Verónica Cortés, concejal de La Libertad Avanza
Luego de una acalorada discusión, el Deliberativo de 25 de Mayo transformó en ordenanza la iniciativa del bloque Alianza La Libertad Avanza, que establece la creación de un Régimen de Habilitación Comercial Automática por Declaración Jurada online, y que tuvo el respaldo de la bancada peronista.
La propuesta busca dar respuesta a una demanda histórica del sector productivo local, permitiendo que pequeños emprendedores y comerciantes obtengan un permiso provisorio de manera digital para iniciar sus actividades comerciales mientras completan la tramitación presencial y la correspondiente fiscalización.
Celeridad y desburocratización: los argumentos del proyecto
La concejal Verónica Cortés (La Libertad Avanza), autora del proyecto, fundamentó la necesidad de modernizar el sistema actual: “Este proyecto está pensado para los comercios chicos. Se trata de otorgar una habilitación provisoria para facilitar que la gente pueda empezar a trabajar mientras se realiza la inspección posterior”. Asimismo, aclaró que la Declaración Jurada constituye una presentación preliminar que simplifica la instancia inicial del trámite.
Desde el interbloque peronista acompañaron la iniciativa. La edil Yamila Galdós Carrizo, partido Justicialista, consideró la medida como “un paso adelante que favorece a los vecinos” y remarcó que “se trata de una habilitación provisoria y que la persona luego debe presentar la documentación en papel; es una declaración jurada pasible de multas si resulta ser falsa”.
En la misma línea, su compañera de bancada María José Zarza valoró el avance hacia la desburocratización del Estado: “Estamos resolviendo la cuestión que atañe al comerciante que inicia sus actividades. El Ejecutivo tiene la potestad de reglamentar la ordenanza dentro de un marco certero”.
Por su parte, la concejal Ana Paula Panaccio cruzó los reparos del oficialismo al señalar que “no hay necesidad de modificar la Ordenanza Fiscal e Impositiva; solo quieren poner trabas”, mientras que el concejal Julio Brunelli aportó precisiones técnicas respecto de la categorización provincial de industrias de alto impacto ambiental.
Los reparos del oficialismo y la moción de vuelta a comisión
Desde la bancada oficialista, si bien coincidieron en el espíritu de simplificar los trámites administrativos, plantearon severas objeciones sobre la aplicabilidad técnica y la equidad del régimen propuesto.
La concejal Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) sostuvo que “la finalidad del proyecto es loable y todos los municipios deberíamos ir hacia la despapelización”, pero advirtió sobre asimetrías con el sistema actual: “Hoy ya se otorga una habilitación provisoria por tres meses. En esta nueva norma, el artículo 2º permite el inicio de actividad sin autorización previa del Ejecutivo, lo cual resulta inequitativo para quien ha llevado adelante el proceso bajo las normas vigentes. Además, debemos precisar el artículo 10º sobre impacto ambiental, porque este cuerpo está obligado a legislar con claridad”.
En esa tesitura, su compañero de bancada Francisco Recalt destacó que el proyecto “es interesante”, pero argumentó también que el cuerpo “debe hacer la norma más clara y precisa”, por lo que propuso formalmente la vuelta del expediente a comisión de Reglamento para su revisión, moción que fue rechazada por la mayoría opositora.
A su turno, el edil Guillermo Lance remarcó la importancia de revisar el esquema normativo integral: “Debemos ver qué sucede en municipios vecinos. Hoy existe una Ordenanza Fiscal e Impositiva donde se establecen los pasos para habilitar un comercio; no podemos salirnos de ella sin modificar la norma que ya legisla la materia”. Finalmente, el concejal Daniel Boisserenc concluyó que la figura de la habilitación automática, tal como estaba planteada, adolecía de inconsistencias técnicas.
Pese a los intentos del oficialismo por profundizar el análisis en comisiones, la oposición hizo valer su mayoría en el recinto y logró la aprobación de la norma que busca simplificar trámites y fomentar la actividad comercial en el distrito. Ahora, la suerte de la nueva ordenanza quedará en manos del Departamento Ejecutivo, que deberá definir si la promulga, la reglamenta o aplica su facultad de veto.
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