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05 May

Polémica decisión

Publicado en Editorial

En Argentina todo se politiza. Hasta la decisión polémica de una Corte sirve para agigantar la grieta. Así, difícil será intentar el consenso para fijar políticas de estado que sucedan a los gobiernos y, en consecuencia, sentar bases de crecimiento sólido.
Más allá de esa situación que cansa a quienes prefieren no estar de ningún lado de la grieta y apuestan, cada uno desde su humilde lugar, por el progreso y el bienestar colectivo, la Corte Suprema tomó una determinación que hiere al pueblo. De la misma forma que lo lesiona el retraso en la definición de muchas causas a quienes se han enriquecido con el país desde la corrupción. Y también es extraño que los primeros que se quejan son algunos garantistas que dejan libres (o no cuestionan la determinación) a violadores. Habrá diferencias en los hechos, pero hay que ser contundente siempre.
Amén de esos contrastes de una sociedad confundida, aparece erróneo que Corte Suprema reduzca las penas por delitos de lesa humanidad entre 1976 y1983. El tribunal, que suele tomar la mayoría de sus decisiones por unanimidad, se partió. Quedó en minoría el presidente, Ricardo Lorenzetti, que siempre reivindicó que los juicios de lesa humanidad son una "política de Estado" en Argentina y van a seguir esté quien esté en el Gobierno.
Hubo un 3 a 2 a favor de aplicar una doctrina favorable a los reos en un caso de lesa humanidad, algo que nunca había sucedido por la especial crueldad de este tipo de delitos. El "dos por uno" estuvo vigente entre 1994 y 2001, hasta que fue derogada, y permitía a los delincuentes, a partir del segundo año, computar doble cada día que transcurran tras las rejas sin sentencia.
Es por un caso puntual, el de Luis Muiña, condenado a 13 años por la participación en una operación, comandada personalmente por el represor Reynaldo Bignone, en la que fueron secuestrados y torturados cinco trabajadores del Hospital Posadas.
Muiña no es un hombre fundamental de la dictadura, pero el temor entre las organizaciones es que este sentencia abra paso a que muchos otros represores puedan salir de la cárcel gracias a la doctrina del dos por uno. En Argentina hay más de 2.000 personas imputadas por distintos delitos de lesa humanidad y más de 700 condenadas, la mayoría de ellas, si no han fallecido, siguen en prisión. Incluso el régimen de arresto domiciliario es muy polémico y se concede en pocas ocasiones.
Es cierto que al ser una sentencia dividida, tiene poca posibilidad de sentar jurisprudencia. Muiña sí saldrá de la cárcel gracias a esta sentencia.
Para algunos, la polémica decisión, se parece bastante a los indultos de Carlos Menem. Así se expresó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz precisamente por su lucha contra la dictadura. En el mismo sentido se manifestó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aunque politizó el tema, apuntando que "el Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya", cuando la que actuó fue la Corte. ¿Puede afirmarse que la corte es adicta? Esa es otra discusión. Lo fue con el kichnerismo, quizá lo sea ahora, pero siempre hubo jueces, aunque pocos, que no se dejaron mandar por el poder.
La administración de Mauricio Macri insiste en que no quiere cambiar la política aunque los organismos de derechos humanos le acusan de haberla suavizado.
Dos de los tres jueces que votaron a favor dijeron que "la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho".
"Un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado".
Los jueces que se expresaron en contra sostienen que la persecución de los crímenes de lesa humanidad "es una política de estado, afirmada por los tres poderes, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos".

