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25 Oct

Tiempo de reformas

Publicado en Editorial

Al tiempo que el nivel de actividad económica mostró, durante el mes de agosto, un crecimiento interanual de 4,3 por ciento, impulsado por la industria, el comercio y la construcción, el presidente Mauricio Macri ya le puso fecha a la gran cumbre para consensuar reformas clave, que será el lunes al mediodía en el Centro Cultural Kirchner.
La cita fue programa en la misma jornada en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que se registraron seis meses seguidos de crecimiento económico, luego de la caída del 2,1 por ciento de febrero último.
Al dar a conocer los nuevos datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica, el organismo precisó que en agosto se registró una suba de 0,3 por ciento en relación a julio, mientras que en lo que va de 2017 la actividad acumuló un alza de 2,4 por ciento.
Según el ministerio de Hacienda, "la economía continúa así su marcha a paso firme" ya que es el tercer mes consecutivo con incrementos interanuales por encima del 4%.
El crecimiento se extendió a prácticamente todos los sectores de la economía: 14 de 15 sectores crecieron de manera interanual. Los rubros que lideran el crecimiento son los de construcción, industria y comercio. En el caso de construcción el aumento fue de 11,7% y significó el sexto aumento consecutivo y el tercero consecutivo a un ritmo de dos dígitos. Por su parte el sector industrial creció 5,6% (cuarto incremento consecutivo) y el sector comercial aumentó 4,9% (cuarto incremento seguido).
Por su parte, el director de Estudio Bein/Eco Go, Martín Vauthier, dijo que algo que contribuyó a los números de agosto fue "puntualmente el repunte del consumo masivo, que venía rezagado desde fines de 2015".
"El consumo masivo empezó a traccionar, mientras que la obra pública también lo siguió haciendo. Otro elemento que impactó en agosto fue la ampliación de la línea de Créditos Argenta a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, con un volumen muy fuerte ya que se dieron 1.789.446 préstamos", explicó.
En este contexto, y tras el contundente triunfo electoral del pasado domingo superando holgadamente la primera prueba electoral de su mandato, Macri convocará finalmente a un gran acuerdo para hacer reformas clave.
La reunión comenzó a prepararse antes de la elección, para impulsar reformas tributarias, políticas y educativas, la ley de Responsabilidad Fiscal con las provincias y la discusión por el Presupuesto 2018 y la ley de Coparticipación -cruzada por el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano-, entre otros puntos.
La convocatoria pensada en principio para gobernadores se amplió a otros actores por el escenario distinto, con mayor fortaleza del Gobierno para avanzar con las negociaciones, a partir del triunfo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
Además, el Jefe de Estado ya confirmó que "se seguirá tomando deuda mientras haya déficit", pese a las críticas de la oposición, la señalar que "es importante que entendamos que entramos en una etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que parar y tenerle miedo a las reformas".
Algunos de los temas que el Gobierno llevará a la cumbre ya trascendieron. Por lo pronto, el Presidente habló de cambios en materia "política, institucional y en el sistema impositivo" pero, según pudo reconstruir este diario, la agenda es más amplia: también se hablaría del Presupuesto 2018, la nueva ley de coparticipación, la reforma tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, la reforma política y la educativa.
Y, en materia de Justicia, el Gobierno plantearía la necesidad de avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura.

Votar es democrático. Es un derecho. Pero también es un acto complejo, por eso no lo hacemos todos los días. Votar requiere agrupar voluntades. Sirve para formar la voluntad de los órganos sociales. Cuando las decisiones afectan a un grupo social, léase familia, municipio o estado, algunas decisiones, y no todas, se someten a la votación de la mayoría.
"Si de la materia objeto de votación pasamos a quien vota, la afirmación según la cual todo el mundo tiene derecho al voto, tampoco supera las reglas de la sana crítica", reflexionaba hace tiempo, ante el referéndum por Catalunya el abogado y catedrático Ignacio Arroyo Martínez, opinando que identificar con claridad el sujeto o los sujetos legitimados para expresar el voto, que no son todos, es otra condición esencial del proceso democrático.
Porque es un deber y un derecho, pero… ¿todos saben para qué y qué votan? No. Esta misma mañana cualquiera puede detener a un juvenil de 17 años y preguntarle qué boleta introducirá en el "cuarto oscuro" y al pedirle argumentos de su decisión, quizá se encuentre con un "me dijo mi papá". Peor aún, un mayor ajeno a la historia de un candidato y a la información mínima de qué tarea deberá realizar ese futuro concejal, senador o diputado. Y ni que hablar de quien lleva de la casa una boleta que "me dieron" y la usará sin importarle demasiado su sufragio, porque no sabe mucho más que "hay que cumplir con la ley" y "evitar la multa".
Sin embargo, esas situaciones sólo tiene una solución a la vista, que no es inmediata, sino que demandará años: educación. Argentina debe formar cada vez más ciudadanos con capacidad de análisis, de crítica y con una formación tal que a la hora de elegir sepan porqué lo hacen.
Por lo pronto, todos debemos votar hoy. Algunos con condición, otros sin ella; unos convencidos y otros por "descarte" porque "no hay nadie que represente lo que pienso y siento". Pero hay que hacerlo, porque el voto es el único instrumento con que cuenta el ciudadano para expresarse.
Por eso en primera instancia, sobre todo cuando hubo tantos años en los cuales fue imposible decidir libremente, votar es un derecho. Es más, el sufragio tiene el carácter de derecho humano, de modo que lleva imbíbita una gran trascendencia, pues es el mecanismo básico de toda democracia para su funcionamiento y requiere de eficacia y transparencia. Si bien la democracia no sólo se reduce al ejercicio del sufragio, es importante recordar es una de las conquistas más importantes lograda por los ciudadanos en los regímenes democráticos modernos.
Y también es un deber, porque la persona tiene la obligación "moral" y ciudadana de decir lo que piensa. En ese sentido, aquellos que se sientan inclinados a abstenerse, deben hacer un "esfuerzo" y optar por quienes la mejor opción posible, contribuyendo con su voto al bien común.
Hoy, una vez más, es tiempo de fortalecer la democracia desde el honroso lugar de electores.

