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La reforma jubilatoria es una medida impopular. Merece y debe ser debatida, aprobada o rechazada a través de los legisladores, votados en elecciones para eso. A juicio de esta hoja, no hay razón alguna siquiera para pensar en modificar los ingresos de los jubilados, por lo que deberían buscarse alternativas para menguar el déficit fiscal, y en ese sentido bueno sería que, en los hechos y no en las palabras, se comience por recortar gastos bucrocráticos, y eso es responsabilidad de todas las fuerzas políticas.
Pero ya no se trata de aciertos o errores del Gobierno, de oficialismo u oposición -parte de la cual aprovecha el rechazo ciudadano a la ley para intentar desestabilizar, porque jamás otorgó ese 82% móvil que hoy reclame, por ejemplo-.
Cuando ocurren desmandes como el de ayer, lo que sigue lastimándose es la República. Y lo peor es que quienes buscan hacerle más daño, y lo logran, son algunos que embanderados en la justicia social se creen con derechos a hacer lo que les place.
Si gendarmería actúa hay represión. Entonces el Gobierno envía a la Policía -tres horas más tarde llegó Gendarmería ante el agravamiento de la situación-, sin armas, y ésta es enfrentada por grupos organizados que -ni siquiera tienen argumentos para discutir la reforma previsional-, buscan desestabilizar.
Acuden encapuchados, provistos de palos, gomeras, clavos y hasta de martillos con los que, observábamos por televisión, rompían cordones y veredas para hacerse de cascotes y arrojarlos contra quien sea. ¿Para los policías que resistieron sin utilizar más herramientas que sus escudos no cuentan los derechos humanos?
Para muchos, un sujeto dispuesto a destrozar espacios públicos y privados, a lesionar a otras personas, no puede ser ni siquiera arrestado por un agente del orden. Pero ese autodenominado ayer “luchador por los jubilados”, puede golpear o herir a un policía impunemente. Y como se ha visto, también al civil que piensa diferente.
Lo de la víspera ha sido mucho más que una acción destinada a frenar el segundo intento de la administración de Mauricio Macri de aprobar la discutida reforma de las pensiones. Esa enorme masa de manifestantes estaba dispuesta a todo para intentar frenar la sesión del Congreso, ante policías que tenían orden de no responder y llegaron a quedar acorralados a pocos metros de los movilizados, que incluso arrojaron bombas molotov.
Mientras eso ocurría, en las redes sociales había quienes condenaban “la represión estatal”. La grieta se ensancha, porque la ceguera hace que existan quienes justifiquen todo, de un lado y del otro. Podían leerse y es-cucharse ayer, incluso en nuestras pequeñas ciudades de la región, que algunos se alegraban porque los disturbios “complican al gobierno”, sin entender que la violencia es mala de cualquier lado provenga y no hace más que dañar al país.
Nada bueno puede surgir de incidentes como el acontecio en Capital Federal. Por eso ayer hasta en nuestras calles pueblerinas muchos mostraban una sensación de impotencia y frustración. Un abatimiento propio de cualquier ciudadano reflexivo que advierte que la República puede deshacerse como un castillo de arena si, bajo cualquier argumento y aun cuando el reclamo sea justo, se apela a la violencia.
Ya no se trata de la imagen tétrica que ofrecemos al exterior, de donde difícilmente podrán llegar inversiones ante semejante panorama. Ya no se trata de una o varias leyes que buscan implementarse y se ponen en de-bate, que justamente para eso está el Congreso. Se trata de cuidar la democracia.
Sin importar quien gobierno hoy y quien lo haga dentro de dos años, es hora que los argentinos decidan -y obren en consecuencia- si quieren vivir en la civilización o la barbarie.

Los golpes que implicaron el año pasado la detención de varios veinticinqueños por comercialización de droga, no tuvieron correlato esperado por la comunidad. Nadie esperaba que se terminase el problema, ni mucho menos, pero no ocurrió más que una debilitación de algunos "enemigos", para que surgieran otros. Porque el consumo sigue. Y lamentablemente, como en todo el mundo, crece.
