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La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por mercadería agropecuaria en octubre "se multiplicó 6 veces" respecto de lo que recibió el productor en el campo, reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El índice Indice de Precios de Origen y Destino (IPOD) de esa entidad se disparó 21,9% el mes pasado con respecto septiembre, y dejó la brecha en su mayor nivel desde enero de 2016.
El deterioro estuvo liderado por el zapallito que registró una fuerte baja en el valor pagado al productor. La brecha se duplicó con creces -a 7,65 en octubre desde 3,07 en septiembre-, ya que su precio de origen sufrió un desplome que no fue acompañado por el valor en góndola. También registraron alzas grandes las brechas del Pimiento y el Brócoli, a 6,44 veces y 7,25 veces, respectivamente.
En tanto, en la canasta ganadera relevada (huevo, carne de pollo, carne de novillito, leche y carne de cerdo), el IPOD bajó a 3,86 en octubre desde 4,07 en septiembre". La caída fue impulsada por una mejora en la brecha de la Carne de Cerdo, dado que su valor al productor registró un alza, pero su precio al consumidor retrocedió.
En medio de esa polémica asumió ayer el nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y uno de los principales desafíos que tendrá será reducir la brecha entre lo que cobran los productores agropecuarios y lo que pagan los consumidores en las góndolas de los supermercados.
La coyuntura no es sencilla en función del crecimiento de la inflación en los últimos meses y de que los productores históricamente reclamaron tener al menos un 33% de participación en la cadena, lo que significan 8 puntos más que ahora.
Entre vario casos tomados por la CAME, en la zanahoria, por ejemplo, el precio de origen en octubre fue de 3 pesos por kilo, mientras que en las cadenas de supermercados y verdulerías se encontró a un valor promedio de 16,20 por kilo, con una diferencia del 440% o de 5,40 veces.
La cebolla costó 12,40 pesos por kilo y al productor se le pagó 3,80, y los productores de acelga cobraron 9,50 y los consumidores la abonaron 23,60.
Uno de los productos con mayor diferencia de precios en julio entre origen y destino fue la pera. En este caso los consumidores pagaron en octubre un precio medio de 32,70 pesos por kilo y los productores cobraron solo 3,80, lo que implica una diferencia de 754%.
Uno de los casos más paradigmáticos por la importancia en la canasta básica de alimentos es la leche. El pasado mes los tamberos cobraron 5,70 el litro y en góndola se pagó 27,60, una diferencia del 384%.
El estudio midió también los distintos tipos de carne. En el pollo el productor recibió 14,50 por kilo y los supermercados lo vendieron a 42,10 por kilo, mientras que el kilo de novillito costó para los consumidores 139 y los productores cobraron 33,20. En el caso del cerdo la diferencia entre el valor en origen y el precio en góndola fue de 638%: se vendió al público en 185 por kilo, y los chancheros cobraron 25,10.
Como siempre, perjudicados productores y consumidores. Un problema añejo que debe revertirse con celeridad.

El Presupuesto 2018, que autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta en 58.890 millones de pesos, abrió el debate sobre la efectividad de la estrategia económica para enfrentar el déficit financiero. La cifra viene creciendo a ritmo constante desde 2015, y la incidencia cada vez mayor en los gastos se vuelve inevitable. Parte de los fondos de la deuda que se contraerá el próximo año estará destinada a "afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas y/o de los servicios de deudas". Además, el Ejecutivo "podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", explicó un informe publicado por la revista La Tecla.
En medio de la discusión, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) lanzó un informe que encendió la alarma, al explicaron que sin los aportes de Nación el déficit de la Provincia sería mayor que 80 mil millones para 2018.
"Si se descuentan los Aportes del Tesoro Nacional, crece casi 25% respecto al del 2017", indicaron, y remarcaron que el crecimiento del stock de deuda lleva 44,5% desde junio de 2016 a la fecha.
La UNDAV señaló que el endeudamiento disparó la proyección de pago de intereses a $ 113.000 millones para 2017, "un 77% más que lo inicialmente proyectado". Y sostuvo que el crecimiento continuará en 2018, para situarse en un 21.7% más. En moneda extranjera, la deuda es US$ 5.000 millones superior a la de 2015.
El analista político Artemio López, dijo a la revista especializada en gobierno y política que "el cruce de un par de datos fuertes revela cómo marchan las cuentas públicas y el perfil que éstas han tomado".
"Golpe tras golpe, el Gobierno ha bajado verticalmente el gasto en subsidios: 18% nominal o 34% real, descontada la inflación, sólo durante los primeros nueve meses del año. Y también de golpe en golpe ha subido 77% o 41% real el costo de los intereses de la deuda. Esto es la herramienta que financia el déficit fiscal sin apelar a un ajuste mayor. Shock a un lado y gradualismo al otro. Ambas piezas del arsenal han generado una extraña paradoja: lo que se ahorra en subsidios se gasta en intereses, y en magnitudes ya poco menos que idénticas".
