Por el ingeniero agrónomo Darío Sabini
Presidente Sociedad Rural 25 de Mayo
El decreto del día lunes 22 de septiembre, que duraría en principio hasta el 31 de octubre, dejó de tener vigencia en solo 3 días. Los operadores de granos y exportadores anotaron las declaraciones juradas por la suma requerida por el gobierno, 7.000 millones de dólares, con valores sin DEX (derechos de exportaciones) y con un periodo de tiempo de 12 meses para comprar y embarcar la mercadería registrada.
Vender con DEX cero (400 u$s/tn) y luego salir a comprar commodities con retenciones a un precio muy inferior (320 u$s/tn), es un buen negocio de los operadores de granos, para lo que cuentan con un esquema de gestión con muchos recursos para tomar un beneficio que lleva 23 años de descontar al productor una parte del precio de su producción. Así de simple. La Resolución genera un daño mayor a las empresas menores y afecta negativamente a las producciones más alejadas de los puertos de embarque, por mayores costos en zonas donde los rendimientos son más esquivos, se acercan al rendimiento de indiferencia y más expuestos a pérdidas económicas.
La Resolución presentó un negocio sobre la producción de cereales y oleaginosas para beneficio de los exportadores, pero nada para los verdaderos dueños de la producción, que no son otros que los productores, generando, además, desconfianza e incertidumbre en el medio rural.
El campo debe seguir buscando que los derechos de exportación desaparezcan, en forma planificada, sin desfinanciar al Estado Nacional, pero con la confianza suficiente para que el productor asuma mayores riesgos. Así obtendrán un mayor saldo exportable, generando ingresos al Estado y que se reemplacen a los DEX. Será todo un desafío del Estado Nacional comprender cómo es la producción agropecuaria y determinar políticas económicas con estabilidad y previsibilidad.