Un nuevo escándalo involucra a la firma Dienst Consulting, que tiene a su cargo el contralor de licencias docentes en la Provincia de Buenos Aires y que, según un informe del diario Hoy, sumó contratos millonarios en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Registro Nacional de Armas) y en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Concretamente, en el Consejo de la Magistratura de la Nación investigan los nexos de esta empresa con Eduardo Freiler, un camarista federal vinculado al kirchnerismo que arrastra denuncias por enriquecimiento ilícito y que estaría a punto de ser sometido a un jury por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. El dueño de Dienst Consulting le habría pagado a Freiler distintas participaciones en carreras de autos.
En 2015, según el diario Clarín, el magistrado habría participado en el Rally de las Bodegas en Mendoza y de la Gran Carrera del norte. Ambas competencias tienen una inscripción de no menos de 30.000 pesos. El trayecto de Mendoza la corrió con un Mercedes Coupe 1988, que cuesta unos 40.000 dólares porque es un auto de colección. Por otra parte, en el Rally de la Montaña que también se realizó ese año en Córdoba apareció Eduardo Freiler anotado para correr con un Porsche 912, otro auto también de colección.
El titular de Dienst también habría comprado una moto de agua para Freiler. A ello se le suma que existirían datos en Personas Jurídicas que corroborarían esta estrecha relación. Por eso, días atrás, en la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se aprobó pedir informes a los registros de la Propiedad de Capital Federal y Provincia sobre el camarista y sus familiares más cercanos. El requerimiento abarca los últimos 15 años. Entre las 28 medidas de prueba, figura un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre sociedades donde figuren los investigados, y destaca los casos de Minning Pride SA y la mencionada Dienst Consulting SA.
Ahora, una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación reveló que Freiler compró un vehículo de alta gama -una cupé Mercedes Benz C 250 Blue Efficiency, color negro- en enero de 2013. La adquirió en Automotores Juan Manuel Fangio SA, que aceptó el pago de su valor en parte al contado y el resto con doce cheques mensuales de poco menos de 7.000 cada uno. Esos cheques, sin embargo, no los libró Freiler. Salieron de la fábrica de pastas de La Plata llamada Establecimiento DF SA y los firmó su dueño, Raúl Alberto Mingini, un empresario que acumuló varios tropiezos con la Justicia, pero que salió beneficiado de un expediente vinculado a lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que había intervenido Freiler.
Consultado por quién le dio los cheques, Freiler respondió: "Es un amigo de bastantes años, un amigo de La Plata, pero no lo quiero mandar al frente", y luego reconoció que se trata de Mingini, dueño del Grupo DF, aunque prefirió no hablar más del asunto. "Yo estoy tratando de salir de esto (por el proceso en el Consejo de la Magistratura) y ahora esto... no es necesario", se excusó.
Dienst es una empresa que se formó en la ciudad de Bahía Blanca y que se quedó con el control de las licencias médicas a través de una contratación directa en el año 2009. Pese a las cifras millonarias pagadas por el Estado bonaerense, los niveles de ausentismo, vinculados en parte a la falta de controles, fueron en constante crecimiento a punto tal que actualmente llegan al 17%, por encima de la media nacional.
El directorio de Dienst está encabezado por el médico Guillermo Daniel Martin, a quien siempre se le atribuyeron lazos con sectores políticos de la Sexta Sección Electoral bonaerense. Los nexos atravesarían distintos partidos, desde el kirchnerismo hasta el macrismo.
El titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, dijo que la compañía "está haciendo los controles de las licencias docentes y lo que falta es aceitar esos controles. Cuando usted tiene un 17% de ausentismo en las escuelas de gestión estatal, contra un 5% en las instituciones de gestión privada teniendo las mismas normas que las regulan, hay algo que está fallando y que hay que mejorar. Acá el problema es que hay un abuso de determinadas licencias, porque de lo contrario no se explica". Lo cierto es que, además de cumplir con eficiencia el trabajo a la hora del control de las licencias, la firma tiene otras cosas que explicar. Debe la justicia accionar y encontrar a los responsables de las irregularidades del anterior y del actual gobierno.

