El Gobierno dio la orden de aplicar los aumentos de gas y no habría segmentación

El Gobierno dio la orden de avanzar en los aumentos de tarifas del servicio público de gas natural por redes, que serán en torno a un 20% promedio para los hogares de todo el país a partir del miércoles 1 de junio.

Este viernes el secretario de Energía, Darío Martínez, firmó la resolución que instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a confeccionar e implementar los nuevos Cuadros Tarifarios para cada una de las distribuidoras.

El texto, está publicado en el Boletín Oficial todavía y en el Gobierno indican que su letra podría ser modificada.

La orden oficial nada dice sobre la segmentación de los subsidios a la energía, clave en el plan económico del ministro Martín Guzmán para reducir las transferencias del Estado y cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las empresas habían avisado que cambiar los sistemas de facturación lleva no menos de 2 meses de demora y que todavía no arrancaron, a falta de instrucción del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio.

De esta forma, el aumento será plano y el 100% de los consumidores residenciales de la Argentina tendrá una reducción en términos reales del costo que pagan por la energía, ya que quedará largamente por debajo de la alta inflación y de la evolución de los salarios.

Asimismo, este diario pudo saber que sigue adelante el proceso administrativo para aplicar otra suba de tarifas de la luz, que podría completarse el lunes.

 Según el informe técnico que había preparado la Subsecretaría de Hidrocarburos para la audiencia pública, el alza de las boletas a partir de junio sería de entre 18,5% y 25,5%, según la región del país, que se acumula a la actualización de marzo.

Con todo, quienes no aplican a los criterios de la tarifa social habrán tenido en este 2022 una suba menor al 42,7%, tope previsto por el Gobierno de acuerdo al equivalente a un 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

Un hogar “tipo” de categoría R31 sin tarifa social que en julio iba a pagar $ 2505 (antes de impuestos) por el consumo de 191 m3 mensuales, abonará en cambio $ 3585 (sin impuestos) después de este aumento de tarifas.

El incremento del precio del gas (y de la energía eléctrica también) estará destinado exclusivamente a bajar el déficit fiscal.

El precio mayorista del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) trepará un 41,7% y no tendrá impacto en los márgenes regulados de las transportistas ni de las distribuidoras.

El FMI había pedido reducir los subsidios en el equivalente a 0,6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) -unos 3000 millones de dólares-, meta inalcanzable por la crisis energética mundial y la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios de las commodities como el Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina necesita importar en invierno. Los costos de los combustibles explican más de la mitad de la factura que tiene que pagar el Estado en subsidios eléctricos.

La cuestión de las tarifas es clave no solo para el programa económico de Guzmán, que debe mostrarle voluntad al FMI aunque las metas de desempeño serán incumplidas por el contexto internacional (inflación de alimentos y energía), sino también para la estabilidad política interna del Frente de Todos.

El kirchnerismo buscó dejar en claro en los últimos meses que no está de acuerdo con incrementos de tarifas por encima del 20%, porcentaje al que se llegó a partir de los aumentos de marzo.

En sus filas, señalan que Guzmán corrió del proceso al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, luego de que éste advirtiera en un informe interno que insistir con subas del precio mayorista de la energía quebrará la cadena de pagos del sector y llevará a detener el crecimiento económico, con más inflación, desempleo y pobreza.

En los despachos oficiales habían cuestionado la validez del documento de Basualdo por entender que se extralimitó en sus funciones y salieron a responderle los subsecretarios de Hacienda, de Política Económica y de Planeamiento Energético para poner en duda la condición “técnica” de su informe.