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Los cananeos vivieron en el actual Líbano hace unos 4.000 años. Inventaron uno de los primeros alfabetos que se conocen, pero apenas hay referencias directas de ellos, probablemente porque los papiros en los que escribían no han sobrevivido al paso del tiempo. "Realmente no sabemos nada sobre ellos de fuentes directas porque todas fueron destruidas y lo poco que conocemos es a través de otras fuentes, como la Biblia", explica Chris Tyler-Smith, genetista del Instituto Sanger del Wellcome Trust, en Reino Unido.
Según el Antiguo Testamento, Dios mandó a sus fieles asesinar a todos los cananeos y el texto señala que sus ciudades fueron arrasadas. Pero las excavaciones arqueológicas en algunas de esas urbes muestran que estuvieron ocupadas de forma continuada durante la Edad de Bronce y la del Hierro, lo que parece descartar que fueran eliminados.
El equipo de Tyler-Smith ha analizado cinco cadáveres de cananeos enterrados en Sidón (Líbano), una de las principales ciudades cananeas, hace unos 3.600 años. Encontrar ADN en restos tan antiguos y en una zona tan cálida y húmeda habría sido una tarea casi imposible hasta hace apenas unos años.
El equipo ha recurrido a una técnica que ya permitió secuenciar el primer genoma antiguo de un africano: taladrar el hueso petroso, el más denso del cuerpo. Gracias a esta técnica se ha podido extraer suficiente ADN del hueso molido como para secuenciar el genoma completo de los cinco cananeos y compararlo con el de 99 libaneses actuales.
Los resultados del estudio -publicado en la revista de la Sociedad de Genética Humana de los Estados Unidos- indican que los cananeos no fueron aniquilados. Su ADN siguió transmitiéndose de generación en generación y hoy es predominante en todos los libaneses.
"Más del 90% del ADN de los libaneses actuales viene de aquella población", resalta Tyler-Smith, lo que es sorprendente debido a que el continuo paso de pueblos y civilizaciones por esta región del Mediterráneo a lo largo de los siglos debería haber diluido el parentesco directo con los cananeos. El estudio indica que los cananeos descendían de grupos de agricultores que se asentaron en Oriente Próximo durante el Neolítico y que hace unos 5.000 años se cruzaron con inmigrantes llegados del este de Eurasia.
El español Javier Prado, coautor del trabajo, ha analizado la funcionalidad de las variantes genéticas que los libaneses heredaron de los cananeos. "Al disponer de la totalidad del genoma en todos los individuos secuenciados pudimos comparar diferentes niveles de adaptación a la digestión de la lactosa, las variantes involucradas con selección en pigmentación en poblaciones no africanas y varias enfermedades con una prevalencia relevante en la región en poblaciones modernas", explica este genetista, quien anteriormente participó en investigaciones sobre la diversidad genética de los grandes simios así como el análisis del genoma del gorila albino Copito de Nieve en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. "Gracias a estas variantes hemos observado que hay una fuerte continuidad genética entre la población antigua y las modernas. Ambas poblaciones tienen pigmentación de la piel, ojos y pelo similares, aunque es probable que los cananeos tuvieran la piel más oscura ya que no poseen una variante en un gen, el SLC45A2, que es curiosamente el mismo que está relacionado con el albinismo de Copito", resalta el investigador, que actualmente trabaja en el instituto Sanger.
El trabajo resalta cómo el análisis de ADN antiguo puede ayudar a desvelar la historia de otros pueblos que no dejaron textos escritos. En este estudio solo se ha analizado ADN de habitantes actuales de Líbano, pero el equipo quiere ampliar el estudio. "Este linaje debe ser común entre toda la gente de Oriente Próximo y podemos estar bastante seguros de que su peso será similar en los habitantes de los países vecinos", comenta Tyler-Smith.

Por sobresalientes servicios a la libertad de prensa, el periodista uruguayo Claudio Paolillo, ex presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, recibió ayer en Montevideo (Uruguay) el "Premio de Honor" otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, institución que nuclea a 200 diarios, periódicos, revistas y medios digitales.