Para estos nueve meses, las cifras son 144.922 millones de pesos, contra 148.600 millones.
Se evalúan como una alternativa para salir del déficit sin endeudarse reducir las erogaciones improductivas, el gasto burocrático. Efectivizar los recursos, sobre todo en lo que se llama "el gasto de la política", es la forma de reducir el déficit en lo inmediato. Algo se ha hecho reduciendo el presupuesto de la Legislatura e incluso lo que se prevé en el Ejecutivo bonaerense, atiborrado de empleados. Falta mucho más. Y al mismo tiempo, lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos, porque seguir endeudándose es un coctel explosivo a mediano plazo.

En tiempo récord, la administración de María Eugenia Vidal logró tener aprobado el Presupuesto 2018 en la Legislatura, y aunque algunos reclamaron para que se reeditara el Fondo de Infraestructura Municipal que permitió a tantas comunas hacer obras, la propuesta oficialista se impuso con gran apoyo opositor, y la llave que permitió cristalizar el acuerdo está en el virtual pacto a nivel nacional por el Fondo del Conurbano, ya que de cerrarse ese entendimiento con Nación por 40.000 millones de pesos, ingresarán 3.200 millones a la Provincia que irán directo a los municipios a través de la coparticipación. Por tanto, aunque no habrá Fondo de Infraestructura, las comunas recibirán más dinero.
Además del Presupuesto, también se aprobó un permiso de endeudamiento de 58.890.000 millones de pesos, la ley impositiva y el llamado Pacto de Responsabilidad Fiscal Municipal. Y como dato relevante, se baja el gasto legislativo que implicará un ahorro de 2.500 millones. Los recursos bajarán del 1,5 al 1,2%, reclamo que habría realizado Vidal, que además quiere recortar 500 millones de pesos en gasto político en el Poder Ejecutivo.
La Legislatura aprobó un permiso para tomar deuda por casi 59.000 millones. El gasto total es de 630.000 y proyectan un crecimiento de la economía bonaerense del 3,5%.
En el desglose de las áreas, Desarrollo Social tendrá un aumento del 30%, se contempla 22% suba en las partidas para Infraestructura (una inversión de más de 30.000 millones de pesos en 861 obras) y un 19% en Salud, donde se prevé destinar 2.000 millones para reconstruir las guardias de los hospitales y para extender a 77 distritos de la provincia el sistema de emergencias SAME.
La baja de impuestos proyectada para 2018 a través del proyecto de Ley Impositiva, tendrá un costo fiscal de 10.000 millones y abarcará a Ingresos Brutos en cada sector: unas 3.900 grandes industrias, por ejemplo, pagarán una alícuota de 1,5% (frente a 1,75% en la actualidad). Estarán exentas, además, las Pymes fabriles que facturen hasta 78 millones pesos, y cuyo tope es hoy de 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.
Se recorta también la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles y para autos cero kilómetro ese gravamen y el de Ingresos Brutos bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.
En tanto, se prevé aumentos en los impuestos Inmobiliario Rural (50% en promedio) y Urbano (56%).
En lo político, debe destacarse que en el Senado el paquete de proyectos se aprobó con 36 de los 45 legisladores presentes, y en Diputados con 77 de los 92 votos, un número holgado para aprobar los expedientes que requerían los dos tercios de los presentes.
Apenas el kirchnerismo más duro intentó plasmar algunas críticas. En el Senado, las divisiones en el peronismo se observaron cuando antenoche el Frente para la Victoria comunicó que sus 10 senadores rechazaban el paquete de proyectos. El Frente Renovador hizo silencio y sus seis senadores votaron favorablemente.
Lo cierto es que habrá cambios, y no sólo para la Gobernación. La avalada ley de Responsabilidad Fiscal establece límites al gasto corriente, la incorporación de personal por parte de los intendentes y el endeudamiento de las comunas. También incorpora pautas de fin de mandato. Buscan limitar el aumento del gasto corriente permanente durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
También fue fijado un límite de 1.000 millones de dólares para endeudamiento oficial a través de proyectos de participación pública privada, y que el porcentaje atado a obras del Fondo Educativo baje del 85 al 50% para intendentes del Conurbano y al 40% en el caso de los del Interior.

Todo está en debate en nuestro país, sobre todo aquello que concierne al aspecto simbólico de la política.
En medio de una profunda grieta que enfrenta a kirchneristas con macristas, esta última semana se ha cerrado una disidencia que por más absurdo que parezca, levantó polvareda.
Tras dos años de permanecer tirado a la intemperie, el monumento de Cristóbal Colón que durante un siglo estuvo instalado tras la Casa Rosada, finalmente fue ensamblado en un predio de la Costanera Norte, sobre el Río de la Plata, por lo que vuelve a mirar hacia Europa.
La mudanza generó el repudio de parte de la colectividad italiana.
La polémica comenzó hace cuatro años, tras la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de remover una figura que según ella representa «toda la sangre derramada» y colocar en su lugar a Juana Azurduy, «heroína de la independencia».