Varios imputados dejaron rápidamente de estar tras las rejas, para gozar de prisión domiciliaria. Aunque hubo "temor" de traficantes por algún tiempo y las escuchas demostraron el gran avance en el distrito sobre todo de la cocaína, el silencio comenzó a imperar. Y para avanzar, siempre, se necesita compromiso ciudadano para denunciar -puede hacerse anónimamente- sitios de venta.
Encarar investigaciones en busca de dar con posibles vendedores no es sencillo, y muchos menos condenar a quien ha incurrido en el delito. Deben reunirse muchas pruebas, generarse pedidos de allanamiento, encontrar a los culpables con la mercadería y contar con abundantes argumentos para que la justicia no libere nuevamente a aquellos que ganan importante cantidad de dinero a expensas de la enfermedad ajena.
Se dice que las madrugadas de los fines de semana muchos se hacen de droga en la vía pública. Incluso, como ya hemos apuntado desde La Mañana, el consumo de marihuana ya no sorprende, puede olerse al pasar en una plaza cerca de un grupo compartiendo charlas en un banco o en eventos públicos. Y la gravedad de la situación está dada porque adolescentes y jóvenes comentan en sus círculos íntimos el avance de la droga, llegando a aseverar que han visto éxtasis, además de anfetaminas y, ¡el peor!, el rápidamente mortal paco.
Empero, salvo cuando surgen detenciones resonantes, el tema no está en la agenda. La Policía a veces mira para otro lado, porque no debería extrañar -aunque no corresponde- que un efectivo se harte de investigar, detener y al tiempo ver caminando sonriente por las calles al sujeto acusado.
Las autoridades municipales (del Ejecutivo y el Deliberativo) prefieren no inmiscuirse demasiado. Aunque creado, en la práctica no funciona el Foro de Seguridad en la ciudad. Los vecinos no se comprometen denunciando pese a que pueden hacerlo anónimamente. La consecuencia es lógica: tienen "libertad" los mercaderes y aprovechándose de esa situación mantienen y hasta amplían el mercado. Eso es posible, además, porque también escasean las campañas de concientización y en ese sentido, más allá de los casos que atiende y el asesoramiento a quienes se acercan, el Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) no se muestra lo activo que debería.
En charlas familiares o mesas de café se habla el tema y hay quienes hasta se animan a pronunciar nombres de posibles traficantes. Sin embargo, todo queda en el imaginario colectivo.
Puede haber excusas respecto a la falta de resultados positivos. No las hay para la parsimonia que deviene en facilidades para quienes venden droga.
La drogadicción constituye un grave problema social. Muchos que son atrapados por alguna sustancia pese al esfuerzo y los tratamientos no pueden escaparle. Y las consecuencias las pagan familiares, amigos, vecinos… la comunidad toda.
Pero insistimos, poco y nada se hace, aun sabiéndose, aunque no haya estadísticas oficiales, que están siendo blancos hasta los que recién ingresan en la adolescencia, aprovechándose los vendedores de su ingenuidad.
Es hora que los veinticinqueños se comprometan, cada uno desde su lugar y las autoridades especialmente, a actuar más. Por la salud física y mental de muchos alcanzados por la enfermedad, y en protección de las potenciales nuevas víctimas.

El "noviazgo" no quiere terminarse, ni de un lado ni el otro, pero va camino a eso. El campo respaldó la merma de las retenciones, el inicio de obras hidráulicas y viales prometidas y nunca realizadas durante años, pero el incremento del inmobiliario rural generó los primeros chispazos, y casi se genera el incendio con el nuevo aumento del combustible.
Por eso desde las entidades piden una veloz reforma impositiva. Fue contundente el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, que integra por ejemplo la siempre activa Sociedad Rural de 25 de Mayo: "Las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri parecían aire fresco para el sector agropecuario. Pero en el detalle, han sido solo palabras y cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga".
Para Chiesa es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos, variables que para el sector "no es negociable". Lo que desea el sector rural es una reducción de la carga tributaria y el diseño de un sistema de impuestos equitativos.
"El impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, aumenta en promedio un 50 por ciento; en Córdoba, 38 por ciento; y en San Luis, 40 por ciento", cuestionó el dirigente.
En ese sentido, se apunta que si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios.
Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores.
