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28 Nov

Cambios esperados

Publicado en Editorial

El oficialismo bonaerense buscará esta semana acelerar el tratamiento legislativo de un proyecto para que los diputados y senadores bonaerenses queden obligados a presentar y hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes, al tiempo que define una estrategia para avanzar con un pedido directo del presidente Mauricio Macri, hasta ahora postergado: los cambios a la ley de ART.
La inclusión de los legisladores en el régimen que transparenta su patrimonio fue anunciada semanas atrás, en el mismo momento en que se dejó trascender una modificación al esquema de financiamiento del Parlamento -su presupuesto pasó del 1,5 al 1,2 del total del presupuesto provincial- para ahorrar unos 2.500 millones de pesos mediante, lo que ya fue respaldado por todas las bancadas y es ley.
Ahora, en Diputados buscarán avanzar con el proyecto el jueves, en lo que será la última sesión con la actual confirmación. La intención de Cambiemos es tratar un articulado que hace obligatoria la presentación de las declaraciones de los legisladores y también de los funcionarios (secretarios y directores), que hasta ahora estaban eximidos.
Ese objetivo, sin embargo, enfrenta un escollo de última hora. Desde el Frente Renovador están planteando objeciones al tratamiento acelerado. Proponen otro formato, con la creación de un código de ética más integral para los legisladores, que amplía las exigencias, al punto de impedirles nombrar familiares en sus equipos de asesores. Una buena idea, que debería tenerse en cuenta, porque de todas las posturas seguramente saldrá la mejor.
En ese contexto, el presidente de la cámara Baja, Manuel Mosca, tiene previsto un golpe de efecto: presentará su propia declaración ante la Secretaría Administrativa del cuerpo, que además quedará disponible en la web oficial de diputados, una de las herramientas de publicidad de estos documentos que prevé el proyecto.
Al mismo tiempo, Senadores sesionará el mismo día, pero no tiene previsto tratar proyecto de ley.
El intento de acelerar los tiempos con este proyecto va en paralelo con la intención del gobierno de que comiencen a publicarse las declaraciones de los funcionarios del Ejecutivo que no la presentaron, ya que están vencidos los tiempos para hacerlo. Se trata del segundo año en que rige esta obligación, que Vidal amplió hace unos meses a quien desempeñan sus cargos en forma transitoria.
En el Senado, en cambio, las novedades son esperadas para después del recambio legislativo. Es que en esa cámara el vicegobernador Daniel Salvador tiene planeado convocar a una sesión extraordinaria para intentar aprobar, a mediados de diciembre el proyecto que introduce cambios en el régimen de ART.
Esa iniciativa no pudo ser aprobada en comisión debido a la resistencia de la oposición.
Ahora, la intención es tratarla directamente en el recinto con la nueva conformación del cuerpo, que tendrá 29 representantes de Cambiemos y 17 de la oposición, lo que permitiría a avanzar en su sanción.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número de personas mayores de 60 años en el mundo pasará de 600 millones en el 2000, a 1.200 millones en el 2025, y a casi 2.000 millones en 2050. Durante esos 50 años se espera que la proporción de personas de 60 años y más se duplique en el mundo. En Argentina, a juzgar por estadísticas del Indec, más de 4 millones de personas son mayores a 65 años, lo que representa al 10.5% de la población. Se espera que para el 2030 sea del 13.6% y continúe creciendo hasta llegar al 19% en el 2050, es decir que 1 de cada 5 personas será un adulto mayor. De esta manera, cuando hablamos de envejecimiento poblacional no se trata únicamente de un aumento en términos absolutos de la cantidad de personas mayores, sino también de un aumento en el peso relativo de esas personas mayores con relación al total de la población.
Para 2050, el porcentaje de crecimiento de este grupo etario será en Argentina de un 89% en comparación con Italia que crecerá 49% y un 225% para Brasil.
El acelerado fenómeno del envejecimiento como proceso del cambio poblacional es único, al que nunca antes se había enfrentado la humanidad. Hasta el momento prácticamente en ningún país, incluidos muchos de los desarrollados, existen enfoques integrales de respuesta a dicho fenómeno y que la situación se agrava en América Latina debido a la carencia de recursos.
Patricio Martínez, presidente de la Fundación de Estudios para la Salud y Seguridad Social, explicó en un informe en Perfil que existen varios factores que inciden directamente en esta tendencia y que afectan el volumen total de la población y su estructura por edades: la ampliación en la esperanza de vida, la caída de la tasa de natalidad, la disminución de enfermedades infecciosas, los adelantos científicos y los avances tecnológicos en diagnósticos y tratamientos, la medicina defensiva y desarrollo de nuevas drogas.
Por eso es necesario repensar las políticas públicas no solo en materia de salud, sino de vivienda, esparcimiento y seguridad social para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Una población longeva produce una mayor demanda en el gasto público y privado del sector sanitario, debido a que son sujetos propensos a sufrir enfermedades y discapacidades.
A la hora de proyectar un sistema de salud argentino que pueda afrontar los altos costos de asistencia y prevención en salud para la tercera edad se deberá tener en cuenta que el fenómeno de envejecimiento provocará una reducción de la población trabajadora, que resultará en una caída del crecimiento económico y generará dificultades de financiamiento dentro del sistema de seguridad social.
En relación a esto y según un estudio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), actualmente Argentina utiliza aproximadamente 1.200 dólares per cápita por año en el financiamiento de su salud, ubicándose entre las naciones de mayores desembolsos sectoriales dentro del grupo de países de ingreso medio.
Específicamente para el extracto más anciano, el sistema de aseguramiento en salud del país se garantiza a través de la cobertura del adulto mayor: "PAMI desde su fundación se ha convertido en la obra social más grande que tiene Latinoamérica. Además tiene una característica muy particular, que es la combinación entre la prestación de salud y la acción social", remarcó su director ejecutivo, Sergio Cassinotti. Hoy en día, el PAMI ocupa el 12% del total de recursos sanitarios del país brindándole cobertura al 82% de las personas mayores de 64 años, y a más del 96% de las personas mayores de 79.
En la actualidad, la tecnología aplicada en salud refuerza los derechos humanos fundamentales mejorando la equidad, la solidaridad, la calidad de vida y la calidad en la atención. No obstante, explicó Martínez, "hay una gran desigualdad en el acceso a tratamientos indispensables. El desarrollo que ha tenido la tecnología y el conocimiento en estos últimos 17 años es exponencial, pero solo sirve si podemos ponerlo al alcance de las personas. Por ello en los próximos 10 años se deberá aumentar la inversión en salud para asegurar la accesibilidad a nuevos tratamientos".

