El Gobierno eliminó 973 normas y desregula la industria del vino

El Gobierno nacional derogó casi mil normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefine el rol del organismo, según la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. El objetivo es eliminar la intervención en los procesos productivos del vino y reducir la burocracia en el sector.

La decisión suprime en total 973 normas entre requisitos presenciales, verificaciones repetitivas y múltiples trámites burocráticos. De acuerdo con la información del Gobierno nacional, el INV y los ministerios responsables elaboraron este marco luego de detectar que el sector arrastraba más de 1.200 normas, muchas de ellas dispersas y superpuestas, que generaban costos, demoras y pérdida de competitividad para las bodegas.

La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo -como la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores.

El énfasis recae en asegurar la aptitud para el consumo del vino y descartar adulteraciones o incumplimientos en el producto final. “El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados”, indica el comunicado enviado por el Gobierno.

El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.

La palabra de Federico Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.

Según Sturzenegger, la resolución pone fin a décadas de “burocracia absurda”. Solo en 2024 el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y realizado más de 5.000 inspecciones, en algunos casos con visitas a una misma bodega cada dos días. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas”, sostuvo el funcionario de Milei.

Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial. Pero en un contexto de caída global del consumo y cambio en las preferencias -con el auge del vino sin alcohol- “es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, explicó.

“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Además, el organismo tramitaba cuestiones innecesarias como la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”, explicó.

En ese sentido, el ministro siguió: “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”. Y agregó: “Los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.