Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones que creó el Gobierno de Mauricio Macri en 2018, no dejó de hacer notar en su comunicado posterior que se trata de un programa “sujeto a riesgos excepcionalmente altos”, ya que reconoció la “vulnerabilidad” del país a los “choques externos y las dificultades de implementación dada la compleja situación social y política”.
La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, señaló que Argentina sigue afrontando “retos excepcionales económicos y sociales, como un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, una inflación persistente, una carga pesada de deuda y amortiguadores externos bajos”.
Georgieva detalló que el programa del FMI contiene políticas económicas “calibradas de forma cuidadosa”, como una consolidación fiscal sostenida y respetuosa con el crecimiento, que auguró que fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y permitirá eliminar la financiación monetaria del déficit fiscal frente a la inflación.
Aun así, alertó de que los riesgos para este programa son “excepcionalmente altos y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania ya se están materializando”.
En este contexto, consideró “crucial” un reajuste temprano del programa.
Hora de reformas
Según el comunicado del Fondo, durante la reunión los miembros del directorio ejecutivo instaron a que se lleven a cabo “reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de Argentina”, además de resaltar la importancia de “fortalecer el mercado de deuda en pesos domésticos; mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sectores clave”.
De este modo, hicieron hincapié en la necesidad de “mejorar la eficiencia, la equidad y el cumplimiento del sistema tributario”, así como “mejoras en la estructura del gasto, incluida la reducción de los subsidios energéticos costosos y no focalizados, al mismo tiempo que se expande el gasto en infraestructura”.
Además, remarcaron la necesidad de “proteger los programas de asistencia social bien focalizados y de una gestión prudente de los salarios y pensiones”.
Por otra parte, subrayaron la importancia de “reducir la persistente alta inflación y reconstruir las reservas internacionales” y, para ello, “poner fin al financiamiento monetario e implementar el marco de política monetaria mejorado para generar tasas de interés reales positivas y alentar la demanda de pesos”.
Finalmente, destacaron la necesidad de “fortalecer el clima de inversión eliminando gradualmente las distorsiones económicas y brindando un marco regulatorio más predecible” y pidieron “mejorar la gobernanza, incluso impulsando la eficiencia y la transparencia del gasto público”.
Todos estos detalles de la situación de Argentina llevaron a los directores a advertir que el programa “está sujeto a riesgos excepcionalmente altos”, ya que reconocieron la “vulnerabilidad” del país a los “choques externos y las dificultades de implementación dada la compleja situación social y política”.
En particular, coincidieron en que, en el mediano plazo, la Argentina deberá “fortalecer aún más la sostenibilidad de la deuda, reforzar el balance del banco central y su marco de gobernanza, y abordar las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal”.
Financiación
El arreglo con el FMI incluye financiación por más de 44.000 millones de dólares, cifra equivalente a los desembolsos que recibió Argentina con el acuerdo “standby”, firmado en 2018, y se compone por el monto de los vencimientos aún pendientes previstos en aquel pacto más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas entre septiembre de 2021 y enero pasado.
Con los once desembolsos que reciba, Argentina afrontará los pagos hasta 2024 previstos en el programa de 2018 y el remanente se aplicará en fortalecer las reservas monetarias del Banco Central.
El AFE establece una reducción gradual del déficit fiscal primario, desde el equivalente al 3% del PIB en 2021, al 2,5% este año, el 1,9% en 2023 y el 0,9% en 2024, metas que Argentina pretende alcanzar con una expansión “moderada” del gasto real.
Mientras que uno de los principales objetivos del programa es bajar la inflación, que fue del 50,9 por ciento en 2021. Se proyecta una reducción de la tasa de inflación a un rango del 38-48 por ciento en 2022, 34-42 por ciento en 2023 y 29-37 por ciento en 2024. Teniendo en cuenta los índices de los dos primeros meses del año, la meta para 2022 parece imposible de alcanzar.
