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Desde el 2001, los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con protestas diarias que cortan calles, autopistas, trenes, metros. Los bombos, los petardos, incluso la quema de contenedores son frecuentes en Buenos Aires y a nadie sorprende. Y la policía lo permite porque en aquel entonces hubo 38 muertos y esa memoria está aún muy presente.
Pero una parte del electorado de Macri ha lanzado un mensaje claro: quieren que se liberen las calles. Y el Gobierno ha empezado a dar a la policía esa orden pero al primer problema ha tenido que rectificar rápidamente: las imágenes de los golpes de los antidisturbios a un grupo de maestros frente al Congreso este domingo causaron un fuerte impacto y el Ejecutivo se vio obligado a rectificar mientras los sindicatos de profesores convocaban un nuevo día de huelga, esta vez contra la represión.
El asunto de las medidas policiales contra las personas que cortan las calles en Buenos Aires es una cuestión tan delicada que está generando conflictos internos en el Gobierno. El Presidente ha dejado muy claro que está decidido a disolver esos cortes, y en esa línea le acompaña la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Otros, como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, prefieren ser más prudentes.
Las primeras pruebas de esa nueva política se vieron en la huelga general, el pasado jueves. Bullrich ordenó que no se permitiera ningún corte en las entradas de las autopistas y así se hizo. Esa decisión dejó algunas imágenes con camiones de agua y violentos choques que son normales en otros países pero estaban desterradas. Esa jugada salió bastante bien, no hubo que lamentar víctimas y el Gobierno recibió el aplauso de los suyos por haber sabido gestionar la situación.
Pero el domingo todo se complicó otra vez. Los maestros no cortaron en ningún momento el tráfico. Estaban tratando de instalar una gran carpa simbólica para dar clases y mostrar de esa manera su protesta contra la suba salarial que les ofrecen. Los profesores están empezando a perder la batalla y cada vez tienen más dificultades para resistir en este paro prolongado frente a Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, que ha decidido resistir el paro y estaba empezando a ganar la batalla.
La policía recibió la orden de no permitir que se instalara esa carpa porque no tenía los permisos en regla. Pero las imágenes de agentes golpeando a maestros han impactado incluso a fieles del macrismo. "Somos los maestros de sus hijos, no nos peguen", les gritaban a los policías mientras los empujaban. La “metida de pata” fue tan evidente que rápidamente la oposición, y en especial la ex presidenta Cristina Fernández lo utilizó contra el Ejecutivo.
Diego Santilli, número dos del Gobierno porteño, se apresuró a decir que la carpa será autorizada en cuanto se pida el permiso. "La policía actuó defensivamente. Los permisos van a ser otorgados, pero hay que hacer las cosas bien", sentenció.
Pero políticamente ya era un poco tarde. Los maestros, que veían su lucha languidecer, aprovecharon rápidamente para convocar una nueva jornada de huelga nacional para hoy en medio de una multitudinaria conferencia de prensa con los profesores que recibieron los golpes que terminó con cánticos peronistas en honor a los desaparecidos de la dictadura y con un espíritu de combate renovado.
"Nos dijeron que fuéramos creativos, que no hiciéramos paros, que buscáramos otra forma de protesta. Estábamos armando una escuela itinerante y nos reprimieron y golpearon", se quejó Sonia Alesso, de la Ctera.
En la Argentina todo cambia en horas y los maestros recuperan vigor cuando parecían perdidos. Y el delicado equilibrio de Mauricio Macri entre quienes le piden mano dura y los asesores que le recuerdan que en nuestro país pedir a la policía que accione es muy peligroso, ha quedado una vez más en un ensayo y error que nunca parece terminar.

