El interbloque de concejales del peronismo de 25 de Mayo fijó este viernes una postura de confrontación directa contra la administración del intendente Ramiro Egüen. En conferencia de prensa brindada por Yamila Galdós Carrizo, María José Zarza y Javier Méndez, la oposición criticó el rumbo económico e institucional de la actual gestión municipal, en referencia “a los magros salarios de los trabajadores de carrera respecto de los beneficios extraordinarios que se ‘auto-otorga’ el gabinete”, indicaron, y “la falta de transparencia en la ejecución de fondos clave que ya audita el Tribunal de Cuentas provincial”, en cuanto a las observaciones de la Rendición de Cuentas 2024.
El posicionamiento de los ediles tuvo como detonante la liquidación de haberes del personal municipal en el día de la fecha, “donde los empleados percibieron apenas el 50% de las horas extras efectivamente trabajadas”, informaron. “Para nosotros es fundamental que los trabajadores cobren en tiempo y forma la totalidad de los haberes. Sabemos cuál es la situación por la que estamos pasando, mucho más aquellos agentes municipales que ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica”.
Para los concejales, esta restricción hacia los trabajadores de base “contrasta abiertamente con los millonarios recursos destinados a sostener el esquema de ingresos de los funcionarios de la gestión”.
Decretos bajo la lupa y privilegios para la planta política
Para graficar lo que consideraron un “doble estándar” en la asignación de recursos por parte del Ejecutivo, los concejales exhibieron una serie de decretos firmados por la administración de Egüen:
- Incrementos a funcionarios (Decreto 93/2026): Denunciaron que el Intendente modificó el cálculo de las remuneraciones de los cargos políticos, otorgando subas a los delegados municipales (como el de Norberto de la Riestra, que pasó a cobrar el 45% del básico del jefe comunal). Esto significó aumentos de entre 800 mil y un millón de pesos mensuales para cada funcionario en enero pasado.
- Subas de categorías (Decreto 984/2025): Señalaron que mediante la creación de subdirecciones que pasaron a rango de subsecretarías, se otorgaron mejoras remunerativas generalizadas a los miembros del gabinete.
- El veto a la Ordenanza Complementaria (Decreto 71/2026): Los ediles denunciaron que Egüen vetó un artículo clave de la ordenanza que excluía expresamente a los funcionarios políticos y concejales de percibir una bonificación del 30% del básico. Con este veto —que el Ejecutivo aún no envió al HCD para evitar debatir el costo político—, la planta política se autoincorporó al beneficio general.
- Gastos de representación: Cuestionaron que el intendente haya vetado el carácter “no remunerativo” de su 100% de aumento en gastos de representación. Al transformarlo en remunerativo, el beneficio impactará en las jubilaciones de los exintendentes, mientras que a los trabajadores activos se les otorgaron bonos en negro que excluyeron a los jubilados municipales.
Rendición de Cuentas: “Oscuridad” y el Fondo Educativo bajo sospecha
María José Zarza trasladó el conflicto al plano legislativo de cara al inminente tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025 en el HCD, y advirtió que “es inviable” evaluar los números actuales si el Ejecutivo no explica las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2024.
“El Municipio festejó en un renglón que la rendición 2024 fue aprobada, pero ocultó que las 280 hojas anteriores del fallo contienen observaciones gravísimas que siguen sin explicarse al día de la fecha”, fustigó. Entre las irregularidades más complejas, el peronismo destacó el destino del Fondo Educativo: “Por ley, el 40% debe ir a infraestructura escolar obligatoria. La gestión de Egüen recibió millonarios fondos de Provincia y ese dinero no está volcado en las escuelas; ni nosotros ni el Tribunal de Cuentas sabemos dónde se gastó”, señalaron desde el peronismo.
Asimismo, recordaron que el organismo provincial volvió a observar las irregularidades que motivaron la Comisión Investigadora, “tales como el cobro simultáneo de gastos de representación y viáticos por parte del Intendente, el desdoblamiento de montos en compras directas cada 15 días para evitar las licitaciones públicas, y anomalías en los pagos de la obra de la avenida 18”, apuntaron.
Déficit institucional y pedido de informes financieros
Finalmente, el interbloque denunció una constante obstaculización institucional por parte del Ejecutivo, afirmando que se les sigue negando el acceso al sistema RAFAM y que sufrieron trabas por parte del personal jerárquico al intentar fiscalizar las cajas municipales.
“Recibieron en diciembre de 2023 un Municipio totalmente saneado y sin deudas. En enero de 2024 decían que les sobraban 13 millones de pesos por día, pero terminaron el año con un déficit de 1.000 millones de pesos. Ahora pretenden expropiar el frigorífico Mayosol y piden endeudamientos constantes al HCD, cuando no cumplen con lo básico…”, concluyeron, anunciando que impulsarán la presentación de un pedido de informes financieros urgentes para la próxima sesión ordinaria.