La ceremonia de entrega de la estatuilla se realizó en las instalaciones del semanario Búsqueda, y entre los asistentes al acto, se destacaron las presencias del presidente uruguayo Tabaré Vázquez; el expresidente de ese país José María Sanguinetti; el expresidente de la SIP Danilo Arbilla; el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza; y los directores de El País de Uruguay, Julia Rodríguez Larreta y Washington Beltrán.
"Su tarea ayudó a sensibilizar los mayores atropellos a la libertad de expresión en todo el continente americano, en particular en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Cuba", señaló el presidente de ADEPA Daniel Dessein antes de entregar de la distinción, haciendo además un repaso por la actividad profesional y académica de Paolillo, y destacando el rol fundamental que tuvo desde su cargo en la SIP.
Claudio Paolillo nació en 1960 en Montevideo. Desde 2010 es asesor académico y periodístico del semanario uruguayo Búsqueda, donde anteriormente se desempeñó como director. Además, da clases de periodismo en la Universidad ORT Uruguay y en la Universidad Católica del Uruguay. Hasta 2017 se desempeñó como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Durante su vasta trayectoria profesional fue columnista en diversos medios locales e internacionales, autor de los libros "Con los días contados" (2002) y "La cacería del caballero" (2004). En 2004 recibió el premio Morosoli, y en 2006 los premios Bartolomé Hidalgo y el Nacional de Literatura.
"En el caso de la Argentina -expresó Dessein- sus intervenciones, las declaraciones que promovió, las misiones que realizó y sus columnas de opinión, ayudaron a desmontar las falacias del kirchnerismo y sus intentos por someter las voces críticas". Además, el presidente de Adepa subrayó que el "Premio de Honor" a Paolillo "se dio por su trayectoria y en agradecimiento a su contribución con las libertades en nuestro país".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA Martín Etchevers, recalcó que la labor de Paolillo en la SIP fue todo lo contrario a un trabajo burocrático. "Se interiorizó permanentemente por los problemas de la región, y en la Argentina estuvo presente hablando con empresarios, periodistas, funcionarios y todas las voces, para tener una visión lo más amplia posible de los temas; para luego expresarse con valentía contra los abusos del poder", enfatizó.
Tras recibir el premio, Paolillo agradeció a ADEPA por la distinción y sostuvo la importancia fundamental de la defensa de la libertad de expresión en América Latina y en el mundo. "Cuando se ataca a la libertad de expresión, se está atacando a la propia naturaleza humana. Como decía el escritor Salman Rushdie: la libertad de expresión está íntimamente vinculada a la naturaleza humana, ya que el lenguaje es lo que distingue al ser humano y esa distinción implica la posibilidad de expresarse con libertad".

La Escuela Superior de Mecánica de la Armada, por donde más de 5.000 personas fueron encerradas, torturadas y asesinadas entre 1976 y 1983, será sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el edificio ya funciona el Museo de la Memoria, un archivo, un centro cultural y otra decena de espacios erigidos por el kirchnerismo para no olvidar a quienes murieron en sus sótanos.
El gobierno de Mauricio Macri ha decidido ahora dar un destino oficial a una construcción del complejo que aún está vacía, el mismo donde estaba la discoteca donde los oficiales se divertían con "las chicas", como llamaban a las detenidas que forzaban a participar de sus fiestas. Los organismos de Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, pusieron reparos al traslado, pero finalmente han consensuado los términos.
La ESMA se creo para ser la sede de un colegio técnico vinculado a la Armada, y funcionó así incluso cuando el casino de oficiales se había convertido en un centro clandestino de detención, al punto que algunos estudiantes fueron forzados a trabajar como custodios de los detenidos.
Allí la Marina coordinó el secuestro y la desaparición de miles de opositores hasta convertir el lugar en icono del terrorismo de Estado, con salas de tortura, celdas y unidades de "traslado", es decir, al paso previo a la muerte. La mayoría de las víctimas fueron arrojadas vivas al Río de la Plata desde el aire. Además, en la ESMA funcionaba una maternidad, donde nacieron 34 bebés de detenidas desaparecidas que luego fueron entregados a apropiadores.