"Quienes viven en este país no están seguros si son habitantes o sobrevivientes. Están los que viven, porque se levantan todos los días para ir al trabajo o a cobrar el subsidio por no hacer nada y llegan a la noche muertos por un infarto o un balazo y el de los que siguen en carrera, por esas concesiones que suele hacer la impaciencia de la muerte o porque están protegidos por el Estado, una categoría que puede agrupar a los funcionarios custodiados como a los presidiarios, tanto o más seguros que los primeros", decía Pedro Sánchez, exquisita pluma que colaboraba con La Mañana ya fallecido.
Tenemos los mismos problemas hace años, la inseguridad y la inflación, agravada por una "grieta" que muchos se empecinan en agigantar, y para la cual quien piensa distinto es enemigo y aun cuando tengan coincidencias en algunas cosas no lo admiten. Los que están en el medio, entonces, parecen obligados a callarse. Y está mal. Justamente quienes no son fanáticos de una ideología y apuestan al consenso y la convivencia son quienes mayor importancia tienen para generar una República organizada y respetuosa.
Con la inflación, que afortunadamente está deteniéndose, miles de argentinos no comen lo suficiente para sobrevivir, infantes padecen desnutrición y muchos no llegan a eso gracias a los comedores estatales o de instituciones.
Nadie duda que hay funcionarios correctos, policías decentes y jueces justos, pero pareciera que fuesen la minoría al lado de la columna que forman quienes son incorrectos, indecentes o libres de todo mal.
En esas condiciones, el Estado, que expresa a la sociedad políticamente organizada, tambalea. A consecuencia, millones de argentinos honestos han caído en la desorganización, se conforman con lo inorgánico o están destruidos por la indefensión.
El monopolio de la fuerza que es patrimonio inexcusable del Estado ha sido abandonado por el propio Estado y cedido a las bandas armadas que matan sin piedad. Recién ahora parece que eso cambiará, con el desalojo de la Panamericana durante la huelga del jueves cuando piqueteros buscaban interrumpir el tránsito, sin importarles si, como sucedió y por fortuna logró pasar, hay una ambulancia con un pequeño necesitado de una operación de urgencia.
La televisión mostraba en grandes ciudades a gente creando sus propios campos de concentración, "guardándose" en sus viviendas enrejadas. Es que como si la libertad fuese lo menos, cuando se trata de no poner en riesgo la vida.
Cada asesinado por la delincuencia es llorado por sus familiares y vecinos, pero nunca más allá. Cada vendedor de droga se hace rico y, si cae preso, no tardará demasiado en volver al negocio, cuando no lo hace desde atrás de las rejas.
La violencia y la crueldad han roto los sentimientos de solidaridad.
El sentimiento de pesar colectivo se ha perdido o lo consuelan los funcionarios que acuden al "lugar de los hechos", sean políticos o policiales prometiendo investigar un ilícito "hasta las últimas consecuencias", porque "no se descarta ninguna hipótesis".
Todo termina en la "conformidad" con vivir. Y en esa sociedad anestesiada es imposible que tengan espacio las investigaciones "hasta las últimas consecuencias" de quien sea.
Vale todo y pocos pagan. La ubre de la que se exprime la leche de la violencia y la corrupción parece inagotable, ni causa sabañones a quien la ordeña, porque inventaron las lociones que los evitan y las cirugías institucionales que los reparan.
Es cierto que sí, se puede, generar un país más justo, equitativo y respetuoso. Pero no se puede perder más tiempo e iniciar su construcción. Y de eso no son sólo responsables los gobernantes, sino todos.

