La magistrada planteó que hay que dar una respuesta social desde el Estado a la infracción juvenil y que la incorporación al sistema penal debe ser el último recurso.
La diferencia entre ambos es mínima, aunque parece alta, cercana al 10%, la proporción de quienes aseguraron que no votarán a ninguno de los dos. Discrepancias por género, edad y educación de los votantes, entre los detalles más llamativos