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La economía de la administración de Mauricio Macri ofrece después de un año y medio datos contradictorios: suba de desempleo con reactivación económica, caída de la producción industrial con aumento de las exportaciones industriales, en un contexto de interminables reclamos por el atraso cambiario. Combinaciones inusuales que se presentan en viraje de un esquema económico basado en el consumo a otro que busca que las inversiones se conviertan en el motor del PBI.
El economista en jefe de la consultora Management & Fit, Matías Carugati, analizó que si se toma la marca de desempleo del Indec, se observa es un fenómeno estacional. Pero que cuando se corrige la serie por este efecto, no hubo una suba estadísticamente significativa del desempleo. "Y esto se refleja en los números del SIPA, que muestran que el trabajo formal viene creciendo si se suma el empleo público y el privado, ya sea en relación de dependencia, cuentapropista, autónomo o monotributista, incluso si se puede discutir la cuestión de la calidad del trabajo".
"Pero puede ser que el empleo total, formal e informal, siga con bajas pese al crecimiento económico porque hay rezagos. Si me atengo a la respuesta de libro de texto, tengo que decirte que lo último que pasa en un ciclo contractivo es que se despida gente y que el empleo es lo último que aumenta en una fase de crecimiento. Primero se toman horas extras, trabajadores temporarios, informales y cuando la incertidumbre pasa, recién empieza a crecer el trabajo registrado. Deberíamos esperar un par de meses más para que el crecimiento se traduzca en mejores números de empleo", dijo el economista a La Política On Line.
Después de un ciclo contractivo, en la fase de crecimiento lo último que crece es el empleo formal. Primero se toman horas extras, trabajadores temporarios, informales y recién cuando pasó la incertidumbre crece el empleo registrado.
Otro punto importante es la heterogeneidad. Hay sectores en los que las importaciones están pegando fuerte y los problemas de competitividad se traducen en puestos de trabajo como es el caso de los textiles, calzado y plásticos. En otros casos tiene que ver con decisiones estratégicas de las empresas. Lo importante es ver tanto la creación de empleo y no solo la destrucción.
Lo mismo sostiene el subsecretario de Programación Macroeconómica, Luciano Cohan, para atenuar las críticas por los despidos que se dieron a conocer la pasada semana: 600 en Pepsico, 600 más en Puma, 170 en Lanxess, 80 en Rioro y la "no renovación" de 600 contratos en Atucha.
Entre 200 y 250 mil puestos se crean y se destruyen cada mes, lo que se traduce en una tasa de rotación de 3 millones de puestos registrados por año sobre un total de 6,5 millones. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo están preocupados por los despidos por goteo y en especial en el caso de grandes empresas como Pepsico que no enfrentan los desafíos de las empresas pymes por continuar abiertas.
Los analistas, en su mayoría, creen que la economía va a llegar a las elecciones creciendo, pero el mercado laboral no lo va a sentir fuerte en agosto.
El crecimiento del 3% anual esperado a principio de año quedó descartado por el consenso de los economistas ya que hasta el momento se acumuló un crecimiento del 1% y de ahora en más la economía debería acelerarse a un ritmo superior al 1,4% desestacionalizado que se registró hasta el momento.
Se crece muy de a poco y, por ahora, no se compadece con la generación de trabajo genuino, un problema de vieja data en la Argentina.