Al analizar la reforma impositiva que se analiza en el Congreso Nacional, Chiesa criticó que en su texto no está contemplado el ajuste por inflación, lo cual "lleva al productor a descapitalizarse para pagar impuestos. Tampoco se resuelve el sistema de percepciones y anticipos a los que es sometido el productor por la presunción de evasor".
Para colmo, el último aumento en el combustible repercute en 2.100 millones de pesos adicionales sobre el sector. "Desde diciembre del 2016, ya tenemos 13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola", remarcó Chiesa.
A eso se agrega la segura suba de las tasas viales y el escalonamiento de impuestos de Nación, Provincia y derechos municipales, que afectan claramente al sector.
Sumado a estos aumentos, "la burocracia tampoco cede", en relación al Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas. "La creación de un nuevo registro sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que se explicita por el Presidente. Para el productor agropecuario es una nueva carga", dijo CRA.
La situación ha dejado la puerta abierta a acciones concretas de parte del campo. Y en ese sentido CRA es contundente: "No nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión". Del romance por las promesas, a la "batalla" por el presente.

La gobernadora María Eugenia Vidal quiere tener rápidamente leyes que considera claves para su tercer año de gestión. Por eso, el oficialismo bonaerense en la Legislatura buscará cerrar 2017 con la aprobación de varias iniciativa, y pese a ostentar un número mayor tras el recambio parlamentario deberá afinar el lápiz para dar curso a trámites complicados.
En un sprint final sin antecedentes inmediatos, Cambiemos buscará compensar un año con pocas sesiones con una seguidilla de tres en las próximas tres semanas. El objetivo es aprobar los cambios en la Ley de Ministerios para habilitar el "recorte político", la adhesión bonaerense a la nueva ley de ART, el fin de las jubilaciones de privilegio y la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas para los legisladores.
El oficialismo cuenta desde la semana pasada con una posición de mayor fortaleza para abordar estas cuestiones, pero aun así, en algunos casos requiere de una mayoría compuesta (dos tercios de los votos), un número del que está muy lejos en Diputados.
El trámite que aparece más complicado es el de la modificación a la Ley de Ministerios. Las modificaciones, que apuntan a ahorrar unos 500 millones de pesos a partir de la eliminación de 220 cargos políticos, son resistidos por los gremios estatales, quienes advierten que la fusión y el traslado de áreas podrían hacer perder beneficios salariales a los trabajadores.
Este reclamo alertó a las bancadas opositoras, que piden un minucioso debate sobre cada cambio y adelantan quejas por el poco tiempo de debate, ya que el proyecto recién ingresaría entre el lunes y el martes próximo.
Frente a este panorama, las autoridades de ambas cámaras sospechan que deberán convocar a sesiones el 14 (ya confirmada), el 21 y el 28 de diciembre, algo poco común en el parlamento bonaerense. Una opción que maneja Cambiemos es pedir el próximo jueves su tratamiento "con o sin despacho" para la siguiente sesión, de modo de poder aprobarla con mayoría simple.
Otro trámite que resultó complicado para el Ejecutivo es el de adhesión a la ley nacional de ART. Aprobada en Diputados por amplia mayoría, el proyecto se estancó en el Senado a raíz del rechazo del peronismo y el massismo (que, llamativamente, le dio impulso en la cámara baja).
La Ley, pedida directamente por el presidente Mauricio Macri al considerar que ayudará a reducir los costos laborales, pretende desalentar los juicios laborales por accidentes, al convertir en obligatoria la actuación de las comisiones médicas, una instancia que hasta el momento era optativa, puesto que los trabajadores, ante un accidente, podían recurrir directamente a la Justicia.
El Senado convocaría a una sesión especial para este jueves por la mañana, con la intención de tratar solo ese expediente. En Cambiemos aseguran contar con los dos tercios para aprobarla, pero para ello debieron haber convencido a dos sectores que hasta ahora se mostraron esquivos: el "bloque de los intendentes", presidido por Darío Díaz Pérez, quien la rechazó varias veces este año; o el Frente Renovador, que también aportó a la negativa. El kirchnerismo, en la voz de su nueva presidenta, Teresa García, ya ratificó su rechazo.