Con el regreso a la democracia el edificio fue un problema. Siguió en manos de los militares mientras los tribunales condenaban a los jerarcas del régimen y avanzaban sobre los autores materiales de los crímenes. En 1998, Carlos Menem anunció que la ESMA sería demolida para construir en el lugar un parque. Pero supervivientes y familiares de desaparecidos se opusieron con el argumento de que se borrarían pruebas de eventuales investigaciones futuras. La Justicia les dio la razón y la ESMA siguió allí, silenciosa tras las rejas que bordean la avenida Libertador.
Con el kirchnerismo el edificio se convirtió en lo que es hoy: un sitio destinado a la memoria de la dictadura, bajo control estatal y de las organizaciones de Derechos Humanos. Trasformar un centro de torturas en un lugar de encuentro no fue fácil. "Siempre hubo muchas posiciones entre nosotros, desde aquellos que quisieron que la ESMA esté vacía para siempre hasta los que decían que había que trabajar en un espacio de transmisión de la memoria. Esa fue la opinión que finalmente predominó, aunque aún subsistan 80 variantes. Muchos fuimos cambiando de opinión en el camino", dijo Daniel Tarnopolsky, quien perdió en la ESMA a sus padres y a sus dos hermanos.
Macri ha decidido ahora que también funcione allí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que garantizará más recursos para mantenimiento. Unas 350 personas abandonarán la sede actual de la cartera, ubicada en el microcentro, entre ellas el ministro Germán Garavano, impulsor de la iniciativa. "Aspiramos a una puesta en valor de todo el predio. Tiene que ver con jerarquizar", dijo.
Las organizaciones de Derechos Humanos mantienen con Macri una relación tensa. Por eso el Gobierno necesita su aval si pretende concretar la mudanza sin conflictos. Desde el Ministerio de Justicia informaron de que ya se ha llegado al consenso y que el proyecto está en marcha.
Tarnopolsky, miembro del espacio Buena Memoria, no estuvo de acuerdo con la llegada de una oficina "dependiente de la política oficial del momento", pero aceptó la idea para honrar el acuerdo cerrado por el resto de las organizaciones. "El ministro nos dijo que no va a haber secretarias y subsecretarias, sino sólo ciertas dependencias consideradas blandas. Nos prometió además que no habrá manifestaciones de ningún tipo y los problemas sindicales estarán en otro lado", explica. En el fondo está la discusión sobre qué debe hacer un país con los sitios que ligan su presente con la muerte del pasado. Tarnopolsky lo tiene claro: "No debemos perder de vista que el objetivo es memoria, verdad y justicia. Y que la ESMA no debe ser un santuario o un cementerio".

Las exigencias del discurso han lavado una declaración contra Venezuela que prometía ser una de las más duras jamás acordadas por Mercosur. Los cancilleres adelantaron que habría un pedido expreso a Nicolás Maduro para que suspenda la elección de una Constituyente prevista para el 30 de julio, pero el texto final evitó cualquier mención al proceso y se perdió en generalidades. El tema ocupó buena parte de la reunión que el viernes mantuvieron en Mendoza los presidentes de nuestro país, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero al final Caracas se alzó con un triunfo inesperado.
"Los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México (…) exhortan al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales", dice la declaración final. Esa ha sido la mención más cercana a la Constituyente, aunque la cita puso a la oposición en pie de igualdad con el Gobierno. En otro apartado, Mercosur instó "al restablecimiento del orden constitucional", pero nada más que eso.
El texto fue inesperado, sobre todo porque en la previa la Argentina y Brasil habían anticipado que habría una condena firme a la situación en Venezuela, con menciones a una ruptura democrática y críticas directas al proceso constituyente que impulsa Maduro.
El presidente de Brasil Michel Temer, ahora a cargo de la presidencia pro tempore de Mercosur, dijo en su discurso ante sus pares que el bloque estaba dispuesto a "unir la voz con aquella de nuestros vecinos [la de los venezolanos] que reclaman la vuelta a la democracia", y adelantó que los cancilleres "reconocieron formalmente una ruptura del orden democrático en Venezuela". "Nuestro mensaje es claro: en nuestra región conquistamos la democracia con gran sacrificio, y no permitiremos retrocesos", dijo.
