La jueza María Eugenia Capuchetti decidió delegar la investigación sobre el atentado de Cristina Kirchner en el fiscal Carlos Rívolo. La resolución llega luego de la presentación judicial de los abogados de la vicepresidenta, quienes insisteron este miércoles ante la Sala I de Cámara Federal porteña en su pedido de recusación para apartar a la magistrada, a la que acusan de no tener voluntad para investigar el rol de las “terminales de la extrema derecha del PRO” en la instigación a cometer el magnicidio contra la presidenta del Senado.
Para resolver el planteo de la querella, fue sorteado el magistrado Leopoldo Bruglia, de la sala de Casación porteña. Se sospecha que el juez -señalado por integrar la Sala M- decidirá la recusación en los próximos días. Sin embargo, Capuchetti se adelantó a la resolución del camarista y decidió, ella sola, bajarse de la instrucción de la causa.
Las asesoras de Milman
Por otro lado, la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, tiene para resolver un planteo de la querella en relación a la decisión de la jueza de negarse a secuestrar los teléfonos de dos asesoras del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes estaban con el legislador en el bar Casablanca dos días antes del atentado, oportunidad en la que un testigo asegura haber escuchado a Millman decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.
Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y cinco años más tarde, en 2017, durante la gestión de Cambiemos, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Además, es dueña de Lux Estética y tiene otra empresa con María Mroue, la panelista del primer programa de Crónica TV donde entrevistaron por primera vez a Uliarte y Sabag Montiel.
Indagatorias, asociación ilícita y nuevas pruebas
En las últimas horas, los abogados de la vicepresidenta pidieron que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, detenidos y procesados por el intento de magnicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.
Además, solicitaron que se ordenen en carácter de “urgente” nuevas medidas de prueba en la causa por el atentado, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.
“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar para el que trabajaban quienes agredieron a la vicepresidenta.
En el escrito, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de sus interlocutores de confianza a quien le decía: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”.
En ese marco, requirieron que Carrizo pase de ser considerado partícipe secundario a “coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas”.
La querella también reclamó este martes que se investigue si hubo encuentros previos al ataque en su contra entre las personas que quisieron asesinarla y el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel encargó la tarea de contratarle un abogado defensor, Capuchetti”, concluyó. (DIB)