Cerraron ayer las listas de caras a las primarias, en lo que será un gran gasto de dinero sin sentido, ya que los frentes no tendrán internas. A partir de ahora habrá, a nivel municipal, seccional, provincial y nacionales, innumerables precandidatos contando porqué deben ser votados ellos y su espacio político. Cabe esperar que se escuchen propuestas, y se abandone de una vez el "disco" que la mayoría parece instalarse para repetir "siempre lo mismo".
Pasadas las legislativas de octubre, deben recordar los electos que no son dueños de nada, sino servidores.
Un funcionario público elegido por votación, es un ciudadano con poderes delegados de otros ciudadanos para ejercer un rol. Ocupa un cargo con funciones específicas en nombre de quienes lo votaron y debe, en su calidad de servidor público, buscar el mayor beneficio posible para la mayor parte de la población.
Un alto funcionario del poder ejecutivo, sea municipal, provincial o nacional, debe saber que se espera de él la mayor cantidad de acciones a favor del mejoramiento de la vida cotidiana de los pobladores que representa.
Es ésa y no otra su función. Lo mismo para concejales y legisladores de todo orden.
Y aquellos que se desempeñan en las comunas, deben proyectar, gestionar, pedir y luego, no agradecer, ni esperar el agradecimiento los que "bajan" un subsidio que otorgan con dinero de todos, o licitan una obra.
En general, los compromisos asumidos por algunos funcionarios públicos municipales, en favor de recibir obras de los gobiernos provinciales, sin importar el partido político de cada uno de ellos, son parte de una política actual, distorsionada y miope, que lleva a hacer creer al que gobierna "dueño" de los fondos que maneja, y coloca a los ciudadanos como sus mendigos suplicantes.
Esa no es la forma en que la democracia fue pensada.
Los ciudadanos no debemos agradecimiento a ningún funcionario público por cumplir mínimamente con su deber. ¿Qué sería de los diarios de este país si por cada médico que atiende con normalidad a un paciente o cada maestro que enseñe un tema a un alumno se destinara una página completa de un diario para agradecer?
La postura de "dueños de los fondos públicos" que asumen los funcionarios, es del todo subversiva. Altera la verdadera relación de la población con sus gobiernos y desfigura su realidad como delegados de los votantes.
Cabe recordar a los funcionarios que sin votos, no tienen poder.
Bien poco -aunque en estos últimos dos años los bonaerenses observamos, ¡era hora!, más obras-, es lo que se recibe a cambio de los impuestos que pagamos.
Colocar a la población en el triste lugar de niños agradecidos es humillarla.
No es lo que esperamos de nuestros delegados en las funciones públicas. De ellos exigimos el máximo esfuerzo en la búsqueda del bien común. Y si desean bronces anticipados y laureles contra entrega de hacer lo mínimo esperable, deberán dar un paso al costado y dejar a nuevos funcionarios que comprendan que sus cargos y sillones no son propios, son sólo prestados por el poder ciudadano, para administrar nuestros bienes.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte, gobiernos, sociedad civil y empresas están obligados a encontrar fórmulas de colaboración que permitan globalizar los derechos humanos. Llevamos más de 200 años hablando de derechos, diciendo lo bueno que sería que todo el mundo pudiera viajar de aquí a allá sin que nadie se lo impidiera, o mandar una carta a un amigo sin que nadie le violara la correspondencia.
"Ya en el siglo XVIII, a las personas, por el hecho de serlo, se les reconocen unos derechos individuales. Después, en el XIX, cuando la Revolución industrial cristaliza, empiezan a conquistarse derechos laborales. ¿Se cumplen los derechos de la primera generación? No. ¿Y los de la segunda? No. Ahora estamos en la tercera, la de los derechos humanos. ¿Se cumplen? Tampoco", se lee en una columna de Laura Zamarriego Maestre, que envió a este diario el Centro de Colaboraciones Solidarias.
El texto que la Asamblea General de las Naciones Unidas alumbró el 10 de diciembre de 1948 juega aún hoy en el campo de la teoría. Pero la teoría también mueve realidades, no solo la superestructura. Aunque insuficiente, es bueno que los derechos humanos estén ahí como derechos utópicos hacia los que caminar. Hay que convertir las aspiraciones éticas en leyes o en costumbres.
El siglo XXI deberá hacerse cargo de una pesada herencia de tragedias humanas. Zamarriego Maestre enumera: La BBC denunciaba que refugiados sirios con menores de edad, estaban empleados de forma ilegal en fábricas textiles de Turquía para proveedores de marcas de ropa europeas. Amnistía Internacional advertía de los abusos laborales en las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, por parte de proveedores que procesaban este mineral para luego vendérselo a grandes compañías tecnológicas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han puesto en el tablero de juego el papel de las empresas como agentes clave para el desarrollo sostenible. Hablar de derechos humanos es hacerlo de problemas muy complejos que requieren soluciones compartidas, trabajar en red. Necesitamos alianzas, saber qué opinan los demás sectores. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos abren la puerta a trabajar de esa manera colaborativa.
Las empresas, lo crean o no, son agentes de justicia. Una pieza más de este rompecabezas llamado mundo global.
La clave está "en que la gente se conciencie del impacto que tiene una empresa, pequeña, mediana y sobre todo grandes, sobre los derechos humanos. Es una ética de la convicción. Los mecanismos para transformar la sensibilidad individual en sensibilidad colectiva son básicos.
La agenda mundial para 2030 da un paso fundamental: desplazar el debate del por qué al cómo. Todos los ODS impactan en los derechos humanos, de una manera u otra, por eso es necesario insistir en la necesidad de tender puentes y trabajar codo con codo con los distintos agentes.
Hay que trascender lo económico para subir un escalón más y poner sobre la mesa cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Hay que estar a la altura de los tiempos.