La Delegación 7 del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) reiteró esta semana su denuncia pública acerca del peligro que implica para la salud de la población, la actividad de pseudo profesionales kinesiólogos y remarcó que, ese ejercicio ilegal de la profesión está fomentado a su vez por el aumento de la oferta de falsos cursos y seminarios de capacitación que prometen a quienes los realizan, la obtención de títulos habilitantes para realizar prácticas kinesiológicas.
"Tenemos dos problemas, que son las caras de la misma moneda", dijo la licenciada Lidia del Arco, titular de la delegación. "Por un lado los pseudo profesionales que, sin ningún título habilitante, ofrecen sus servicios de masajistas, auxiliares kinésicos, rehabilitadores posquirúrgicos, etc. Y por el otro, los institutos que brindan esos cursos de supuesta "rápida salida laboral".
Y remarcó que estos cursos "no tienen respaldo académico, ni aprobación ni reconocimiento oficial, constituyéndose en una oferta engañosa para quienes los toman de buena fe, ya que no pueden ejercer lo que ellos les enseñan".
Del Arco aseguró además que las personas "a veces buscan respuestas rápidas para calmar un malestar pero en muchos casos, terminan en manos de personas no capacitadas corriendo el riesgo de agravar sus lesiones y complicando su estado de salud".
Recomendó a la población "que al momento de iniciar un tratamiento verifique que está ante un profesional matriculado en el Colegio de
Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires", señalando que la actividad del kinesiólogo profesional "es personal e intransferible no pudiendo ser realizada por ayudantes o auxiliares".
Y advirtió que en todas las ciudades "aparecen pseudo profesionales que se ofrecen como rehabilitadores, masajistas, o auxiliares de kinesiología que no tienen formación ni están autorizados para realizar evaluaciones, aplicar técnicas, ni aparatología, exclusivos de la kinesiología".
Cabe señalar, la Delegación 7 de Cokiba tiene sede en Pehuajó y es referencia para kinesiólogos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Florentino Ameghino, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliquelo, Trenque Lauquen, Tres Lomas.
Durante el pasos mes de julio, desde Cokiba también se denunció al Pami por haber incorporado al servicio de atención domiciliaria la categoría "auxiliar en kinesiología", poniendo en peligro la atención de la salud de un sector vulnerable de la población como son los adultos mayores y menores con discapacidad.
"Con un total desconocimiento de nuestra profesión, desde el Estado se intentó fomentar el ejercicio ilegal de nuestra actividad", explicaron oportunamente en la institución. En el mismo sentido se mantuvo una reunión con el Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires.

