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El Contador municipal, Paolo Salinas, ratificó ayer a La Mañana que sólo él poseía las dos claves necesarias para llevar a cabo transferencias mediante el sistema informático. Y los pagos los efectúa el Tesorero Roberto Testa. Por tanto, está claro que el denunciado hackeo informático se realizó en el sistema de la Municipalidad o en el del Banco Provincia que, afirmó el intendente Hernán Ralinqueo, restituyó los fondos a la Comuna.
Se sabe que las transferencias comenzaron a la hora 21 del pasado domingo -no desde 25 de Mayo-, afectaron a todas las cuentas municipales y se hicieron a más de una veintena de cuentas, quince de personas físicas y las restantes jurídicas, por diferentes montos y principalmente a los bancos Ciudad, Nación y Francés. Se informó que, de no haberse detectado la irregularidad del Municipio, podrían haber obtenido de las cuentas «hasta 30 millones de pesos».
Lo concreto es que hay una investigación abierta, escasea la información oficial y continúan las conjeturas. Hay que esperar que dictamine la justicia, rogando que encuentre a los responsables. Desconfiar de algún sector en particular hoy es irresponsable.
En ese sentido, se equivocó el intendente Hernán Ralinqueo en declarar que «habría una conexión local» y aludir a probables «operaciones políticas de un sector de la oposición», pues no ha hecho más que sembrar dudas y permitir que se multipliquen las versiones, e incluso que dirigentes políticos o concejales salgan al cruce. Es que, al generalizar, son muchos quienes pueden considerarse alcanzados por las palabras del mandatario.
También ha sido un error del Gobierno municipal emparentar el hackeo de cuentas bancarias con el denunciado faltante de una computadora portátil en diciembre pasado. Es que aún cuando ese equipo tuviese información valiosa, de nada serviría para llevar a cabo transferencias. Dicen, además, que la notebook contenía la clave del Rafam, y si así fuera nada cambia. No sirve una clave de ese sistema para operatorias bancarias. Pero todo eso se deshace al confirmar el Contador municipal que sólo él conocía las claves, que las tenía memorizadas y en ningún lugar escritas.
Con todo, lo más prudente, desde la administración municipal y de todos los sectores políticos, sería no referir públicamente a versiones que sólo aportan confusión y aguardar que la investigación avance, accionando sí para que termine de desenrollarse el ovillo y se llegue a la punta de gestación y concreción del delito.
Es cierto que muchos se preguntan por qué las cuentas existentes en el Banco Provincia de la Municipalidad de 25 de Mayo. Pero nada indica que eso no haya sido casual, toda vez que los ciberataques no paran de crecer, tanto que según la ONG «Defendamos la República Argentina» este tipo de delito aumentó 30% este año, y quienes más lo han padecido son instituciones de carácter público, bancos y financieras. La cifra es contundente: los hackers se han llevado de forma ilícita unos 40 millones de pesos desde noviembre de 2015 a hoy, por lo que se instruyeron más de 400 causas.
«Los tribunales de Instrucción de la Nación, algunos federales con competencia ante el desfalco de organismos públicos y los provinciales, instruyen 440 causas que se iniciaron entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016, principalmente en base a la comisión del delito de estafa, inscripto en el Artículo 172 del Código Penal, que contempla hasta seis años de prisión», explicó Javier Miglino, titular de esa Organización No Gubernamental.
No es el primer caso el que toca a la Municipalidad de 25 de Mayo. Eso abona la necesidad de terminar de sembrar dudas y especulaciones, y esperar que la Justicia se expida con algo certero.

La preocupación del Papa Francisco por el creciente protagonismo del narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina escribe un nuevo capítulo.
Ya cuando era Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio fue un asiduo concurrente a los barrios más carenciados y siguió (y sigue) desde cerca el trabajo que algunos representantes del clero realizan con los consumidores problemáticos.
Su postura al llegar al Vaticano ha sido todavía más firme, asumiendo el combate contra las mafias que motorizan ese negocio y convocando a jueces federales de nuestro país para aunar el criterio en la lucha contra el crimen organizado.
En febrero del 2015 Francisco había dicho: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”. Este jueves, el religioso volvió a mostrar su preocupación y pidió investigar el papel de “los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio”.
El Sumo Pontífice pidió combatir el tráfico de drogas “con prevención plena y segura rehabilitación de sus víctimas” en un seminario sobre drogas organizado en el Vaticano, en el que reflexionó: “Pienso en mi patria: hace 30 años era un país de tránsito y ahora es un país de consumo y hasta algo de producción”.
“Es un proceso que se da gracias al compromiso mafioso de los responsables”, denunció Francisco, quien agregó en su discurso que “la prevención de la droga siempre se ve frenada por mil y un problemas, la ineptitud de un gobierno y casi no existen programas de prevención de drogas. Una vez que avanzó y se radicó en la sociedad es muy difícil”. El Papa señaló que “la droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a mucha gente en sus redes. Ellas son víctimas que han perdido su libertad a cambio de esta esclavitud de una dependencia que podríamos llamar química”.