23 Jun

Pensiones por viudez

Publicado en Editorial

El Gobierno de Mauricio Macri comunica mal. Y aunque se le reconoce que da el paso atrás cuando se equivoca, ya son demasiados los casos en los que se percibe "prueba y error". Eso no demuestra ni previsión, ni eficiencia.
El último suceso se dio con las pensiones por discapacidad. Está perfecto quitársela a tantos que no lo son y viven de "la teta" del Estado, pero arreglar el desbarajuste evidente, implica antes tomar precauciones para no dejar sin la ayuda a quien realmente la merece y necesita.
Ahora, la polémica suscitada por la baja de pensiones por discapacidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) está en un proceso de revisión de las pensiones por viudez. La medida es para "evitar fraudes" y tener "mayores certezas" sobre las prestaciones que abona y desde el organismo se aclaró que sólo se darán de baja los beneficios en los que se compruebe algún tipo de irregularidad.
Según se explicó en un comunicado, con la información requerida a los beneficiarios "se buscan actualizar los expedientes previsionales", cotejando la información con otros ministerios y organismos públicos, y en caso de que se detecte alguna irregularidad, se informará por medio de carta documento al beneficiario para que "ejerza su defensa".
"Presentarse en ANSeS a actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión". Tras la polémica -con una nueva marcha atrás incluida del Gobierno- que se desató por la quita de pensiones para personas discapacitadas, el mensaje en el ticket de cobro de pensiones por viudez encendió las alarmas.
Aunque la notificación comenzó a llegar desde abril, la falta de una comunicación oficial a través de otra vía pasó desapercibida inicialmente, pero luego contribuyó a generar incertidumbre.
Preocupados porque se daba un plazo -de entre 60 y 90 días- determinado, muchos beneficiarios y sus familias comenzaron a subir sus casos a redes sociales, lo que obligó a que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso saliera a aclarar que no quitará ningún beneficio aunque los pensionados no presenten la documentación.
La revisión comprende un universo de 37.236 pensiones por viudez y hasta el momento no se ha quitado ningún beneficio, pues "no se han detectado casos con irregularidades a través de este proceso".
¿Si no encontraron irregularidades por qué realizan la revisión? El programa de control, dicen en la entidad, se comenzó a hacer en 2013, bajo el Gobierno kirchnerista, aunque admiten que se reforzó en octubre pasado, cuando se lanzó la Reparación Histórica para jubilados y se encontraron con una gran dificultad para revisar los expedientes debido a que la Base de Personas no está íntegramente digitalizada. De ahí se explica que la mayoría de pensionados que recibieron la notificación hayan sido aquellos que tramitaron su beneficio hace más de 20 años.
La emisión de los mensajes en los tickets finalizó este mes, pero el programa de revisión continuará. Ya hubo 5.722 beneficiarios que acercaron la documentación, pero de todos modos a aquellos que no hayan presentado la información que acredite la relación con el titular del que proviene la pensión no se les cortará ni suspenderá el beneficio.
"Una de las etapas comprende la intervención del titular para que aporte documentación a fin de registrarla en la base de personas que posee el organismo. Pero, aunque el titular no presente ningún tipo de documentación, el pago del beneficio no se interrumpe", aclararon desde ANSeS.
La presentación de la documentación por parte de los beneficiarios servirá al organismo para agilizar la tarea de depuración de la base de datos. Luego se avanzará con el análisis personalizado de cada expediente que no haya sido actualizado. Y sólo en el caso de que la ANSeS detecte irregularidades se volverá a requerir la participación del beneficiario. Confían en que la mayoría de los casos se resolverán de manera unilateral. Así, no se repetirá el duro impacto político que significó la quita de pensiones a personas discapacitadas.