08 Abr

Armas químicas

Publicado en Editorial

Lo ocurrido en Siria muestra el grado de intolerancia, la saña de quienes encuentran en la guerra una forma de vida y que tienen a buena parte del mundo con miedo. Si hasta en Suecia ayer el terromismo hizo de las suyas. Un camión se lanzó contra una multitud en el centro de Estocolmo, matando a personas.
De todos los ataques, el peor es el de las armas químicas. Apenas 0,5 mg de gas cloro o gas sarín podría terminar con la vida de una persona, y un proyectil de artillería puede llevar hasta 3 kg de este último. Algunos de los efectos en el organismo son ceguera, parálisis, obstrucción de las vías respiratorias, presión en el pecho y espasmos musculares y convulsiones.
Los ataques con gas nervioso son considerados por la ONU armas de destrucción masiva. Su producción y almacenamiento está prohibida desde 1997, y los países miembros de la ONU están obligados a eliminar los stocks de arma químicas.
El horror de la guerra quedó reflejado en Siria, en una sucesión de bombardeos que causó la muerte a casi un centenar de personas, en su mayoría mujeres y niños, lo que generó una enérgica repulsa mundial, la convocatoria urgente a una reunión de las Naciones Unidas, y además dejó en una posición comprometida al presidente Bachar Al Asad.
Pero las cifras facilitadas por organismos internacionales fiables incluyen numerosos niños aquejados de convulsiones y problemas respiratorios, en Jan Sheijun, una pequeña ciudad de la provincia de Idlib, de 75.000 habitantes, bastión de rebeldes y yihadistas en el noroeste de Siria.
Al parecer hubo al menos cuatro bombardeos químicos y uno posterior en el hospital donde eran asistidas víctimas y heridos.
Juan Carlos Farjado, en un informe enviado ayer a La Mañana, explicó que se trata del "segundo ataque químico más mortífero del conflicto en Siria", después del que causó más de 1.400 muertos en 2013. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria afirmó que la ONU quiere "identificar claramente las responsabilidades" y que los autores del ataque con armas químicas en Siria "rindan cuentas".
El gobierno sirio, que ratificó la Convención sobre la prohibición de armas químicas en 2013, descartó haber utilizado armamento químico, pero las acusaciones a Damasco por emplear este tipo de armas se suceden, y una investigación dirigida por la ONU señaló al régimen por haber realizado al menos tres ataques con gas cloro, en 2014 y 2015. Este "crimen horrible" recuerda al ataque de verano de 2013 cerca de Damasco, que la comunidad internacional "dejó impune", agregó, al advertir que "ponía en entredicho" el proceso de paz en el país.
El armamento químico se diferencia de las armas convencionales o armas nucleares porque sus efectos destructivos no se deben principalmente a una fuerza explosiva. Farjado apuntó que el uso ofensivo de organismos vivientes (como el Bacillus anthracis, agente responsable del carbunco) es generalmente caracterizado como arma biológica, más que como arma química; los productos tóxicos producidos por organismos vivos, p.ej., toxinas como la toxina botulínica, ricina o saxitoxina, son considerados armas químicas. Según la Convención sobre Armas Químicas de 1993, se considera arma química a cualquier sustancia química tóxica con la excepción de que sean utilizados con propósitos permitidos.
Las armas químicas están clasificadas como armas de destrucción masiva por las Organización de las Naciones Unidas y su producción y almacenamiento está proscrita por la citada convención.
Toda guerra es el reconocimiento del fallo en el diálogo, la cooperación y la solidaridad basada en la justicia y en la sobriedad compartidas que deben presidir las relaciones entre seres humanos.
Pero al acudir al armamento nuclear, a las armas químicas y a bombardeos indiscriminados promovidos por intereses espurios no hace presagiar más que terrorismos ciegos e invasiones incontroladas proliferen cuando ya no se tienen que perder más que las cadenas, la dignidad y la propia razón de ser de los humanos.

El largo recorrido de profesionales y familiares de enfermos en busca de la autorización del uso medicinal del cannabis, tuvo su premio al sancionarse la ley a nivel nacional el pasado 29 de marzo, que estableció "el marco regulatorio" para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
La provincia de Buenos Aires transitaría el mismo camino que ya desandaron diputados y senadores en el Congreso, y adherirá a la ley.
Por eso, la diputada Alejandra Lordén, presidenta de la Comisión de Salud, organizó el Foro Perspectivas para el uso terapéutico del cannabis en la Provincia, contando con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo, el Intendente de la Municipalidad de General Lamadrid, ongs y madres de niños con epilepsia.
Con la asistente entre otros de Ana María García Nicora, presidenta de CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina); Marcelo Morante, médico, investigador y profesor de la UNLP; Silvia Kochen, profesora de la UBA e investigadora del CONICET; integrantes de la organización Mamá Cultiva Argentina; y madres de niños con epilepsia refractaria, durante el foro se habló sobre los beneficios de la implementación en la Provincia de la legislación nacional recientemente aprobada en el Congreso y que establece un marco regulatorio.
Al abrir el encuentro, el vicegobernador Daniel Salvador, declaró que "gobernar es encontrar soluciones a la gente", por lo cual pidió "fortalecer el acompañamiento y el compromiso" con las familias de niños con enfermedades cuya cotidianidad puede ser favorecida con el aceite medicinal del cannabis.
Y el presidente de la Cámara baja, Manuel Mosca, destacó que con la articulación entre "el sector civil, la política y la ciencia se puede llegar a soluciones concretas" y resaltó la tarea llevada adelante por los padres y familiares de enfermos ya que sin la instalación del tema "no hubiéramos podido generar condiciones para la discusión" acerca del uso medicinal del cannabis.
La subsecretaria de Atención de la Salud de las Personas del Ministerio de Salud, Evelina Chapman, remarcó que según investigaciones realizadas por la Cartera sanitaria el aceite de cannabis puede ser beneficioso para casos de epilepsia, dolores oncológicos y alzheimer, entre otros. Adelantó que el Gobierno de la Provincia va a adherir a la ley nacional y bregó porque el conocimiento científico "sea una base sólida para la realización de proyectos" por parte del ejecutivo y del legislativo.
La diputada nacional del Socialismo, Gabriela Troiano, dijo que la legislación aprobada por el Congreso "es un camino que se abre aunque falta reglamentarla, que no es una cuestión sencilla," y destacó la actitud de "los actores políticos de llevar adelante este tema".
El intendente de General Lamadrid, Martín Randazzo, explicó que su municipio comenzó a ocuparse del uso medicinal del cannabis con un trabajo en equipo que se remonta al año 2014 y que está dispuesto a hacer el primer cultivo en su distrito. También solicitó que "los medicamentos estén al servicio de todos".
Saladillo y médica, Alejandra Lordén resaltó que la gobernadora María Eugenia Vidal "nos apuntala para que sigamos con los lineamientos y tengamos la adhesión a la legislación nacional"; y afirmó que desde la Comisión de Salud de la Cámara baja, "vamos a seguir trabajando por mejorar el sistema de salud en el ámbito bonaerense".

