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27 Abr

La lista negra

Publicado en Editorial

Lucila Yaconis tenía 16 años cuando fue asfixiada hasta la muerte al resistirse a una violación cuando cruzaba el paso subterráneo de una estación de Buenos Aires en 2003. La Policía encontró huellas genéticas del agresor, pero no logró averiguar a quién correspondían y su crimen sigue impune hoy, 14 años después. La madre de Lucila, Isabel Yaconis, cree que el resultado sería otro si hubise un registro genético de violadores como el que el Gobierno nacional se apresura a poner en funcionamiento.
La ley fue aprobada por el Congreso en 2013, en medio de la conmoción generada por el feminicidio de Ángeles Rawson, también de 16 años, hallada sin vida en un basurero. Sin embargo, nunca se reglamentó. Solo después del abuso sexual y asesinato de otra joven -Micaela García, de 21 años, presuntamente a manos de un violador en libertad condicional- el macrismo anunció que pondrá en marcha el registro.
La lista negra incluirá a los delincuentes sexuales con condena en firme y será accesible para funcionarios que tengan en sus manos causas judiciales. Hoy habrá una reunión con todos los laboratorios forenses que dependen del Ministerio de Justicia para decidir cómo extraer y conservar las muestras de ADN y se creará una comisión tripartita con integrantes de los ministerios de Justicia, Seguridad y Ciencia y Tecnología para supervisar su funcionamiento. El registro será una realidad en pocas semanas.
"Hace años que la Asociación Civil Madres del Dolor lucha para que tome cuerpo el banco de datos genético, pero parecemos bomberos. La ley se votó cuando apareció el cuerpo de Ángeles y ahora apareció el de Micaela", dice Yaconis. "Tengo el ADN de la persona que mató a mi hija pero es un NN. Y no es el único", lamenta, a la espera de que la aplicación de la ley ayude a resolver casos judiciales abiertos. "No vamos a terminar con las violaciones, pero vamos a empezar a acorralar al violador", agrega.
Cabe señalar, Mendoza fue la pionera en aprobar un registro de violadores, pero también faltó voluntad política para que entrase en vigor. El registro hoy se ha ampliado e incluye a personas condenadas por todo tipo de delitos dolosos. En total, cuenta con unas 800 muestras, tomadas en el último año.
El diputado Luis Petri celebra la cercana reglamentación de un banco de ADN nacional. "Es trascendental para impedir la impunidad. Ayuda al esclarecimiento de casos, sobre todo de violación, porque los agresores sexuales en muchos casos dejan huellas genéticas de piel, sangre o semen", remarca. Cree que la ley ayuda también a evitar la reincidencia, al desalentar la comisión de nuevos delitos.
Según datos del Ministerio de Justicia, las condenas por delitos sexuales aumentaron un 33% entre 2012 y 2015, el último año contabilizado. Pero el colectivo Ni Una Menos considera que esas cifras son solo la punta del iceberg y con el registro pasará lo mismo. "Las mujeres recibimos múltiples formas de violencia sexual y muy pocas tienen condena efectiva", advierte la abogada Sabrina Cartabia, integrante de Ni Una Menos. Por ese motivo, sostiene que el registro "va a identificar a un mínimo número de agresores sexuales" y no tiene en cuenta que la mayoría de mujeres "no denuncian y a las que denuncian no les creen. No es una medida que nos beneficie. No va a terminar con violencia sexual ni van a terminar las violaciones", asegura.
Este colectivo, nacido dos años atrás contra los feminicidios, critica la decisión de combatir estos crímenes con medidas punitivas en vez de promover la prevención. "Hay una herramienta que ya existe, pero no se implementa, que es la educación sexual integral. Brinda conocimiento y respeto, que es lo que hace falta, porque si sabes identificar lo que es abuso podes reaccionar a tiempo, ponerle freno o pedir ayuda. En ese momento esto no se está haciendo porque el Gobierno ha desarticulado el programa", denuncia la letrada.
Con esta iniciativa, nuestro país sigue los pasos dados antes por países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España. Aunque será necesario esperar para ver sus resultados.

