En la última sesión, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó por mayoría una resolución iniciada por los bloques Acción Ciudadana, PRO y UCR, que pone el foco en la actividad de caza ilegal con perros, que deriva sistemáticamente en el ingreso no autorizado a propiedades privadas, rotura de alambrados y el hostigamiento a la hacienda local.
La concejal Josefina Biscione fundamentó la postura del oficialismo, calificando la situación como una violación flagrante del derecho de propiedad. “Estamos hablando de personas que entran sin autorización, corren la hacienda y rompen alambrados. Hemos mantenido reuniones con la Patrulla Rural y queda claro que, ante el marco actual, su capacidad de acción es limitada”, explicó.
Y señaló la falencia en la cadena de respuesta estatal: “Hoy, la Patrulla Rural eleva el acta ante el ingreso a una propiedad privada, pero no hay una respuesta operativa efectiva detrás. El productor rural está desamparado porque las actas se acumulan y los delitos de caza ilegal siguen ocurriendo como si nada”.
La postura frente a soluciones alternativas
Durante el debate, se escucharon propuestas del bloque peronista orientadas a la creación de caniles o convenios con ONGs como una vía para mitigar el problema. Ante esto, el interbloque oficialista mantuvo una postura firme y pragmática: el problema central no es el destino de los perros, sino la actividad delictiva de quienes los utilizan para ingresar ilegalmente a campos ajenos.
“No podemos reducir un delito rural a una cuestión de caniles o gestión de animales”, remarcaron desde el oficialismo. “La problemática exige que la Provincia de Buenos Aires, a través de sus Ministerios de Seguridad y Desarrollo Agrario, asuma su responsabilidad y dote de herramientas legales y operativas a la fuerza policial. Si no se actúa sobre quien rompe el alambrado e ingresa sin licencia de caza ni autorización, cualquier otra medida es apenas un paliativo que no resuelve el fondo del conflicto”.
La resolución aprobada busca que el Ejecutivo provincial entienda que la caza ilegal no es una “actividad recreativa”, sino un factor de riesgo para la producción y la seguridad de los vecinos que viven en la zona rural. “Nuestros productores necesitan trabajar tranquilos. El Estado no puede ser un espectador ante quienes actúan al margen de la ley. Esperamos que esta resolución sea el primer paso para que los ministerios provinciales bajen una línea clara y doten de verdadera capacidad de respuesta a nuestra policía”, concluyó Biscione.