Con pocos días de ruedo, el nuevo bloque de Unidad Ciudadana ya se mostró muy activo en contra de las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, la posición dominante de Cambiemos (está a dos votos de los dos tercios) convierte esta posición casi en "testimonial".

El periodismo se ejerce en las pequeñas empresas radicadas en el interior profundo del país está hace unos cuantos años en seria amenaza de extinción. "No es un fenómeno nuevo, pero en los últimos tiempos y a caballo de los cada vez más rápidos cambios que imponen las nuevas tecnologías, la cuestión ingresó en una pendiente pronunciada cuyas consecuencias, todavía no del todo mensuradas, se verán a corto plazo, afirmó en una columna Víctor Agustín Cabreros , director de La Mañana de Bolívar y presidente del grupo Dib que integramos. Su reflexión grafica la difícil realidad, por lo que, abreviado, su pensamiento se convierte en nuestro editorial: Las redes sociales activan una suerte de "periodismo ciudadano" en el marco del cual, con el único recurso de poseer un teléfono celular con acceso a Internet, los usuarios nos sentimos intérpretes calificados de cuanto sucede. Opinamos, discutimos, confrontamos y apostrofamos con pretensión de verdad de todos los temas, calificando y descalificando sobre la única base de nuestras propias sensaciones o intereses. Esas calificaciones podrán, por lo tanto, cambiar rápidamente apenas cambien las sensaciones o la afectación de intereses personales que le dieron origen. Está muy bien que esto suceda y, al fin de cuentas, nada importa si está bien o mal a fuerza de ser inevitable. Pero no es periodismo.
En paralelo, las pequeñas empresas editoriales -especialmente las que editan diarios en formato papel- están siendo bombardeadas en sus propias bases de sustentación. Son estas empresas y no otras las que cobijan el escaso periodismo al que le interesa la credibilidad antes que la primicia.
Los formatos digitales, a los cuales todos los medios deberán acceder más temprano que tarde, plantean una encubierta amenaza a esa calidad periodística. Los gurús informáticos aconsejan la "reconversión". ¿Qué significa? El achicamiento de las estructuras. Ahorrar en mano de obra sumando más tecnología, que incluye la robotización aplicada a numerosos procesos, hoy en manos de personas de carne y hueso. El ventarrón tecnológico nos lleva irremediablemente para ese lado.
Más cosas nos dicen los gurús y sus palabras son tomadas como verdad revelada por gente con poder de decisión en distintos ámbitos de los Estados. Aseguran que las pequeñas empresas editoriales, si quieren salvar sus economías, deben forzar la desaparición del papel, aquel mal augurio que pronosticó Bill Gates anunciando su muerte para el año 2000. Entonces, el achicamiento de estructuras vendrá por una doble vía: por la desaparición del obrero gráfico y por la transformación del trabajo de los periodistas, algunos de los cuales deberán ponerse el traje de SEOs de Facebook y Google.
El gran problema es que estos tipos tienen razón, vista con ojos fríamente empresarios. Una empresa con 20 empleados será más rentable si hace lo mismo con la mitad. Y mucho más deja de utilizar recursos caros y no renovables, como el papel por ejemplo. Mucho mejor es si, además, esos 10 empleados que quedan aplican parte sustancial de su tiempo a la utilización de contenidos patrocinados, a la segmentación del mercado, a la aplicación de los big data o lo que el mañana a la mañana depare en términos de modernidad. Está todo bien y tienen razón. Pero no estaremos haciendo periodismo.
La mala noticia es que sin periodismo no hay ni habrá democracia posible. Nos aproximamos a épocas -en rigor estamos dentro de ellas-, en las que haremos culto de la robotización de todo, hasta de las propias conciencias ciudadanas. Nada hay más fácil de manipular que las conciencias colectivas. Mucho más fácil será agotando el trabajo de los periodistas libres y ensalzando únicamente el de los comunicadores, que también está bien que existan, pero no son periodistas.
Los tiempos modernos amenazan al periodismo que se desarrolla libremente en empresas privadas sanas que, precisamente por ello, pueden garantizar y defender su libertad de trabajo y pensamiento. Como viene el presente, el futuro está el peligro.