Es una gran oportunidad para el país pero al mismo tiempo se abren signos de pregunta, porque su avance depende de modificar la ley de Tierras, que prohíbe la venta masiva del suelo nacional a extranjeros, como estaba ocurriendo, por ejemplo, en la Patagonia.
Lo cierto es que una delegación de funcionarios de Dubai llegaron la semana pasada en Buenos Aires para ofrecer "cubrir la pampa seca de alfalfa", porque el clima es ideal.
El plan promete ser la segunda revolución productiva de las pampas argentinas, luego del arribo de la soja transgénica, y lo dio a conocer un informe del portal Política on Line.
Aunque el abanico de mercados y logística que plantearon fue extenso, dos productos se destacaron como los de mayor potencialidad: los criaderos de pollo -dentro del rubro de las carnes, porque los musulmanes no comen cerdo y el potencial exportador vacuno de argentina aún no se ha recuperado- y la alfalfa, planteado como la nueva soja.
Por eso, hay inversores de Dubai interesados en comprar tierras y montar sistemas de producción que revolucionarían la producción agrícola como lo hizo la soja, por eso esperan que el Gobierno nacional cambie la ley.
Los árabes, que antes estuvieron en Brasil, pretenden firmar entendimientos con ciudades de Latinoamérica como puerta de entrada a los países. Los funcionarios y empresarios destacaron que encontraron en Buenos Aires un clima más optimista que en la megalópolis brasileña, golpeada por la recesión.
Dubai, que esta haciendo un enorme esfuerzo por despetrolizar su economía y apuesta a sectores como el agro, la infraestructura -sobre todo portuaria- y el turismo, busca conseguir inversiones de empresarios argentinos que quieran exportar hacia Medio Oriente utilizando a Dubai de plataforma. Según su visión las empresas del sector agrícola, son las que más rápido podrán verse favorecidas por la cooperación.
El objetivo es liderar en la región la cuarta revolución industrial del conocimiento y ven en Buenos Aires una aliada clave.
Los empresarios argentinos agroindustriales que acudieron al encuentro fueron los más interesados en avanzar en acuerdos con Dubai, sobre todo en desarrollar una industria de exportación de pollos halal. "La industria creativa es relevante por su contribución a la sociedad en términos de capital humano y también a la economía, por los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. Creemos que es el momento correcto para desarrollarla", sentenciaron los árabes.
Si bien empresarios argentinos se interesaron en el programa de aceleración para start-ups, el mayor interés lo mostraron empresarios agrícolas y agroindustriales. Particularmente, la Sociedad Rural Argentina mostró interés en exportar pollo halal (aves faenadas de acuerdo a los requerimientos del consumidor musulmán). Las empresas locales están más que interesadas porque, salvo el ofrecimiento a Alá del animal antes de morir, el actual procedimiento industrial satisface todos los requisitos de un mercado inmenso.
Los sectores con los que considera que mayores intercambios haya en una primera instancia son los relacionados a la industria agropecuaria, dado que es el sector exportador más dinámico, pero que cualquier sector puede verse favorecido, porque Dubai, no solo para el pollo, sino para cualquier otra exportación, se ha convertido en la puerta de entrada a un mercado de 2.400 millones de consumidores gracias a su conexión con la India y Oriente Medio.

