Derecho a la salud y a la alimentación: alcances y limitaciones en su implementación

El derecho a la salud y a la alimentación adecuada son dos derechos humanos fundamentales, reconocidos en la Constitución argentina y en diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país.

A través de la Ley N° 23.661, sancionada en diciembre de 1988, se creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud, cuyo objetivo es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

A su vez, 15 años después, la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional estableció que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva y que el Estado es responsable de garantizar el acceso a los alimentos necesarios para una vida saludable.

“Estos dos derechos están estrechamente vinculados, ya que una alimentación inadecuada puede tener efectos negativos en la salud de las personas, mientras que una buena alimentación puede contribuir a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida”, señaló el licenciado en Nutrición (MP 4543) Walter Banegas, matriculado en el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

Y agregó: “El Estado argentino ha implementado diversas políticas y programas para garantizar tanto el derecho a la salud como el derecho a la alimentación adecuada. Un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Asimismo, desde fines del 2019 se implementó a nivel nacional la Tarjeta AlimentAR, un programa de transferencia directa de ingresos orientado a que la población más postergada pueda acceder a la Canasta Básica de Alimentos. Por su parte, la provincia de Buenos Aires lleva adelante diversas iniciativas entre las que se destacan el Servicio Alimentario Escolar (SAE), el Programa Más Vida y el Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco (PAAC), entre otras.

Hace un año se reglamentó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que tiene como misión otorgar información clara y concreta a la población, regular la publicidad y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables y proteger los entornos escolares, promoviendo la salud de las infancias y adolescencias.

Según Banegas, “estos conceptos, leyes y programas son fundamentales para trazar un piso de derechos en la población, sobre todo a aquellos grupos o personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica”. Sin embargo, el nutricionista también advierte que “la actual situación inflacionaria de los últimos años en Argentina complejiza y opera de barrera para lograr el acceso a una alimentación adecuada, equilibrada y de calidad”.

En ese sentido, la fuerte alza de los precios que se viene desarrollando en los últimos meses y la caída del poder adquisitivo de los salarios profundiza el impacto en el acceso a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, en base a los hábitos de consumo de la población.

Según los últimos datos del INDEC, en febrero de 2023, la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 11,7%, mientras que la variación de la Canasta Básica Total (CBT) fue de 8,3%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron, respectivamente, del 115,1% y 111,3% en términos interanuales.

La situación económica que transita la Argentina es compleja y dificulta el acceso por parte de la población a una alimentación adecuada. Banegas recuerda el pensamiento del sanitarista Ramón Carrillo quien expresó: “Los problemas de la medicina, como rama del Estado, no podrán ser resueltos si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede existir una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”.

De esta manera, el Estado, en todos sus niveles, tiene un gran desafío por delante para poder efectivizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, equilibrada y de calidad.