24 Nov

Paridad de Género

Publicado en Editorial

La Cámara de Diputados nacional convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que promueve la implementación del principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales. En las elecciones de renovación parlamentaria del 2019 la representación femenina subirá del 33 al 50 por ciento.
Por 165 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, en la madrugada de ayer se avaló la norma de autoría de la senadora nacional Marina Riofrío, que había sido aprobada en la Cámara alta el 19 de octubre del año pasado y esperaba desde entonces, con diversas propuestas complementarias y alternativas, su tratamiento en Diputados.
Contando con esa media sanción, así como con los dictámenes provenientes de las comisiones de la Cámara baja, el proyecto fue propuesto para su tratamiento por la legisladora nacional Victoria Donda (Libres del Sur), quien solicitó que sea incluido sobre tablas en la sesión del miércoles, recibiendo el apoyo de la amplia mayoría de los integrantes de los bloques.
Según el censo de 2010, en Argentina hay un 53 por ciento de mujeres, pero la representación en el parlamento nacional está muy lejos de esa cifra: en la Cámara de Diputados hay 98 legisladoras de un total de 257, es decir, un 38 por ciento, mientras que son 30 las senadoras nacionales sobre un total de 72, es decir, un 41 por ciento.
Hasta ahora, la ley de cupo permitía que se puedan conformar listas con hasta el 70 por ciento de personas del mismo género, pero la flamante le plantea que no puede haber más del 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento de varones.
La realidad es que no estaba bien la existencia de un cupo para que las mujeres accedieran a cargos legislativos. Pero, ¿es "justicia" disponer que se dividan la mitad de los cargos?
Quizá debería ocurrir es que fuese libre la cantidad de legisladores a elegir de ambos sexos, porque hace tiempo la discriminación en los partidos políticos no existe, ni en el gobierno, tanto que son muchas más mujeres que ocupan cargos relevantes, e incluso hay Departamentos Ejecutivos donde el sexo femenino prevalece.
Quitar el cupo era necesario. Fijar un 50% habla de más derechos a las mujeres, que lo merecen, pero "obliga" a disponer en las listas uno y uno, cuando hay casos que merecen ir en los tres primeros lugares hombres o mujeres.
Lo que en realidad debería ocurrir es que las fuerzas políticas eligiesen a sus dirigentes más capacitados y se terminaran las listas sábanas con desconocidos, para que la ciudadanía elija entre los mejores, sin importar su es hombre o mujer. Esa es una discusión que sigue sin darse.