El monumento a Colón pasó un siglo inadvertido por las personas que transitan en auto o caminando el paseo de la Rábida, una arteria que circula por detrás de la Casa Rosada y que se vuelve indispensable en horas pico, dado que conecta el centro de Buenos Aires con parte del casco histórico, el sur de la ciudad y el ingreso al extrarradio.
«Estamos conformes», confió Teresa Anchorena, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que tuvo a cargo la tarea de analizar cómo se organizaban los trabajos. «Nos encargamos de chequear que se haga de manera correcta el transporte y el montaje del monumento y todo estuvo bien».
«Según los especialistas que trabajaron en el lugar durante meses, las crecientes del río no afectan la base de la estructura», dijo en respuesta a algunas voces disidentes con el nuevo lugar de emplazamiento, a orillas del Río de la Plata, un sitio muy castigado durante las tormentas. La presentación oficial será dentro de 15 días
Fue el fallecido Hugo Chávez quien, en una visita a la casa de Gobierno en 2011, diera cuenta de la presencia del conquistador español en un punto clave del centro cívico porteño. «¿Qué hace ahí ese genocida? (Cristóbal) Colón fue el jefe de una invasión que produjo no una matanza, sino un genocidio. Ahí hay que poner a un indio», sugirió el venezolano.
Colón fue retirado de la Casa Rosada en 2013, y Juana Azurduy le relevó en 2015, gracias al fundamental aporte de un millón de dólares por parte del gobierno de Bolivia.
El hecho generó el repudio de más de 100 entidades que recordaron que la obra fue un obsequio de la colectividad italiana a la Argentina. Sin embargo, Juana Azurduy permaneció allí solo poco más de dos años, dado que a mediados de septiembre de este año fue mudada unos pocos metros, a la explanada del Centro Cultural Kirchner.
La aggiornada disputa entre realistas e indigenistas dejó al parque presidencial sin estatuas. El lugar será reformulado dado que por allí pasará el Paseo del Bajo, un parque lineal de casi cuatro kilómetros que unirá el Sur con el Norte y creará un enorme parque lineal. Y en el lugar donde estuvieron las esculturas se instalará una gran bandera argentina.
Como para cortar con tantas polémicas.

El anuncio del revalúo inmobiliario 2018, con un incremento de entre el 40 y el 75 por ciento según el caso, tendría un costo para el sector de 4.000 millones de pesos en forma directa y sólo por este ítem, sin tener en cuenta el efecto cascada que tendrá sobre el impuesto a los bienes personales.
Así lo manifestaron desde Carbap, señalando además que este incremento "duplica, en el mejor de los casos, a la tasa de inflación anual", y que "no es cierto -al menos en lo que se refiere al sector rural- que no se hayan actualizado desde hace 12 años ya que en la zona núcleo, desde el 2008 a la fecha el valor por hectárea del impuesto se multiplicó por 20.
"Si lo cruzamos por el precio de la soja para el mismo caso, el impuesto se incrementó un 433 por ciento", observaron desde la entidad gremial.
De acuerdo a lo analizado por Carbap, este aumento genera por sí solo y gracias al excesivo y distorsivo sistema tributario al cual están expuestos los productores, un efecto cascada sobre el impuesto inmobiliario complementario y sobre el impuesto a los bienes personales, en algunos casos particulares la sumatoria de impactos hace que este aumento tenga matices de confiscatorio.
"Si sumamos sus resultados incrementales sobre la tributación total llega a comprometer un 30 por ciento del beneficio de la producción", apuntaron.
"Pero aún todos estos argumentos demuestran por lo menos una falencia importante y es la de no saber cómo se compone la rentabilidad del productor".
Desde Carbap señalaron que los productores agropecuarios saben que no se puede trasladar la incidencia de impuestos a los precios, que se rigen por los precios del mercado. "Si se incrementan los impuestos en base a la inflación está suponiéndose que los precios de los productos están siguiendo esa dinámica, lo cual es una afirmación incorrecta para las producciones", dijeron.
Con este escenario, estiman que si se revalúa tomando un incremento promedio del 50 por ciento de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, "el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios".
"Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores", cuestionaron.
La situación y la oportunidad del aumento para el sector tampoco son los mejores. Hoy hay 6 millones de hectáreas bajo el agua, caminos imposibles, lotes que no se sembrarán o dejarán una parte sin hacerlo por falta de piso (eso sí todos pagarán el impuesto como si se hubieran usado en su totalidad) y además el fuerte impacto del aumento del gasoil en los costos de producción.
"Si sumamos este golpe inmobiliario, esto representará para los campos ganaderos 7,5 kg de ternero por hectárea, y los agrícolas 2,3 qq por hectárea. El productor pequeño y mediano será el más afectado en esta situación", recalcaron desde Carbap.
"El gradualismo en las cuentas fiscales, y la provincia de Buenos Aires no es la excepción, lo siguen pagando los productores agropecuarios".