El cobro de tasas viales vuelve a enfrentar a intendentes, productores y la Justicia

Con una drástica caída de la coparticipación y el recorte de fondos de Nación, muchos intendentes bonaerenses apelan al cobro de la tasa vial como un instrumento recaudatorio. Sin embargo, este instrumento que se destina a mantener los caminos rurales, viene siendo objeto de polémicas recurrentes por las quejas de los ruralistas sobre el estado de los mismos.

En los últimos días, decisiones judiciales en distritos como Daireaux y Azul se suman a una línea jurisprudencial que ya había tenido un antecedente relevante en Carlos Casares, donde la productora Andrea Passerini obtuvo un fallo firme que declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.

También está el caso de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen. Allí ocho productores lograron exigir, tras un fallo de la Justicia, al municipio que informe el destino de los fondos de la tasa vial. “En materia de acceso a la información pública rigen los principios de informalidad, celeridad y gratuidad”, expresó el magistrado Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen.

Pero no es el único ultimátum. A varios kilómetros de allí, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó otro fallo de fuerte impacto institucional en el caso del municipio de Baradero por el destino de los fondos de la tasa de red vial. La sentencia definitiva no solo ordena al municipio entregar información clave sobre su administración, sino que también reafirma el alcance del derecho de acceso a la información pública como una herramienta central de control ciudadano.

Baradero, por ejemplo, tiene una red vial de unos 600 kilómetros de caminos rurales y el año pasado recaudó alrededor de $1000 millones, con el adicional de la coparticipación provincial por el inmobiliario rural. Otros distritos, como Carlos Casares, tiene 2200 kilómetros de caminos, aunque en 2025 las inundaciones en la zona hicieron que los trabajos en los caminos no alcanzaran. Y de allí el enojo de los productores.

También este año hubo lluvias que generaron inconvenientes. Solo en marzo, en 9 de Julio cayeron entre 250 y 300 milímetros, lo que hizo que el 70% de los caminos rurales presente serios problemas.

En toda la provincia, la red vial rural supera los 120 mil kilómetros, y cerca del 90% corresponde a caminos de tierra, lo que dimensiona la magnitud del desafío que tienen la Provincia y los jefes comunales para mantenerlos productivos para la circulación.

La defensa de los intendentes y la posición de Carbap

Los intendentes justifican el cobro de la tasa vial en la grave situación que sufren por sus arcas en rojo. Daniel Stadnik, de Carlos Casares, cuestionó al Gobierno nacional por meterse con la autonomía municipal en relación al cobro de tasas.

“Nosotros tenemos 2200 kilómetros de caminos, y con la tasa vial los mantenemos. Gastamos tres veces más de lo que recaudamos, porque, además, bajó la recaudación de la tasa vial, porque el productor estaba inundado. Cuando el productor se inunda, los caminos también se cortan, y nosotros tenemos el triple de trabajo”, explicó en diálogo con Cadena Río FM 88.7.

Desde Daireaux, también la administración de Esteban Acerbo cuestionó un fallo en contra al asegurar que “no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo”. Mientras que en Olavarría, los bloques PRO y Juntos presentaron un proyecto de ordenanza para frenar el cobro de la tasa vial en todo el partido.

Paralelamente, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su satisfacción ante los recientes fallos judiciales. “Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que Carbap viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, afirmó la entidad.

“La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”, agregó.