La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por mercadería agropecuaria en octubre "se multiplicó 6 veces" respecto de lo que recibió el productor en el campo, reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El índice Indice de Precios de Origen y Destino (IPOD) de esa entidad se disparó 21,9% el mes pasado con respecto septiembre, y dejó la brecha en su mayor nivel desde enero de 2016.
El deterioro estuvo liderado por el zapallito que registró una fuerte baja en el valor pagado al productor. La brecha se duplicó con creces -a 7,65 en octubre desde 3,07 en septiembre-, ya que su precio de origen sufrió un desplome que no fue acompañado por el valor en góndola. También registraron alzas grandes las brechas del Pimiento y el Brócoli, a 6,44 veces y 7,25 veces, respectivamente.
En tanto, en la canasta ganadera relevada (huevo, carne de pollo, carne de novillito, leche y carne de cerdo), el IPOD bajó a 3,86 en octubre desde 4,07 en septiembre". La caída fue impulsada por una mejora en la brecha de la Carne de Cerdo, dado que su valor al productor registró un alza, pero su precio al consumidor retrocedió.
En medio de esa polémica asumió ayer el nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y uno de los principales desafíos que tendrá será reducir la brecha entre lo que cobran los productores agropecuarios y lo que pagan los consumidores en las góndolas de los supermercados.
La coyuntura no es sencilla en función del crecimiento de la inflación en los últimos meses y de que los productores históricamente reclamaron tener al menos un 33% de participación en la cadena, lo que significan 8 puntos más que ahora.
Entre vario casos tomados por la CAME, en la zanahoria, por ejemplo, el precio de origen en octubre fue de 3 pesos por kilo, mientras que en las cadenas de supermercados y verdulerías se encontró a un valor promedio de 16,20 por kilo, con una diferencia del 440% o de 5,40 veces.
La cebolla costó 12,40 pesos por kilo y al productor se le pagó 3,80, y los productores de acelga cobraron 9,50 y los consumidores la abonaron 23,60.
Uno de los productos con mayor diferencia de precios en julio entre origen y destino fue la pera. En este caso los consumidores pagaron en octubre un precio medio de 32,70 pesos por kilo y los productores cobraron solo 3,80, lo que implica una diferencia de 754%.
Uno de los casos más paradigmáticos por la importancia en la canasta básica de alimentos es la leche. El pasado mes los tamberos cobraron 5,70 el litro y en góndola se pagó 27,60, una diferencia del 384%.
El estudio midió también los distintos tipos de carne. En el pollo el productor recibió 14,50 por kilo y los supermercados lo vendieron a 42,10 por kilo, mientras que el kilo de novillito costó para los consumidores 139 y los productores cobraron 33,20. En el caso del cerdo la diferencia entre el valor en origen y el precio en góndola fue de 638%: se vendió al público en 185 por kilo, y los chancheros cobraron 25,10.
Como siempre, perjudicados productores y consumidores. Un problema añejo que debe revertirse con celeridad.

El Presupuesto 2018, que autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta en 58.890 millones de pesos, abrió el debate sobre la efectividad de la estrategia económica para enfrentar el déficit financiero. La cifra viene creciendo a ritmo constante desde 2015, y la incidencia cada vez mayor en los gastos se vuelve inevitable. Parte de los fondos de la deuda que se contraerá el próximo año estará destinada a "afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas". Además, el Ejecutivo "podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", explicó un informe publicado por la revista La Tecla.
En medio de la discusión, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) lanzó un informe que encendió la alarma, al explicaron que sin los aportes de Nación el déficit de la Provincia sería mayor que 80 mil millones para 2018.
"Si se descuentan los Aportes del Tesoro Nacional, crece casi 25% respecto al del 2017", indicaron, y remarcaron que el crecimiento del stock de deuda lleva 44,5% desde junio de 2016 a la fecha.
La UNDAV señaló que el endeudamiento disparó la proyección de pago de intereses a $ 113.000 millones para 2017, "un 77% más que lo inicialmente proyectado". Y sostuvo que el crecimiento continuará en 2018, para situarse en un 21.7% más. En moneda extranjera, la deuda es US$ 5.000 millones superior a la de 2015.
El analista político Artemio López, dijo a la revista especializada en gobierno y política que "el cruce de un par de datos fuertes revela cómo marchan las cuentas públicas y el perfil que éstas han tomado".
"Golpe tras golpe, el Gobierno ha bajado verticalmente el gasto en subsidios: 18% nominal o 34% real, descontada la inflación, sólo durante los primeros nueve meses del año. Y también de golpe en golpe ha subido 77% o 41% real el costo de los intereses de la deuda. Esto es la herramienta que financia el déficit fiscal sin apelar a un ajuste mayor. Shock a un lado y gradualismo al otro. Ambas piezas del arsenal han generado una extraña paradoja: lo que se ahorra en subsidios se gasta en intereses, y en magnitudes ya poco menos que idénticas".
Para estos nueve meses, las cifras son 144.922 millones de pesos, contra 148.600 millones.
Se evalúan como una alternativa para salir del déficit sin endeudarse reducir las erogaciones improductivas, el gasto burocrático. Efectivizar los recursos, sobre todo en lo que se llama "el gasto de la política", es la forma de reducir el déficit en lo inmediato. Algo se ha hecho reduciendo el presupuesto de la Legislatura e incluso lo que se prevé en el Ejecutivo bonaerense, atiborrado de empleados. Falta mucho más. Y al mismo tiempo, lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos, porque seguir endeudándose es un coctel explosivo a mediano plazo.