La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó este lunes la suma fija de $ 60.000 que dispuso ayer el Gobierno para compensar la escalada inflacionaria al considerarlo “una imposición del Estado”.
“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, señaló la entidad empresaria en un comunicado.
En ese sentido, la CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.
“En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, agregó la CAME en su comunicado.
Y agregó: “La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
Los detalles de la medida
La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dio detalles sobre la medida y explicó que las empresas a partir de 100 o 110 trabajadores, de acuerdo al sector, deberán asumir por sí solas el bono.
Además, advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización para ver si la medida se cumple. Asimismo dijo que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.
Olmos amplió los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, para contener el impacto de la devaluación en distintos sectores, como una suma fija y la posibilidad de acceder a créditos, o así también como también que habrá un bono para empleadas domésticas.
En cuanto a la suma fija para el sector privado, será de $ 60 mil divididos en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Le corresponderá a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta $ 400 mil pesos mensuales y el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Lo mismo rige para empleados públicos.
La Ministra también explicó cómo percibirán la suma fija los empleados públicos. “En el caso de los trabajadores del Estado también se ha establecido esta suma fija de $60.000 pesos a ser abonada en dos cuotas de $30.000 en los mismos términos que acabo de mencionar y, en tanto el empleador es el Estado es el que absorbe el esfuerzo”, explicó.
También dijo que esta suma fija será proporcional a la cantidad de horas trabajadas. “¿Que quiere decir? Un docente que trabaja una cantidad de horas en una escuela pública y otra cantidad en una escuela privada, para que no haya duplicación, la proporción de esta suma fija que debe abonar cada empleador es proporcional a la carga de trabajo que corresponde a cada uno de esos lugares”, ejemplificó.
En cuanto a cuándo debe hacerse el pago, dijo que en el caso del devengado de agosto a abonar en septiembre tiene que acreditarse dentro de los 15 días hábiles al inicio del mes, y aclaró: “Sabemos que en muchas empresas el proceso de liquidación de sueldos está en marcha o se ha realizado. En esos casos deberán hacerlo por la vía de un recibo complementario”. Sobre el devengado de septiembre, debe abonarse con los sueldos de ese mes, durante octubre.
Además, la ministra de Trabajo advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización para ver si la medida se cumple, mientras que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.
Al respecto del impacto de esta decisión en la paritaria y el aguinaldo, la funcionaria enfatizó en que todo se definirá entre trabajadores y empleadores. “La paritaria es libre, no podemos imponer una determinada decisión dentro de ese marco de negociación”, indicó.
Olmos también sostuvo que el Gobierno no tiene capacidad para obligar a las administraciones provinciales y municipales a que paguen la suma fija, pero remarcó que sí hubo una “invitación” de Massa a que lo hagan. “La realidad es que tanto las provincias como los municipios son autónomos, entonces no tenemos competencia para determinar los niveles salariales de sus trabajadores y trabajadoras”, explicó.