En ese sentido, hace algunos días, el padre Pepe, de la pastoral social y muy cercano a Francisco, pidió que se declare la “emergencia nacional en adicciones” y se mostró a favor de la legalización del uso terapéutico del cannabis, aunque no su cultivo, algo que muchos entienden como el verdadero combate a por lo menos una de las actividades del narcotráfico. Parte de esa misión comenzó a materializarse este miércoles en el Congreso, con la media sanción que recibió el proyecto de ley para garantizar esa medicina a los pacientes.
El simposio organizado por la Pontificia Academia de Ciencias fue realizado en la casona de Pío IV, donde estuvieron presentes varias personalidades mundiales, entre las que se destaca la reina Silvia de Suecia. También se presentaron los jueces federales Daniel Rafecas, María Servini de Cubría, Zunilda Niremperger y Sergio Torres.
Se espera que Francisco reciba a solas a Rafecas (quien viajó junto a su mujer) antes de que el magistrado regrese a la Argentina.
El próximo 19 de diciembre, una Sala de la Corte de Casación debe decidir si nombra a un juez para que reabra el caso de la denuncia de Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, responsabilidad que Rafecas rechazó en dos ocasiones.

«Sólo el autocultivo y el cultivo solidario y cooperativo de cannabis con fines medicinales en manos de los usuarios garantizan la existencia de una red de salud pública que no depende de la industria farmacéutica y su concepción mercantilista de la medicina, apuntalando el derecho a la salud como bien social y humanitario», afirmaba el documento de la ONG «Mamá Cultiva» y otras 21 organizaciones de madres y padres de niños con diversas patologías reclamando el autocultivo y el cultivo cooperativo y solidario del cannabis (marihuana) medicinal. Tantas reuniones, presentaciones y debates dio sus frutos. Argentina decidió avanzar en un tema que generaba controversia pero no definiciones, al aprobar anteayer la cámara de Diputados nacional, con 221 sufragios positivos y ninguno negativo, el proyecto que fuera avalado por las comisiones de Salud y Seguridad Interior y que permite por ley la dosificación de aceite de cannabis a aquellos pacientes que se inscriban en un registro estatal.
La iniciativa autoriza al Estado Nacional a investigar la planta, importar y distribuir el aceite, pero no despenaliza el autocultivo, práctica entendida como la producción de la flor de la que se extrae el aceite en casa y que al día de hoy llevan adelante cientos de familias a lo largo de Argentina, aunque de manera clandestina.
Se trata sólo de un «período ventana» de importación hasta que el Estado esté en condiciones de producirlo, facultad que recaería en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La gran contradicción del oficialismo surge al considerar que el aceite de cannabis es una sustancia capaz de ser estandarizada. Valeria Salegh, presidente de Mamá Cultiva, destacó que «las moléculas aisladas no sirven para nada, necesitamos la planta completa».
La ley que ahora pasará por el Senado crea un programa de fomento para la actividad y habilita a la agencia de medicamentos (Anmat) para distribuir el aceite a los pacientes que justifiquen la necesidad de usarlo para padecer menos los ataques de determinadas enfermedades. También se prevé que el Ministerio de Salud cree un registro nacional de pacientes que requieran la utilización del insumo.
«Es una planta milenaria y con muchas propiedades y por fin el poder legislativo empieza a verlo de esta manera. No se reglamenta el autocultivo pero en el artículo 8 de la norma hay un registro que nos exime del artículo 5 de la ley de drogas (que otorga penas de cárcel a quien produzca marihuana). De alguna manera, generamos un paraguas legal para que nosotras sigamos con lo nuestro», dijo Salegh.
Países como Colombia, Chile y Uruguay ya cuentan con medidas que regulan el consumo de esta planta y ven en su uso una forma de medicina alternativa.
Durante las últimas semanas, varios famosos participaron de un video en el que apoyaron la iniciativa de Mamá Cultiva para permitir que las familias tengan sus propias plantas de marihuana. La ONG expresó que «somos usuarios responsables que lo único que queremos es cuidar a nuestros hijos. Teníamos hijos dopados, multimedicados y babeantes y con una gota de aceite hemos logrado que nos sonrían, nos miren a los ojos y conecten con nosotros. Eso es tocar el cielo con las manos y se lo deseamos a todas las madres del mundo», sentenció Salegh.

Emblema de la resistencia a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, la muerte de Carlos Fayt a los 98 años marca en el fin de una era en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.
En su cargo desde el 21 diciembre de 1983, once días después de la asunción del presidente Raúl Alfonsín tras siete años de dictadura militar, Fayt ejerció su cargo durante cinco presidencias democráticas, sin contar la sucesión de mandatos relámpagos que siguió a la crisis de 2001. Pero sus últimos años no fueron tranquilos.
Desde la Corte lideró la oposición a la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo y resistió las presiones oficiales para que abandonase el cargo por su avanzada edad. En su último acto como juez estampó su firma en la renuncia que presentó a Cristina Kirchner el mismo día en que Mauricio Macri asumió el poder, el 10 de diciembre del año pasado.
