El Concejo Deliberante de 25 de Mayo sancionó esta noche la creación del programa municipal “Paremos la Pelota”. La ordenanza, que deroga una normativa anterior y establece un marco normativo claro para intervenir ante episodios de violencia física, verbal, simbólica o institucional en eventos deportivos, se consolida como una de las herramientas centrales de la gestión de Ramiro Egüen para recuperar la convivencia en las instituciones locales.
La aprobación se logró por mayoría, con el voto favorable del oficialismo y el interbloque peronista. Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza manifestó su oposición, argumentando cuestionamientos sobre la competencia local frente a las leyes provinciales vigentes y la operatividad del sistema sancionatorio.
El debate en el recinto
Durante la sesión, los bloques explicaron sus posturas. Desde el bloque oficialista de Acción Ciudadana, la concejal Mercedes Squillaci subrayó la trascendencia de la norma, resaltando que la misma fue construida de manera colectiva junto a la Liga Veinticinqueña, las instituciones deportivas y la propia Jueza de Faltas municipal, quien será la autoridad encargada de procesar las denuncias.
Squillaci hizo especial énfasis en la valentía política que requiere la medida, definiendo la iniciativa como un ejercicio de ser “políticamente incorrectos”: “El violento no va a estar contento con que se aplique esta ordenanza y con ser parte de un registro. Hoy tenemos una anomia absoluta y es necesario ponerle un freno”.
La edil no solo defendió el alcance punitivo de la norma, sino que también destacó la visión del intendente Ramiro Egüen, a quien reconoció por su decisión de abordar temas complejos en lugar de evitarlos. “Este Intendente busca trascender resolviendo cuestiones de fondo. Los políticos tenemos que empezar a dejar de lado la especulación sobre qué da más votos y ver cómo resolvemos los problemas reales de la gente; tenemos que ir hacia lo comunitariamente correcto”, sentenció.
Asimismo, al responder al interbloque peronista, Squillaci cuestionó que algunos sectores inicialmente se hubieran opuesto al proyecto, enfatizando que “peor es no hacer nada” y celebrando el apoyo que han manifestado las propias instituciones deportivas, que ven en esta ordenanza un respaldo necesario ante la violencia cotidiana. Cerró su alocución con una mirada a futuro: “Ojalá esta sea la herramienta definitiva para erradicar la violencia, y si en el camino observamos que necesitamos ajustar algún mecanismo, la revisaremos para que sea cada vez más efectiva”.
En representación del interbloque peronista, Javier Méndez fundamentó el acompañamiento en la necesidad de las instituciones de reducir los elevados costos diarios en seguridad, enfatizando que su postura responde a una solicitud de los dirigentes deportivos y no a las presiones del Ejecutivo. En la misma línea, sus pares Fernando Herraiz y María José Zarza expresaron su apoyo, aunque advirtieron que mantendrán una postura vigilante sobre la reglamentación y la implementación para evitar que la responsabilidad recaiga indebidamente sobre los clubes.
Por el oficialismo, también los concejales Daniel Boisserenc, Francisco Recalt, Guillermo Lance y Jorgelina Herrera coincidieron en la urgencia de contar con esta herramienta ante la actual “anomia” y los problemas recurrentes, especialmente en el fútbol. Lance, además, cuestionó la negativa de La Libertad Avanza, señalando que su bloque “cree que la Policía es la única solución a estos problemas”.
Los argumentos del rechazo
Desde el bloque de La Libertad Avanza, Dino Caronello y José Luis Guarch justificaron su voto negativo. Caronello puso el foco en la falta de respuestas técnicas durante el trabajo en comisión sobre quiénes labrarán las actas y cómo se estructurará la justicia local. Por su parte, Guarch fue más allá al advertir sobre los riesgos de “darle rienda a los poderes públicos para hacer justicia” en terrenos tan delicados, sugiriendo que la solución debería canalizarse a través del derecho de admisión privado.
Alcances del Programa
La nueva norma, que prevé sanciones desde multas hasta el arresto, incluye la creación del Registro Municipal de Personas Sancionadas por Violencia en el Deporte. Según detalló la concejal Herrera, la Justicia de Faltas será la autoridad competente y los inspectores municipales, debidamente capacitados, serán los encargados de labrar las actas de infracción.
Con esta sanción, 25 de Mayo pone en marcha un plan integral que busca, ante todo, revertir la espiral de violencia en las canchas. El desafío, según coincidieron varios ediles, será ahora la efectiva implementación de una herramienta que, en palabras del oficialismo, aspira a ser un antes y un después en la vida comunitaria y deportiva del distrito.