Un nuevo paso ha dado la gobernadora María Eugenia Vidal en su determinación de luchar contra el delito en todas sus formas. No le ha temblado el pulso para combatir las mafias enquistadas en la fuerza de seguridad, con denuncias y exoneraciones, aunque eso le valió amenazas de vida. Tampoco para ir contra el juego clandestino, logrando que hasta en pequeñas comunidades como las nuestras la quiniela "en negro" sino desapareció se ha reducido a escasos levantadores.
Avanzó en solicitar declaraciones juradas patrimoniales de manera pública a todo su gabinete, a cada funcionario de las áreas que administran fondos, también en seguridad, policía y penitenciarios.
Ayer, afirmando con tino que "la plata que se lleva la corrupción no llega a la gente", con lo cual no se trata solamente de "un problema de comisión de un delito", anunció la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que estará a cargo del abogado Luis María Ferella.
Ratificó Vidal que uno de los ejes de su administración es "la transparencia" y remarcó que "cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito, porque hay recursos de nuestros vecinos que se van a otro lado".
Lamentó que el Estado "convivió con la mafia durante muchos años".
En su discurso, hizo una declaración contundente, que debe instar a que cada bonaerense, desde su lugar, también se comprometa a denunciar, aunque sea anónimamente, los ilícitos de toda clase. "A los vecinos les digo que ésta es una pelea que no se agota en una denuncia de corrupción espectacular, una purga de la policía o el sistema penitenciario. Acá se trata de dar la pelea todos los días, muchas veces en silencio, con muchas medidas que vayan corrigiendo un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado, que no las combatió durante mucho tiempo. No es una tarea de un día sino de muchos días, que voy a llevar adelante hasta el último día de mi mandato", prosiguió.
"El gobierno es muy grande, tiene 600.000 personas que trabajan en él. La mayoría honesta y comprometida con su trabajo, que gana menos de lo que se merece, pero todavía convivimos con nichos de corrupción y tenemos que tener políticas claras", sentenció.
La OFI tendrá dos objetivos: uno de prevención, recorriendo cada oficina del Estado, y otro que realizará el control y las denuncias de las irregularidades a través de la Asesoría General de Gobierno y de la Fiscalía de Estado.
El fin del flamante organismo es tratar de lograr mejores prácticas, buenas conductas, modificaciones de procedimientos y transparencia y con la decisión de trabajar contra la corrupción. Y apenas presentado, se habilitó un canal de denuncias anónimas a través de una página web para canalizarlas. Tras recibirlas, si hay presunción de un delito o falta grave, las denuncias serán derivadas a la Asesoría General de Gobierno para que dictamine, y luego a la Fiscalía de Estado, que formulará la denuncia en el ámbito de la Justicia.
La creación de un organismo anticorrupción era una vieja deuda de la clase política bonaerense, tanto que en la constitución provincial está previsto. En la Sección I, cuando se estipulan las "Declaraciones, Derechos y Garantías", se dice que se "creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales". Es que para la Carta Magna los actos de corrupción "agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional". La OFI llenará ese vacío hasta tanto se concrete la formación del Tribunal que prevé la Constitución provincial, algo que deberá hacerse por ley.

15 Abr

Pymes en crisis

Publicado en Editorial

El mayor problema que enfrenta el Gobierno nacional, además de la inflación que se ha reducido pero continúa siendo preocupante, es la situación de pequeñas y medianas empresas, muchas que han cerrado y otras atraviesan complicados momentos.
Según la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), en el primer trimestre de 2017 más de 1.800 empresas han bajado sus persianas, lo que marca un promedio de 20 por día.
Esta situación se torna alarmante si se tiene en cuenta que en 2016 fueron 6.000 las compañías del sector que cerraron sus puertas, en lo que daba una media de 17 firmas por jornada. Esta merma en la capacidad productiva ha llevado a que decenas de miles de empleos se hayan perdido, calculándose en 72.000 los trabajadores que pasaron a ser desocupados el año pasado, a lo que habría que agregarle las miles de suspensiones por la baja en la producción.
Apertura de importaciones, aumento en el costo de los servicios públicos, presión tributaria que no cambió, inflación y, aunque hubo anuncios, falta de políticas crediticias a favor del sector, son las causas del problema.
Estimaciones oficiales apuntan que hay 560.000 pymes en Argentina, las cuales representan entre el 75 y el 80 por ciento del trabajo privado registrado. Por eso, lo que sucede en ese sector repercute en lo profundo de la sociedad, con mayor desempleo y menos expectativas de crecimiento a corto y mediano plazo.
En algunos sectores la caída interanual en las ventas en el primer trimestre de este año ha llegado a niveles históricos, bajando hasta en un 60%, como ha sucedido por ejemplo en la industria del calzado o del cuero, que son las más afectadas por esta crisis, por la decisión de las autoridades nacionales de abrir, para muchos en forma desmesurada la economía. En el calzado y el cuero la caída en la producción durante 2016 llegó al 11,5%, mientras que las compras al exterior en el primer bimestre de este año fueron un 62% mayores, cerrando gran cantidad de fábricas con la consiguiente desocupación que esto provocó.
En la industria metalúrgica y metalmecánica, afirman que hay unas 400 pymes en peligro, mientras que en la industria del juguete, la producción nacional ha quedado relegada a un último plano, ante el avance de las importaciones de productos provenientes de China y otros países asiáticos.
Idéntica situación vive el sector textil.
La caída en el consumo en el país llevó a los empresarios al desafío de evitar trasladar la suba de los costos a los precios. De esta manera, a pesar de que los gastos para el sector han crecido más de un 65%, alrededor del 70% de las pymes intentó mantener el valor de los productos para sostener la actividad.
A esto se le agrega la caída en el consumo popular, fruto de la pérdida del poder adquisitivo, lo que ha llevado al cierre de 1.800 pymes en este primer trimestre. Eso ha repercutido en una caída sustancial de la actividad industrial del 6,4% en los últimos 12 meses, agravándose con el descenso del 5% en la producción de esas empresas.
Con todo, complicado es el panorama que se presenta en la Argentina desde el punto de vista económico, donde un sector como las pymes, que aporta el 40% del PBI nacional, atraviesa una crisis que siembra inseguridad en el empresariado, y eso se traduce en que quien está en problema desista de continuar su emprendimiento, y que otros opten por no realizar nuevas inversiones que siempre generan mano de obra.