Fayt fue juez de la Corte Suprema durante más de tres décadas, un récord no superado por ninguno de sus colegas. La reforma constitucional de 1995 estableció que los integrantes del máximo tribunal deben abandonar su cargo a los 75 años, pero como Fayt ya se encontraba en funciones quedó a salvo del límite legal.
Su salud permitió luego que ejerciese hasta los 97 años, aunque parte de su jubilación tardía debe atribuirse a la batalla que mantuvo contra el kirchnerismo.
“Me iré cuando quiera y no cuando ellos me manden”, dijo alguna vez Fayt, y así lo hizo. Esperó hasta el último día de mandato de Cristina Fernández. Antes había liderado la oposición a una reforma judicial que, decía, le quitaba independencia a uno de los poderes del Estado.
El kirchnerismo intentó desplazarlo con el argumento de que su edad no era acorde a sus responsabilidades y desde el Congreso intentó someterlo a una prueba psicofísica. La idea del oficialismo fue lograr una vacante en la Corte que le permitiese reacomodar la relación de fuerzas dentro del tribunal, sobre todo porque su presidente, Ricardo Lorenzetti, era un abierto opositor.
Fayt eligió como tribuna de defensa los medios de comunicación, donde se mostraba lúcido para un hombre cercano a los 100 años, y alargó su retiro para que coincidiese con el de Cristina Fernández. Su muerte, como era de esperar, ha tenido un alto impacto.
“Pasó por los momentos más difíciles con una gran entereza (…) Siempre que el sufrió presiones las hablaba con nosotros, eso no le influyó, siempre él decidió con equilibrio; incluso el día que decidió irse de la Corte lo habló con nosotros”, dijo Lorenzetti, en nombre de todos sus pares.
En el momento más crítico de su guerra contra la Casa Rosada, Fayt se convirtió en líder silencioso de los antikirchneristas, que vieron en su figura un foco de resistencia honorable. La diputada Elisa Carrió, una de las principales aliadas de Macri, lideró en su momento la defensa mediática del magistrado.
“A Fayt lo quieren matar por estrés. Lo quieren matar porque es un acoso moral”, dijo entonces Carrió. Hoy, desde su cuenta en Twitter, la legisladora despidió «a un hombre digno, lúcido y maestro del derecho”. También lo recordó el presidente Macri.
“Respeto y agradecimiento a Carlos Fayt. Fue un hombre comprometido hasta el último día de su vida con la Justicia. Su tarea en la Corte Suprema terminó siendo fundamental para nuestra democracia. Todos los argentinos tenemos que estarle agradecidos”, escribió en Facebook.
Ayer, el juez Fayt fue despedido de forma íntima por sus familiares, a contracara del impacto político que ha tenido su figura.

Escribíamos ayer en esta columna la decisión el Papa Francisco de instruir a los sacerdotes a “perdonar” el aborto, sin que ello implique obviamente apoyarlo.
En Argentina la práctica es ilegal, excepto en el caso de una violación o si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Aún así, cada año se practican medio millón de abortos. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo fuera de los supuestos legales se enfrentan a un proceso penal, pero incluso las que tienen reconocido el derecho por un fallo de la Corte Suprema deben superar numerosos obstáculos, como la falta de información, ausencia de protocolos y la obje-ción de conciencia de los médicos.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, estuvo en Buenos Aires y advirtió que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una violación de los derechos humanos y contribuye a la “alta tasa de mortalidad materna en el país. Por eso, pidió al gobierno hacer cumplir el protocolo existente e impulse una ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Instó a que se facilite el acceso de las mujeres “a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto”. Es que, según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo, que es la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Atenta a esa realidad, Simonovic recomendó al Ministerio de Salud difundir información sobre los hospitales que practican abortos legales y exi-ja “una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado como una tortura”.
La experta de Naciones Unidas hizo también un repa-so por otras formas de violencia ejercidas contra las mujeres en Argentina y criticó la falta de implementación de las normas nacionales e internacionales y las diferencias que existen entre provincias. Aunque elogió la aprobación de un plan para la erradicación de la violencia contra la mujer, que entrará en vigor en 2017, dijo que es necesario aumentar el número de refugios para víctimas, capacitar a jueces y policías y garantizar que los agresores no violan las órdenes de restricción.
A su juicio, la pobreza influye de manera muy negativa en las oportunidades de las mujeres para hacer frente a la violencia machista. En Argentina, donde una de cada tres personas está bajo el umbral de la pobreza, las mujeres con menos recursos que padecen maltrato “tienen obstáculos adicionales para acceder a la Justicia y a un refugio inmediato”. Por eso, alentó la aprobación de una ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, que espera que se cumpla.
Expresó también su preocupación sobre los delitos sexuales, que en Argentina no pueden juzgarse de oficio sino solo a petición de la víctima: “Este tipo de dis-posición envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública”.