22 Jun

Bono a cien años

Publicado en Editorial

La colocación de un bono a cien años en el Nueva York sorprendió al mercado. En un contexto de un apetito inédito por los bonos argentinos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, salió al mercado a buscar 2.000 millones de dólares con un cupón tentativo de 8,25% y recibió ofertas por 11.000 millones, por lo que se permitió expandir la emisión a 2.750 millones de dólares con un cupón de renta fija del 7,125% anual.
La medida generó aplausos y críticas, muchas provenientes de quienes no saben ni siquiera de qué se trata.
"La colocación fue un éxito y un acierto en el momento de la colocación porque los bonos volvieron al nivel pre-Trump", dijo Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, quien también destacó que es una buena señal de confianza el plazo de la emisión.
En un informe que publicó el portal "La Política On Line", ese analista de mercados advirtió que si bien aumentan la proporción de deuda en dólares sobre el total de los compromisos, en el mercado local ha tenido colocaciones en pesos exitosas pero actualmente no es lo que más conviene. Y es una tasa que quedó solo 90 puntos básicos arriba de México.
Cabe aclarar para los desentendidos que, al haber cortado a 90 dólares por cada lámina de 100 dólares, lo exacto sería decir que el Gobierno tomó 2.475 millones de dólares, por los que en 2117 deberá pagar 2.750 millones, más 196 millones durante un siglo, siendo que el bono no tiene amortizaciones periódicas de capital. Por eso se dice que el rendimiento del bono es equivalente al 7,91% anual sobre el capital.
De esta forma, con un cálculo que no contempla ni la tasa de inflación ni los spreads ni el costo de oportunidad ni la tasa de descuento, se puede ver que luego de 13 años de pago del cupón del 7,125%, en 2030 el Gobierno habrá pagado un monto equivalente al préstamo y seguirá endeudado por 87 años más de pago de intereses más el capital. Pero los cálculos de almacenero en el mundo de las finanzas no aplican, por eso Neffa aclaró que este bono tiene una "duration" similar a la de los bonos a 2046, emitidos el año pasado y que, con un "call" el Gobierno puede recomprar esta deuda y no seguir pagando ese monto de intereses cuando considere que puede conseguir una mejor tasa.
En eso coincide el consultor de Elypsis y economista, Gabriel Zelpo: "La duración del bono -que un valor representativo del vencimiento financiero- es a doce años", sostuvo.
"Esta colocación fue racional, conservadora, busca aprovechar la baja tasa imperante en el mercado internacional ante la posibilidad de una recuperación. Pero Argentina viene comprimiendo tasas y nos parece que de haber esperado un poco podría haber sido un poco mejor el resultado". Sobre el riesgo de seguir tomando deuda en dólares, Zelpo explicó que "querer no es poder. Si bien fueron muy exitosas las colocaciones de deuda en pesos con participación de capitales de afuera, la inflación complicó un poco el panorama y ahora es algo difícil emitir en pesos".
Así, el Gobierno optó por priorizar el frente externo antes que la posibilidad de comprimir tasa de Argentina.
Para D'Atellis, contrario a su colega, la emisión "es una locura porque quedás atado a un cupón sobre el capital, porque cuando el tipo de cambio que está atrasadísimo se corrija, la carga de la deuda sobre el presupuesto va a aumentar y porque se está tomando deuda externa que no va a financiar proyectos que repaguen sino a financiar la fuga de capitales".
La estrategia de seguir tomando deuda externa "es un error porque no se está ampliando el ingreso genuino de dólares con el que pagarla. Y menos a cien años. Hay que ampliar la base impositiva y dejar de favorecer a sectores concentrados porque no se puede estar tomando deuda externa y a la vez avanzar en la baja a los impuestos a la soja que para 2018 rondarán en los 10.000 millones y querer recortar subsidios para pagar la deuda externa".