Dos referencias del Papa Francisco sobre Venezuela han sacado de quicio a la oposición de ese país en vísperas de una nueva manifestación con motivo del Día de los Trabajadores. El sábado Francisco dijo, a bordo del avión que lo trasladaba desde Egipto hacia Roma, que la Santa Sede estaba dispuesta a participar de nuevo en el intento de resolución del conflicto del país sudamericano con "condiciones claras", y dejó entrever que uno de los problemas para mediar otra vez era que la oposición no estaba dispuesta a conversar con el gobierno porque "estaba dividida".
El domingo, ya en Roma, el Sumo Pontífice volvió a referirse a Venezuela antes del rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro. La declaración pareció complacer un poco más a la oposición, porque instó a ambas partes a evitar la violencia, pidió "soluciones negociadas" y respeto a los derechos humanos en un país "en grave crisis humanitaria".
Que el Papa dijera que la oposición estaba muy dividida provocó muchas críticas el sábado. El principal argumento era que, desde que se profundizó el conflicto político tras el autogolpe de Nicolás Maduro hace un mes, todas las fuerzas políticas están convencidas de que solo con el fin anticipado del régimen chavista cesarán las protestas y se restablecerá la vigencia de la Constitución. Las formaciones Primero Justicia, del gobernador Henrique Capriles, y Voluntad Popular, del ya legendario preso político Leopoldo López, son los principales artífices de las protestas que mantienen a los venezolanos en las calles. Más partidarios del diálogo y del fin de los choques en las calles está la formación del excandidato presidencial Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, ausente de las caminatas convocadas desde principios de abril.
En respuesta a las declaraciones del Sumo Pontífice la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dio a conocer una carta abierta al Papa Francisco en la que afirman: "Los venezolanos estamos más unidos que nunca en toro a la demanda de un cambio político en el país y los factores de la MUD también lo están", escribieron. "La última evidencia de esto es el reciente manifiesto firmado por todas las organizaciones políticas", agregaron. El documento exige la celebración de elecciones presidenciales anticipadas en 2017; la garantía de que también habrá, en el transcurso del año, comicios de gobernadores, alcaldes, diputados estadales y concejales; la activación de un canal humanitario para atender las necesidades básicas en medicinas y alimentos; respeto a la Asamblea nacional como poder independiente; la liberación de los presos políticos y la desmovilización de las fuerzas paramilitares, conocidas como colectivos.
Pero lo más importante de todo lo que ha dicho el Papa es que, por primera vez desde que recrudeció la crisis, un gobierno extranjero reconoce que el grupo de expresidentes iberoamericanos que intentaron acercar a las partes entre octubre y diciembre, entre los que se encuentra el español José Luis Rodríguez Zapatero, está gestionando un nuevo proceso. "Pero todo está en el aire todavía", aclaró Francisco.
"No cesan de llegarnos noticias dramáticas acerca de la situación en Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos", comenzó a decir Francisco sobre la situación en el país sudamericano. "Mientras me uno al dolor de los familiares de las víctimas, para quienes ofrezco oraciones de sufragio, envío un cordial llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se eviten nuevas formas de violencia", agregó en su oración dominical.
El llamado llega en vísperas de nuevas manifestaciones del gobierno y la oposición en todo el país con motivo del Día del Trabajador. Es una verdadera incógnita pronosticar cómo terminarán las actividades, pero la crispación de los días previos, llenos de acusaciones y versiones sobre la muerte del estudiante opositor Juan Pablo Pernalete, no augura resultados distintos a la fuerte represión por parte de la policía venezolana. La oposición se ha planteado llegar en Caracas hasta las sedes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo, todas ubicadas en el centro de la capital venezolana, un sector que el chavismo defiende como un santuario.
En la noche del domingo los gobiernos de nuestro país, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay, hicieron suyas la postura del Papa. "Es imprescindible contar con condiciones muy claras para una salida negociada a la crisis política, económica y humanitaria en dicho país hermano", dice un comunicado conjunto.
"En este sentido, concordamos con el Papa Francisco en que 'todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias', para lo cual reiteramos que se requiere el cese de los actos de violencia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional, y la definición de un cronograma electoral".
El comunicado casi calca las peticiones de la oposición. El gobierno, mientras tanto, resiste exigiendo respeto a su política aislacionista. Un lance que le lleva a no reconocer cualquier decisión que contraríe los dictámenes del Supremo y a esperar que remonte en las encuestas para organizar elecciones.