Las contradicciones son cotidianas, pero cuando de impuestos a las ganancias se trata, se presentan de un modo inocultable. Desde su denominación, hasta los prejuicios que subyacen en su implementación que le brindan cierta legitimidad, dan cuenta de este fenómeno.
El país debate el tema hace años. El Gobierno tomó algunas decisiones, y prometido otras, pero no puede dejar de recaudar. Por eso se explica que aunque la administración actual introdujo cambios, aún falta mucho por corregir.
Lo cierto es que es un contrasentido en sí mismo que los trabajadores paguen el impuesto a las ganancias. En todo caso, quienes realizan una actividad laboral reciben un salario a cambio de su esfuerzo, y de ningún modo puede considerarse a ese ingreso como una utilidad o un beneficio extra.
Los trabajadores no deberían pagar este impuesto, y mucho más grave es que esta modalidad haya alcanzado a los jubilados. La compensación que ellos reciben mensualmente tiene que ver con lo que han aportado durante su vida activa y que se les ha descontado oportunamente.
Si el Estado desea cobrar un canon a los que reciben una remuneración por lo que hacen a diario, al menos podrían los gobernantes tener la sensatez de cambiarle el nombre al impuesto. Eso no le brindaría legitimidad alguna, pero haría que el latrocinio sea menos burdo.
Tan perverso es el esquema y su instrumentación, que algunos -los que ganen muy bien, obvio) prefieren no percibir aumentos de haberes. Al ocurrir este suceso no sólo no perciben más dinero, sino que cobran menos que antes, por haber cometido el pecado de superar la emblemática línea del mínimo no imponible.
No puede ser que, antes y ahora, se apele a quitar coercitivamente una parte importante de los ingresos a trabajadores, limitando de ese modo, su genuina capacidad de compra, que nace del mérito propio.
Lo cierto es que no se puede por un lado defender esa atribución y luego quejarse cuando esa discrecionalidad se vuelve en contra de un modo personal e intransferible, afectando su nivel de vida, su crecimiento y sobre todo, cuando esa herramienta que parecía buena, se convierte en la mayor amenaza al arrebatarle una porción importante del fruto de su trabajo.
Hay mucho por revisar. Los impuestos son esencialmente malos. En la sociedad actual que se estructura sobre determinados parámetros, se puede admitir a regañadientes su existencia, pero bajo la concepción de que deben ser pocos y reducidos.
Se supone que los impuestos deben financiar la actividad del Estado, pero solo la indispensable y de un modo austero. Sin embargo, eso no es lo que sucede a diario. La sociedad parece desear un Estado grande, que se ocupe de todo. Eso tiene un correlato esperable. Para solventar tanto gasto público, se precisan muchos impuestos y que estos sean elevados o alcancen a más personas, como ocurre con el Impuesto a las Ganancias.

En busca de mejorar la competitividad, pymes industriales autoconvocadas de todo el país presentaron en el Congreso una batería de doce proyectos de ley para que sean analizados por legisladores de todos los bloques políticos.
Sin representaciones partidarias, los empresarios pidieron la suspensión por 365 días de embargos y ejecuciones fiscales, la creación de un sistema de seguro de desempleo y retiro, y la limitación del valor indemnizatorio, entre otras iniciativas.
Las 500 empresas confeccionaron un documento para "dar propuestas para que todos los sectores sean responsables de la solución de los problemas de las fábricas, no sólo el Gobierno".
En el informe de 18 páginas, aludieron a la caída del consumo interno, el menor ingreso de los sectores asalariados, la apreciación del tipo de cambio, el aumento de las tarifas de servicios públicos, el incremento de los precios internos de los productos, la caída de las exportaciones y la suba de las importaciones, como causales de los conflictos en la industria sectorial.
"La única salida para las pymes es que si realmente quieren mantener la industria, se debe dar una tregua fiscal, suspender juicios, dejarnos trabajar para rehacernos", manifestaron. Es que a los planes de pago que ofrece la AFIP se les aplica una tasa de interés "usuraria" y no permite financiar el 100% de la deuda. De modo que las entidades bancarias evitan tener clientes pymes con problemas impositivos, lo que obliga a las empresas a acudir al sistema financiero informal, con costos que afectan a la competitividad local.
Las pymes autoconvocadas desarrollaron doce propuestas de creación, modificación y derogación de leyes con los objetivos de crear un marco previsible para la contratación de trabajadores y establecer un fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro.
Solicitaron fijar montos máximos a la litigiosidad laboral, estimular la compra de productos nacionales, fortalecer los mecanismos de defensa comercial, estimular las exportaciones, aliviar parcialmente la carga fiscal de las Pyme hasta 80 trabajadores y recuperar días laborables para la producción.
Reclaman extender los beneficios de la Ley 27.396 de Emergencia Económica con el objetivo de suspender "por 365 días de los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y tributarias y aplicación de moratoria extendida para empresas industriales hasta 80 trabajadores".
Con el fin de dar un marco legislativo que establezca un ámbito propicio para el empleo y el trabajo registrado, los industriales realizaron una novedosa propuesta para la creación de un sistema de Seguro de Desempleo y Retiro, que implica la modificación al Régimen de Contrato de Trabajo.
El Seguro de Desempleo y Retiro permitirá que "todos los trabajadores registrados puedan recibir, en compensación por su tarea realizada, una suma igual a un mes de remuneración por cada año trabajado, pero resignando el derecho a exigir otra indemnización a la empresa por el solo objeto del tiempo transcurrido en ella y la labor realizada".