14 Abr

Un pacto educativo

Publicado en Editorial

En estos días en que la educación está en medio del tironeo entre gobiernos y sindicatos y las escuelas públicas han tenido contados días de clases, nunca mejor para reflexionar que la magistral lección que la profesora emérita de filosofía, Victoria Camps, quien escribió que "de todos los derechos que un Estado social debe garantizar, el derecho a la educación ha sido el más damnificado por las rivalidades de los distintos grupos políticos".
"Algo tan básico para un país como es la educación no ha dejado de ser instrumentalizado por las luchas de clase y ancestrales influencias de doctrinas sectarias incapaces de reconocer que la educación debiera ser una cuestión de Estado. Tengan grupos e ideologías sus espacios en los que impartir sus doctrinas, pero que no pretendan catequizar a ciudadanos que hace mucho tiempo que han asimilado su derecho a las libertades fundamentales, entre las cuales destaca el derecho a una educación universal, pública, gratuita, laica y obligatoria para todos los jóvenes y mayores".
"La libertad y el derecho a elegir son las más grandes realidades por las que los seres humanos pueden luchar y hasta arriesgar sus vidas porque constituyen el fundamento capital sobre el que se sostienen el resto de los derechos universales a la vida, a la justicia, a la dignidad y a la búsqueda de la felicidad".
Como en España sucede algo parecido a Argentina, aunque no tan grave, a tono con Camps, José Carlos García Fajardo, director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), advierte que un pacto por la educación debería proponerse dejar de lado las diferencias partidistas e implicar a toda la sociedad. Y hay que partir del principio de que el sistema educativo no lo constituyen sólo las escuelas, sino también las familias y el entorno cultural.
La falta de calidad se resume en dos puntos: fracaso y abandono del sistema. Son demasiados los alumnos que no consiguen la graduación mínima y muchos los que abandonan los estudios a los 16 años.
Nuestros alumnos saben muchas cosas que sus abuelos desconocían a su edad, pero tienen grandes lagunas en lo más básico. ¿Fallan los métodos de aprendizaje? ¿Falla la selección del profesorado? ¿Se tiene una idea equivocada de lo que debe ser educar? ¿Se está imponiendo una especie de educación terapéutica, dirigida más a que crezca la autoestima del niño que a enseñarle cosas? ¿Se ha discutido alguna vez cuáles son los conocimientos mínimos que deben mantenerse a pesar de los cambios tecnológicos? ¿Hasta cuándo tendremos una formación profesional desprestigiada, poco atractiva y poco coherente con las ofertas de empleo?, son preguntas fundamentales.
Los contextos en que se producen el fracaso escolar y de dónde salen los alumnos que abandonan la formación se dan en las familias más desfavorecidas. Los datos subrayan que el derecho a la educación está garantizado sólo formalmente. Todos los niños están escolarizados, en efecto, pero fracasan y abandonan los más vulnerables, los que no disponen de un entorno social favorable al estudio.
El derecho a la educación es el que hace posibles otros derechos, como salud, trabajo, cultura, vivienda que son menos accesibles para familias con menos ingresos. Las desigualdades económicas y culturales afectan también a los resultados de la educación. Cuando lo único que crece en nuestro mundo son las desigualdades, un pacto por la educación no puede ignorar esta realidad.
Porque está en los derechos constitucionales que educar ha de consistir en el pleno desarrollo de la personalidad humana. Educar es formar una personalidad ética; es formar personas autónomas y responsables, capaces de adquirir criterio y de dar cuenta de lo que hacen.
De ahí que, más allá de discutir por salarios e insistir con paros como medida de fuerza, sin autocrítica de ningún lado, es perentorio un pacto que acierte a analizar y discutir la educación que necesita Argentina. Y que se afronten cambios. Es la única se escaparle a la crisis educativa y, en consecuencia, del país.