La Argentina también fue duro con Venezuela, en línea con el discurso que el presidente Mauricio Macri impuso a su cancillería. "Desde el Mercosur reiteramos el llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la implementación de un calendario electoral", dijo el viernes en su despedida de la presidencia del bloque. Horas antes, el vicecanciller Guillermo Raimundi adelantó que en la declaración final habría un pedido para que "Venezuela se abstenga de convocar a la elección de una Constituyente porque es un paso en la dirección no deseada".
Y el flamante canciller Jorge Faurie no dejó espacio para la duda: "La democracia en Venezuela no está funcionando. Todo está alterado. Está alterado el proceso eleccionario, está alterado el funcionamiento de la Asamblea Nacional, el del Supremo Tribunal, es decir que las instituciones no están funcionando. Y eso define que no hay democracia", dijo.
¿Qué sucedió entonces en la declaración final? Se sabe que los documentos finales deben satisfacer las demandas de los estados miembros. Desde que Macri y Temer coinciden en el Gobierno se unieron en la condena a Maduro. Paraguay lo tuvo claro antes, pero sin el apoyo de Argentina y Brasil poco pudo hacer. En un delicado equilibrio entre las exigencias de los socios y las demandas políticas internas quedó Uruguay. El izquierdista Frente Amplio del presidente Tabaré Vázquez nunca fue proclive a sanciones explícitas contra Caracas. Vázquez, de hecho, fue cuidadoso con sus palabras. En el arribo a Mendoza, el jueves por la noche, aclaró que su país respetaba "el derecho a la libre determinación de los pueblos y a la no injerencia de terceros países en cuestiones internas".
En ese momento sobrevoló la posibilidad de que Uruguay no estuviese de acuerdo con la dureza discursiva que desplegaron argentinos y brasileños. El secretario de Asuntos Estratégicos argentino Fulvio Pompeo admitió que su país hubiese preferido "un pronunciamiento mucho más duro".
Los presidentes del Mercosur no se reunían desde hace 18 meses. La última vez que lo hicieron en Paraguay, Macri llevaba días en el gobierno, Temer aún era el vicepresidente de Dilma Rousseff y Venezuela participaba de las discusiones del bloque como miembro pleno. Mucho ha cambiado desde entonces. Macri encontró en Temer un apoyo sin fisuras a la línea dura que impulsa contra Venezuela, al tiempo que, hace seis meses, Mercosur suspendió a Caracas como miembro pleno por sus retrasos en adecuar su legislación a las exigencias del bloque. Todo indicaba que estaban dadas las condiciones para una dura condena contra Venezuela.
En la rueda de prensa que cerró la cumbre, su par de Brasil Aloysio Nunes aclaró que el texto de la declaración sumó las firmas de todos los socios del bloque, además de Chile, México y Colombia. "En cuanto a la Constituyente hay una referencia a todos los procesos que puedan dividir a la sociedad y agravar los conflictos. Esa expresión alcanza a la Constituyente. ¿Qué es más positivo para la democracia en Venezuela? ¿Un comunicado en el que no todo se dice pero con la firma de todos los países o que no haya comunicado? Las frases están ahí y por eso firmé el documento", dijo Nunes. "Los países de Mercosur no están para convertirse en un ángel castigador", agregó. Faurie, aclaró que "las declaraciones con fruto de un consenso y ahí está la fuerza de lo que se puede decir. Cuando uno pide algo a alguien no es el mejor camino hacerlo como un ultimátum. No tomaremos ninguna medida que pueda afectar al pueblo venezolano. Lo que importa aquí es que Venezuela debe recuperar una democracia plena, hoy Venezuela no cumple con la democracia". Los venezolanos deberán esperar.

24 Jul

La reforma laboral

Publicado en Editorial

Atento a los reclamos de los empresarios, el presidente Mauricio Macri llamó públicamente a combatir "la mafia" de los abogados y jueces que cada día "dejan a mucha gente sin trabajo", apuntando contra las decenas de miles de causas que se tramitan cada año, más de 185.000 en 2016 sólo en la ciudad de Buenos Aires. La cifra fue un 20% más alta que en 2015 y más del doble que los juicios iniciados hace diez años.
