El intendente municipal de 25 de Mayo Ramiro Egüen dio un paso administrativo en su estrategia para destrabar la controvertida construcción de la Escuela de Educación Secundaria N° 8. A través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, solicitó formalmente la autorización para contraer un crédito que permita terminar el edificio de calle 11 y 35, el cual presenta actualmente un avance de apenas el 12%.
Al elevar esta propuesta al cuerpo legislativo, el Ejecutivo pone en marcha el mecanismo institucional para que los bloques de la oposición y el oficialismo debatan la viabilidad del financiamiento. El proyecto no solo contempla la toma de los 985 millones de pesos, sino que establece que el municipio deberá informar trimestralmente al HCD sobre el estado de la obra y la evolución de los pagos, garantizando el control parlamentario de los fondos.
Fundamentos del pedido
En el texto enviado a los concejales, el Ejecutivo fundamenta la necesidad del crédito ante un escenario de “desatención” por parte de las jurisdicciones superiores:
- Falta de giros: La Comuna sostiene que no se han materializado los desembolsos comprometidos por Nación y Provincia.
- Desequilibrio financiero: La reducción de la coparticipación y la falta de previsibilidad en el Fondo Educativo impiden costear la obra con recursos ordinarios.
- Riesgo de paralización: Se busca evitar mayores costos contractuales y el deterioro de lo ya construido.
Al respecto, el intendente Ramiro Egüen señaló: “La decisión es clara: priorizar la educación. Buscamos una solución concreta para evitar mayores costos por la paralización, sin perjuicio de seguir exigiendo que Provincia y Nación cumplan con sus compromisos”., expresó, remarcando que el objetivo es garantizar un avance sostenido hasta la finalización.
Detalles técnicos de la propuesta
De ser aprobado por el HCD, el Municipio accederá a un esquema de financiamiento con las siguientes condiciones:
- Monto: $985.000.000.
- Plazo: 48 meses.
- Tasa: Fija del 35% anual (TNAV).
Con este movimiento legislativo, la resolución del conflicto queda ahora en manos del Concejo Deliberante, que deberá evaluar esta herramienta financiera como salida a una demanda histórica de la comunidad educativa local.
