A través de un comunicado oficial, el abogado Diego Canullán respecto del “inminente cierre” de la Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo, que tiene a su cargo el doctor Carlos Brunelli, a partir de ser notificado por la Procuración General bonaerense, y reclamó un “compromiso transversal” al señalar que “lo que está en juego no es un interés sectorial, sino el acceso efectivo a la justicia y la presencia activa del Estado en nuestra ciudad”.
“Me dirijo a la comunidad de 25 de Mayo en mi carácter de abogado de la Asociación Civil Hogar de Niños y, a la vez, como ciudadano y profesional del derecho con ejercicio activo en esta ciudad, habiendo intervenido directamente en las negociaciones con el Ministerio Público Fiscal y contando con conocimiento pleno de la posición adoptada por el Municipio de 25 de Mayo, a fin de informar con precisión y objetividad una situación institucional que requiere atención urgente: la decisión de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires de cerrar la Ayudantía Fiscal con sede en nuestro distrito lo cual me fue comunicado telefónicamente durante la mañana del día de ayer”.
“Desde el año 2013, dicha oficina judicial funcionó en un inmueble propiedad de la Asociación Civil Hogar de Niños, alquilado por la Municipalidad de 25 de Mayo mediante contratos anuales, en el marco de un convenio de colaboración institucional con el Ministerio Público Fiscal. Este acuerdo, que garantizaba el funcionamiento de un servicio esencial para el acceso a la justicia local, fue rescindido por decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Decreto N° 934/2024, comunicado formalmente mediante carta documento de fecha 8 de octubre de 2024”.
“Cabe destacar que, a comienzos de este año, el Ministerio Público Fiscal abrió una licitación pública para el alquiler del inmueble, a la cual la Asociación Civil Hogar de Niños se presentó cumpliendo con todos los requisitos y documentación solicitada. Sin embargo, tras más de dos meses de negociaciones, y ante la falta de renovación del compromiso institucional por parte del Municipio, la Procuración General ha resuelto avanzar con el cierre definitivo de la Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo, al considerar que no se daban las condiciones necesarias para su continuidad operativa”.
“Debe señalarse, además, que desde el mes de enero de 2024 no se ha abonado el alquiler del inmueble, lo que también ha generado un perjuicio directo a la institución locadora. No obstante, el foco central de esta comunicación no es económico, sino la pérdida de una estructura judicial fundamental para la vida institucional del distrito”.
“La Ayudantía Fiscal cumple una función clave: garantiza el acceso rápido y cercano a la justicia, permite denunciar hechos de violencia o delitos sin necesidad de trasladarse a otras localidades, facilita la articulación con organismos administrativos y sociales, y protege derechos fundamentales de vecinos, niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores”.
“No se trata solo de un edificio. Se trata de una presencia concreta del Estado en el territorio, una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia, la convivencia democrática, la seguridad y la igualdad ante la ley”.
“En todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires —incluyendo ciudades vecinas como Saladillo— los gobiernos locales sostienen este tipo de acuerdos con el Ministerio Público como parte de una política pública que trasciende ideologías. Incluso dentro de nuestro propio Departamento Judicial Mercedes, desde antes que en 25 de Mayo, funcionan de manera estable Ayudantías Fiscales descentralizadas en las ciudades de 9 de Julio, Bragado y Chivilcoy, lo cual demuestra que el sostenimiento de estas estructuras no es una excepción, sino una regla general en el sistema judicial bonaerense. Que 25 de Mayo se aparte de ese esquema no solo nos aísla, sino que representa un retroceso institucional que afecta directamente a toda la comunidad”.
“En este contexto, sería fundamental que los distintos sectores institucionales, comunitarios, religiosos, académicos, gremiales, profesionales y políticos del distrito se convoquen y expresen activamente, generando un marco común de respaldo para evitar el cierre de la Ayudantía Fiscal. Lo que está en juego no es un interés sectorial, sino el acceso efectivo a la justicia y la presencia activa del Estado en nuestra ciudad”.
“Este debe ser un compromiso transversal, apartidario y basado en una visión compartida del interés público local”.
“Aclaro que esta nota constituye mi única intervención pública sobre el tema, ya que considero que quienes deben responder en adelante son las autoridades que poseen la responsabilidad institucional para hacerlo. He cumplido con mi deber profesional al poner en conocimiento esta situación, y estimo que el resto del diálogo debe sostenerse en los ámbitos correspondientes”.
“Esta comunicación tiene por finalidad dar a conocer hechos institucionales de carácter público que afectan directamente a la vida comunitaria de 25 de Mayo, en base al conocimiento adquirido a través de mi intervención profesional en el tema. El objetivo es que quienes tienen responsabilidad pública y herramientas concretas para actuar, lo hagan de forma inmediata, y se evite así el cierre de un servicio esencial para toda la comunidad”.
Hernán Diego Canullán – Abogado
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