CARBAP celebró la aprobación en Diputados del proyecto que busca penar el vandalismo rural

La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal y que impone penas de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en los campos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró el logró en la Cámara baja y destacó que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”.

En un comunicado, CARBAP afirmó: “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.

La confederación ruralista remarcó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.

Violación de domicilio rural

Continuó: “Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”. Porque “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.

“Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, cerró el mensaje de CARBAP.

En detalle

El proyecto sobre vandalismo rural fue aprobado en Diputados por 162 votos contra 77 y una abstención del diputado de Unión por la Patria Luis Basterra (precisamente, exministro de Agricultura nacional durante los primeros años del Gobierno de Alberto Fernández).

El dictamen de mayoría obtuvo varias modificaciones que fueron consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista, Ramiro Gutiérrez.

El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia, y Producción y Trabajo. En tanto, la iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda, e Independencia.

Establece que “será reprimido con prisión de un 1 mes a un 1 año, el que entrare en establecimiento rural, o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

El máximo de la pena se elevará a 2 años cuando “el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o ponga en un peligro concreto la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o de la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

También impone “prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para la persona que destruya de cualquier modo silobolsas, o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario”.

Mientras que la pena “se aumentará a 10 años si el delito es cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada, y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización”.