Pero el fondo de la discusión es otro: un poderoso sistema sindical integrado por 6.400 gremios y leyes laborales heredadas del peronismo que los empresarios ven como el "origen de todos sus males". Y en este sentido, la aprobación en Brasil de un nuevo régimen laboral, mucho más restrictivo para los trabajadores, dio nuevo impulso al debate.
"Flexibilidad laboral" son dos malas palabras en nuestro país, porque atacan los cimientos de un sistema que trabajadores de todo el mundo consideran un ejemplo. La ley madre es el convenio colectivo aprobado en 1974, bajo un gobierno peronista. Dos años después fue cercenada en una tercera parte por los militares. Carlos Menem la limitó en los '90 cuando las teorías neoliberales exigían reducir los costos, y desde el 2003 el kirchnerismo emprendió el camino de la reconstrucción que revivió el espíritu de aquella ley de los años 70.
"En la Argentina envidiamos el sistema de trabajo en Brasil", dijo el abogado Héctor García, asesor de empresas en derecho laboral. "Hay objetivos comunes porque los dos, junto con México, tenemos problemas graves con los litigios laborales. Brasil tiene tres pleitos por cada diez trabajadores, la Argentina tiene dos por cada diez y México uno cada diez. El resto de la región aparece muy abajo. Chile, por ejemplo, tiene 0,25 juicios cada diez empleados", explicó.
No debe sorprender entonces el entusiasmo que despertó en Macri la reforma brasileña. El Gobierno no oculta que tiene el tema en agenda, pero tuvo que aclarar que los cambios que planea no afectarán a los trabajadores, según su lectura. "Lo vamos a hacer en base al consenso y al diálogo. No necesariamente implica una mayor vulnerabilidad del trabajador", dijo el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
"La reforma en Brasil es todo lo que necesita el país: descentralizar la negociación colectiva, una jornada con banco de horas sin habilitación adicional y reducir la litigiosidad laboral", opinó García. "La reforma en Brasil es tremenda", dijo en cambio Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas. "Permite que se negocie al menor nivel y por empresa, favoreciendo los convenios individuales. En la Argentina se puede negociar en forma individual pero sólo cuando el acuerdo mejora el convenio general, porque existe el principio de la norma más beneficiosa: si hay dudas se aplica la que favorece al trabajador".
Una ley como la brasileña es, además, un ataque a la verticalidad sindical argentina, basada en agrupaciones por actividad y no por empresa, grandes organizaciones capaces de plantar cara a las compañías más poderosas. Sin embargo, es un error pensar que esa es la foto que describe al sindicalismo argentino. "En nuestro país no hay 90 sindicatos", como se escuchó de boca de algunos empresarios brasileños durante las discusiones de la nueva ley, sino 6.400, ni son tan verticales como lo fueron en el pasado.
En este escenario se escuchó el reclamo de Macri, con dardos apuntando sobre todo contra las causas judiciales abiertas por accidentes, porque "son las que tienen más impacto sobre los costos del trabajo", dijo García. "El 70% de todos los juicios laborales que se inician son por accidentes y eso aumenta la prima de riesgo de las aseguradoras. Hay empresas que pagan hasta 20% de la nómina salarial a las ART, con el agravante de que los accidentes no están aumentando sino bajando, mientras los juicios crecen". La denuncia del Gobierno fue que una "mafia" integrada por médicos, abogados y jueces fraguan las pruebas de muchos trabajadores que en realidad no están en condiciones de litigar. A cambio se quedan con una jugosa porción de las indemnizaciones que consiguen.
Los abogados laboralistas rechazan de plano las acusaciones oficiales y dicen que las fábricas no cierran por culpa de los juicios sino de la crisis económica. "Cada vez que hay ataques a los abogados y se habla de industria del juicio es que están pensando cambios en la legislación laboral. Lo hizo Cristina Fernández y lo hace ahora Macri", dijo Cremonte. Así, las noticias que llegaron desde Brasil agitaron esos fantasmas.