Santa Cruz, la joya política del kirchnerismo, está en bancarrota. La gobernadora Alicia Kirchner no tiene dinero para pagar los salarios de maestros, médicos y jueces; los sindicatos están en huelga y la caja vacía. La crisis viene de lejos, pero este lunes alcanzó un punto de difícil retorno cuando Kirchner debió encerrarse en la casa de Gobierno hasta las 4 de la mañana, la hora en que por fin se desarmó una ruidosa manifestación de docentes que rodeaba el edificio.
Bajo el amparo de la noche, la gobernadora pudo al fin salir del edificio y cruzar la calle que separa la casa de Gobierno con su residencia oficial. Horas antes había dado un mensaje con tono de catástrofe: "La provincia está en estado crítico", dijo.
La base del problema está en la cantidad de empleados públicos: uno de cada dos trabajadores de Santa Cruz trabaja en el Estado. Semejante nómina consume cada mes 62 millones de dólares del presupuesto provincial, a los que Kirchner debe sumar 35 millones de dólares para el pago de las jubilaciones.
La carga laboral del Estado y las pensiones ha paralizado cualquier gasto que no se destine a saldar esas cuentas, pese a lo cual la provincia prevé para este año un déficit de 432 millones de dólares. "Cualquier aumento de las erogaciones, gastos, inversiones sin una nueva fuente genuina de ingresos incrementaría el déficit", dijo Alicia Kirchner durante una rueda de prensa en la dibujó el mapa de las cuentas públicas.
La gobernadora insiste en que recibió de su antecesor una provincia quebrada, y que varios factores ajenos a su responsabilidad no han hecho más que agravar el problema. Citó por ejemplo que las regalías petroleras cayeron de 65 millones de dólares en 2015 a menos de 39 millones en 2017, producto de la caída del precio internacional del barril de crudo. También acusó al gobierno de Macri de reducir en un 86% la inversión en infraestructura en la provincia y de eliminar un reembolso que garantizaba la competitividad de los puertos patagónicos por considerarlo incompatible con las normas de la OMC, con un perjuicio para la provincia de 22 millones de dólares. En este escenario, la actividad económica de la provincia cayó 10% en 2016.
Kirchner ha intentado tapar los "agujeros negros" del presupuesto con pedidos de adelanto del dinero que la nación envía a las provincias en concepto de coparticipación federal. El Gobierno nacional asegura que ya ha girado a Santa Cruz 19 millones de dólares, y que sólo resta que Kirchner "se deje ayudar", dijo el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
Para el macrismo está claro: la provincia está en bancarrota porque los Kirchner la manejaron mal. Y si antes la sangre no llegó al río fue porque la Casa Rosada se ocupó de los salarios provinciales. "Así como encontramos un Estado desmantelado, quebrado a nivel nacional, también ocurrió lo mismo en Santa Cruz y llama la atención porque es una provincia que ha sido gobernada desde el retorno de la democracia por los mismos, hasta por la misma familia diría yo", dijo Frigerio.
La crisis que enfrenta Alicia Kirchner es económica, pero también política. La hermana del ex presidente ganó las elecciones en 2015 por la mínima, tiene el Legislativo local dividido y enfrenta ahora el enojo de los sindicatos de docentes, médicos y judiciales, todos ellos dependientes de los salarios estatales. "El panorama es negro. El gobierno dice todo el tiempo la plata debe llegar de Macri, pero aquí en Santa Cruz hay altos funcionarios que se hicieron millonarios y la provincia está estancada", dice Javier Fernández, secretario de finanzas de Adosac, el gremio docente que lidera las protestas contra Kirchner.
"Acá hubo años de presidencia de los Kirchner, pero no se notó en lo absoluto, porque lo único que hicieron fue contener la situación social manteniendo los sueldos al día, pero nada más", dijo. Por eso la gravedad de la crisis: sin salarios no hay gobernabilidad. Y Alicia Kirchner lo supo la noche en la que tuvo que pasar más de siete horas encerrada en su despacho, rodeada de manifestantes.