macizo, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia el 13 de Abril de 1984, se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación en julio de 1997 por un proyecto del entonces concejal justicialista Omar Baquini, y con posterioridad el senador Miguel Ángel Di Salvo presentó el 28 de mayo de 2003 un proyecto de ley que aprobó la Cámara Baja, al que en 2004 el HCD adhirió. La Cámara de Diputados también lo avaló y, finalmente, el entonces gobernador Miguel Angel Solá y a pesar de expresar que compartía el texto y motivación de la Ley sancionada, por las restricciones presupuestarias que enfrentaba la Provincia vetó la ley. La Cámara de Senadores logró rechazar el veto, sin embargo el proyecto perdió estado legislativo en Diputados, desvaneciéndose las ilusiones de obtener los recursos provinciales necesarios para la adquisición de este inmueble por parte de la Municipalidad.
Transcurridos 20 años, el intendente Ramiro Egüen vuelve a insistir con la expropiación para destinar el inmueble a viviendas, y el HCD hoy lo aprobó luego de un extenso debate, durante el cual las bancadas de Unión por la Patria, Frente de Todos, Peronismo Renovador y Frente Renovador aludieron a que la decisión gubernamental era “autoritaria” y en contra de sus propietarios, el ex secretario de Gobierno Nicolás Lorenzo y la actual edil del Frente de Todos María José Zarza.
Yamila Galdós Carrizo recordó que lo ocurrido con el inmueble desde 2004, cuando se aprobó la utilidad pública y expropiación “pero la Provincia no tuvo el presupuesto” para avanzar, y recalcó que “no nos vamos a oponer porque está establecido por ley la forma en que de hacerse al exposición y los resguardos que debe tener el privado al que están sacándole su propiedad”.Cuestionó que “han dibujado ´al galope´ un plano afirmando que se obtendrán 141 terrenos”, y que “siempre se dijo que debía pagar la Provincia y ahora pagará el Municipio este terreno, que todavía no sabemos cuánto saldrá”.
Catalogando al intendente Ramiro Egüen de “autoritario y tirano”, sostuvo en que “a diferencia de 2004, hoy se va contra las personas, no contra la propiedad. Es persecución política”, en alusión a Lorenzo y Zarza, y comparando la iniciativa con “la confiscación del zamping a Sergio Tuya”.
Advirtió Galdós Carrizo que no hubo acercamiento con los propietarios, a diferencia de lo ocurrido con la aprobada compra este año, por licitación, de una propiedad de Carlos Toledo en 33 entre 102 y 104 por licitación. Un terreno inundable y para rellenar”.
“El terreno de la 36 es mucho mejor, residencial, y pedimos al Intendente que para iniciar las negociaciones con los propietarios solicite las valuaciones de los Bancos Provincia y Nación”, y recalcó que “sino puede negociar, deberá ir a la vía judicial, con los gastos a cargo del Estado”.
Desde el oficialismo, Giana Fuentes celebró que opositores acompañen la iniciativa, tal lo hizo en el Dictamen, y subrayó que el procedimiento a realizar respeta los derechos constitucionales y “la valuación de su conveniencia la hace el poder Ejecutivo de turno”.
Reflexionó la edil que no se le dio el mismo tratamiento a la propiedad de Toledo que a la de avenida 36, por “los antecedentes del terreno”, de “una ubicación inmejorable para dar respuestas en cuanto a viviendas”, y por ser dueños “Nicolás Lorenzo y María José Zarza, hoy concejal”.
“No podemos los concejales evaluar porqué lo compraron, cuánto lo pagaron, escapa a nosotros hacer esas averiguaciones”, dijo, y explicó que el diálogo no existió como en el caso de Toledo seguramente porque “están en veredas diferentes políticamente el Intendente y los dueños”, y recalcó que Lorenzo, como ex secretario de Gobierno en la gestión de Hernán Ralinqueo, “mejoró las condiciones de ese terreno, con el cordón cuneta de la calle 102 y 34, la mitad del lateral”, lo que se suma a mejoras realizadas por anteriores administraciones, por lo que “lógicamente el inmueble hoy tiene otro valor”.
“No veo cuál la razón para decir que es un capricho. Si lo es, veremos a las resultas de este mecanismo que hoy comienza con la declaración de utilidad pública”, remarcó.
Aclaró también que el valor “lo marca la ley” y “no podrían las partes abusar, porque hay plazos, por eso no quedará sujeto a los tiempos que a la Comuna le parezca. La Ley es clara en todo el proceso. Y de llegarse a la instancia judicial, el Municipio puede pedir la posesión consignando el 25% de su valor promedio obtenido de las valuaciones bancarias, ya que el valor fiscal es menor”. En ese sentido, apuntó, modificaron la ordenanza en favor de los propietarios.
El debate se extendió por casi 2 horas, con voces opositoras poniendo en tela de juicio el accionar del Intendente, y oficialistas destacando que el inmueble, de una superficie de 35.118,98 metros cuadrados, permitirá avanzar con la urbanización del barrio San Vicente de Paul, ya que sumando los 106 lotes de la adquirida quinta de Toledo, la Comuna dispondrá de 246 para destinar a viviendas.
