La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof para blindar legalmente la operatoria de compra de vacunas por parte de la provincia, que de esa manera busca mejorar la perfomance para hacer frente a la segunda ola.
Tratada sobre tablas al no contar con despacho de comisiones, la iniciativa -que será debatida la semana próxima en el Senado- sufrió algunas modificaciones al proyecto original para llegar a un acuerdo con la oposición.
Por ello, más allá de los cuestionamientos que realizó la bancada de Juntos por el Cambio al plan de vacunación contra el coronavirus, dio su apoyo al proyecto enviado por el Gobernador.
La iniciativa faculta al Ejecutivo bonaerense, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.
Allí se estableció que el informe deberá ser cada 60 días y que la Comisión tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que éstas existan.
El proyecto de ley que motoriza el Ejecutivo bonaerense expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas.
Con ese propósito, se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.
Durante su exposición en el recinto, María Laura Ramirez (Frente de Todos)aseguró que “transitamos la campaña de vacunación más exitosa con más de 3,5 millones de vacunas aplicadas en la provincia de Buenos Aires”.
Precisó que con el proyecto “el Gobernador pide autorización para negociar con las reglas que impone el mercado internacional” y pidió a la oposición dejar “de mentir y caminar la calle para ver la esperanza de cada vecino cuando va a un centro de vacunación”.
“Para ustedes (señaló al referirse a la bancada de Juntos por el Cambio) ni la salud pública ni la educación eran una agenda en su gobierno”, graficó.
En tanto, Mario Giacobbe (Bloque 17 de Noviembre), consideró que la provincia de Buenos Aires “hace punta con su intención de comprar vacunas” y precisó que “esto marca la segunda etapa de la pandemia en la que las jurisdicciones provinciales tomarán esa postura”.
“Todos sabíamos que las vacunas iban a ser un bien escaso, como pasó con los insumos al principio de la pandemia”, dijo Giacobbe y resaltó que “los países grandes no es que se quedan con las vacunas, las fabrican y por eso primero vacunan a sus habitantes”.
La diputada de Juntos por el Cambio, María Alejandra Lorden aseguró que para su bloque “la salud de los argentinos es una prioridad” y si bien sostuvo que apoyaban el proyecto, dejó en claro que el espacio cuestiona la gestión del Gobierno nacional para adquirir vacunas.
