El Plan Jurisdiccional, que fue aprobado este viernes por el Ministerio de Educación de la Nación y ya se comenzó a distribuir en los 135 distritos de la provincia, 24 de los cuales (entre ellos 25 de Mayo) están en condiciones de volver a las clases presenciales en dos etapas, establece que los horarios de ingreso y egreso a la escuela serán alternados para distintos grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas y se genere menor concentración de circulación en la vía pública.
En esta nueva rutina, para ingresar a la escuela, los trabajadores deben tener vigente el permiso de la aplicación Cuidar, mientras que el estudiantado debe llevar, en su cuaderno o carpeta, una Declaración Jurada firmada por la persona adulta responsable en la que deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir. Al ingreso se tomará la temperatura corporal, que debe ser como máximo de 37.4°.
La división de secciones de estudiantes se realizará en tantos subgrupos como sea necesario hasta cubrir el cumplimiento del distanciamiento prescripto por la autoridad sanitaria (2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula, entre estudiantes y a 2 metros de distancia del docente a cargo del curso), con un máximo de diez estudiantes por salón.
Durante la primera etapa del regreso seguro a las clases presenciales, la jornada tendrá noventa minutos de dictado de clase en forma continua, sin recreo. Los bloques de clases de las distintas secciones serán en horarios distintos, de modo que cohabiten la escuela en forma simultánea la menor cantidad de personas posible.
El mismo grupo de estudiantes tendrá un encuentro por semana y quienes cursen el último año de cada nivel tendrán tres encuentros semanales para abordar los denominados “contenidos prioritarios”, definidos por los docentes de cada grupo a partir de los lineamientos emanados de la cartera educativa. El Plan expresa claramente que el trabajo presencial debe integrarse con las tareas pedagógicas que continuarán realizándose de manera no presencial.
En la segunda etapa, se irá ampliando la cantidad de matrícula que comenzará a tener clases presenciales, según lo permita la situación epidemiológica. En esta instancia, las instituciones educativas pondrán en marcha diferentes modelos de presencialidad, conforme a las definiciones sanitarias y también, a las particularidades que presenta cada establecimiento educativo, por ejemplo, en relación a su infraestructura.
Con respecto a los hábitos de las y los estudiantes, el Plan indica sanitizar la mochila antes de salir de los hogares y al llegar a la escuela, dejarla fuera del aula mientras se encuentran en clase, higienizarse las manos en períodos máximos de 90 minutos y al manipular objetos; evitar compartir útiles, comidas y bebidas; como también el contacto físico.
Protocolos anexos para el funcionamiento escolar
El extenso documento del Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales contiene también protocolos anexos, algunos de los cuales comenzaron a implementarse desde el inicio de la pandemia, que regulan actividades específicas relacionadas con la cotidianidad de la vida escolar.
Uno de ellos, el Protocolo de Limpieza y Desinfección para Establecimientos Educativos en Contexto COVID-19, establece orientaciones para la realización de las tareas de limpieza, desinfección, secado y ventilación, identificando las diferentes superficies existentes en la escuela, la periodicidad de las tareas y la correcta utilización de los elementos disponibles, tanto para un resultado eficiente como para el cuidado de la salud de las y los trabajadores.
Cabe destacar que durante 2020, la DGCyE septuplicó los recursos destinados a limpieza con respecto al año anterior.
Otros anexos establecen el conjunto de medidas a tomar ante la presencia de un posible caso de COVID-19 en la escuela, la utilización de las bibliotecas escolares y las medidas de prevención requeridas para el transporte escolar, tanto en cuanto al acondicionamiento de los vehículos como al comportamiento de las y los pasajeros.
El Plan fue elaborado por la DGCyE y enriquecido a partir de un amplio trabajo de análisis y los aportes de las distintas asociaciones de representación gremial en los ámbitos de la Mesa de Cogestión (Artículo 9 de la Ley 10.579) y del Comité Mixto Jurisdiccional.
Su punto de partida es la situación epidemiológica actual y el conocimiento disponible hasta la fecha, por lo que su contenido podrá ser revisado ante los cambios que se produzcan en el contexto de la enfermedad o las nuevas evidencias sobre el comportamiento del COVID-19.