En el último semestre, la Argentina continuó transitando una senda de normalización de la relación entre la prensa y el poder político. La recuperación de principios y estándares que definen a la libertad de expresión en una democracia republicana sigue marcando un diferencial respecto de los graves desvíos que Adepa señaló durante más de una década.
En efecto, no se ha observado en este período una estrategia sistemática de persecución y represalia estatal contra el periodismo, el disenso y la crítica. Tampoco una utilización generalizada de recursos públicos como herramienta de censura indirecta. El derecho a la información pública comienza a contar con instrumentos largamente reclamados por la sociedad civil para dar mayor transparencia a los actos de gobierno, advirtió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que ayer realizó la 163ª Junta de Directores, en su informe de Libertad de Prensa.
Se observa asimismo una conversación pública vibrante y plural, un escenario en el que pueden leerse, escucharse y verse muy diferentes opiniones y puntos de vista sobre la realidad, en el que funcionarios públicos se someten a conferencias de prensa o a entrevistas nada complacientes, y en el que estas cuestiones no configuran una excepción.
La complejidad de la agenda política, económica y social del país tiende a hacernos perder la perspectiva. Pero hoy en la Argentina hay un clima diferente para el ejercicio del periodismo.
Es cierto que los fuertes desafíos económicos, tecnológicos y profesionales que enfrentan los medios de comunicación no se agotan en estas cuestiones. Pero la normalización institucional en la relación con la prensa constituye una base ineludible para abordar los otros grandes retos de la actividad periodística.
Subsistieron durante este período agresiones contra medios y periodistas, alimentadas por un clima de polarización e intolerancia gestado previamente, pero cuyos resabios continúan permeando en diferentes estamentos de la política, la intelectualidad, la cultura y el periodismo. En este punto no deben pasarse por alto agresiones en manifestaciones o lugares públicos, ataques provenientes del poder político, ataques informáticos o abusos policiales.
En ese sentido, Adepa destacó que, ante la denuncia de dos periodistas -que se encontraban en peligro en virtud de su trabajo y cuya identidad se mantiene reservada- se haya activado el protocolo de protección a la prensa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese protocolo fue propuesto por Adepa al Ministerio, cuya titular lo presentó en septiembre pasado en la Asamblea de Adepa en Tucumán.
La vigencia de este protocolo brinda herramientas de protección a los periodistas, de las que carecían en absoluto. Por eso Adepa lo destaca como una señal positiva y espera que el mismo se replique en jurisdicciones provinciales.
Con similar satisfacción debe saludarse la sanción de la largamente esperada Ley de Acceso a la Información Pública en el ámbito federal, que permitirá -no sólo a los periodistas sino a cualquier ciudadano con interés en la cosa pública- ejercer su derecho a saber cómo se administran los recursos públicos y se gestionan las políticas estatales. La norma y su reciente reglamentación configuran pasos adelante en la llamada agenda ampliada de la libertad de expresión, según la definió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es de esperar que normas similares sean sancionadas por las provincias y los municipios que aún no las tienen.
Otro avance es la auto regulación que se ha dado el Poder Ejecutivo Nacional para la distribución de la pauta oficial, a través de una resolución con criterios técnicos específicos. Los números del año pasado muestran que se ha avanzado hacia una mayor racionalidad en este campo, tanto por la reducción de los montos globales empleados como por su eficiencia en cuanto a la llegada de los mensajes.
De todos modos, en este terreno siempre es recomendable que el Estado Nacional pondere variables que excedan las meramente comerciales, tales como el fomento al federalismo, a las pequeñas y medianas empresas periodísticas o a la producción local de contenidos.