27 Abr

La lista negra

Publicado en Editorial

Lucila Yaconis tenía 16 años cuando fue asfixiada hasta la muerte al resistirse a una violación cuando cruzaba el paso subterráneo de una estación de Buenos Aires en 2003. La Policía encontró huellas genéticas del agresor, pero no logró averiguar a quién correspondían y su crimen sigue impune hoy, 14 años después. La madre de Lucila, Isabel Yaconis, cree que el resultado sería otro si hubise un registro genético de violadores como el que el Gobierno nacional se apresura a poner en funcionamiento.
La ley fue aprobada por el Congreso en 2013, en medio de la conmoción generada por el feminicidio de Ángeles Rawson, también de 16 años, hallada sin vida en un basurero. Sin embargo, nunca se reglamentó. Solo después del abuso sexual y asesinato de otra joven -Micaela García, de 21 años, presuntamente a manos de un violador en libertad condicional- el macrismo anunció que pondrá en marcha el registro.
La lista negra incluirá a los delincuentes sexuales con condena en firme y será accesible para funcionarios que tengan en sus manos causas judiciales. Hoy habrá una reunión con todos los laboratorios forenses que dependen del Ministerio de Justicia para decidir cómo extraer y conservar las muestras de ADN y se creará una comisión tripartita con integrantes de los ministerios de Justicia, Seguridad y Ciencia y Tecnología para supervisar su funcionamiento. El registro será una realidad en pocas semanas.
"Hace años que la Asociación Civil Madres del Dolor lucha para que tome cuerpo el banco de datos genético, pero parecemos bomberos. La ley se votó cuando apareció el cuerpo de Ángeles y ahora apareció el de Micaela", dice Yaconis. "Tengo el ADN de la persona que mató a mi hija pero es un NN. Y no es el único", lamenta, a la espera de que la aplicación de la ley ayude a resolver casos judiciales abiertos. "No vamos a terminar con las violaciones, pero vamos a empezar a acorralar al violador", agrega.
Cabe señalar, Mendoza fue la pionera en aprobar un registro de violadores, pero también faltó voluntad política para que entrase en vigor. El registro hoy se ha ampliado e incluye a personas condenadas por todo tipo de delitos dolosos. En total, cuenta con unas 800 muestras, tomadas en el último año.
El diputado Luis Petri celebra la cercana reglamentación de un banco de ADN nacional. "Es trascendental para impedir la impunidad. Ayuda al esclarecimiento de casos, sobre todo de violación, porque los agresores sexuales en muchos casos dejan huellas genéticas de piel, sangre o semen", remarca. Cree que la ley ayuda también a evitar la reincidencia, al desalentar la comisión de nuevos delitos.
Según datos del Ministerio de Justicia, las condenas por delitos sexuales aumentaron un 33% entre 2012 y 2015, el último año contabilizado. Pero el colectivo Ni Una Menos considera que esas cifras son solo la punta del iceberg y con el registro pasará lo mismo. "Las mujeres recibimos múltiples formas de violencia sexual y muy pocas tienen condena efectiva", advierte la abogada Sabrina Cartabia, integrante de Ni Una Menos. Por ese motivo, sostiene que el registro "va a identificar a un mínimo número de agresores sexuales" y no tiene en cuenta que la mayoría de mujeres "no denuncian y a las que denuncian no les creen. No es una medida que nos beneficie. No va a terminar con violencia sexual ni van a terminar las violaciones", asegura.
Este colectivo, nacido dos años atrás contra los feminicidios, critica la decisión de combatir estos crímenes con medidas punitivas en vez de promover la prevención. "Hay una herramienta que ya existe, pero no se implementa, que es la educación sexual integral. Brinda conocimiento y respeto, que es lo que hace falta, porque si sabes identificar lo que es abuso podes reaccionar a tiempo, ponerle freno o pedir ayuda. En ese momento esto no se está haciendo porque el Gobierno ha desarticulado el programa", denuncia la letrada.
Con esta iniciativa, nuestro país sigue los pasos dados antes por países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España. Aunque será necesario esperar para ver sus resultados.