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Se calcula que hay un arsenal de 650.000.000 de armas. En Estados Unidos hay más armas que personas. En la antigua Unión Soviética como en China, son incontables pero inmensas. En 2010, Google recurrió a unos algoritmos para determinar el número de libros que había: 129.864.880. A pesar de que han pasado años y de que se habrán publicado miles de nuevas historias y habrá miles de armas, puede afirmarse que hay más armas que libros.
Alba Piñar ha escrito un interesante ensayo al respecto, en el que luego de aludir a varios argumentos, con hechos violentos verídicos, destaca que si los libros fueran armas podríamos entender por qué los totalitarismos se sienten vulnerables ante los escritores y les condenan al exilio o terminan con ellos fusilando sus ideas. Puede que para los dictadores, los libros sean armas de papel cargadas con balas de la libertad, un arsenal dañino para aquellos que ametrallan con la imposición.
Si los libros fueran armas podríamos comprender cómo algunos títulos cargados de odio han ayudado al hostigamiento de algunas razas, religiones o géneros, han disparado rencor y han utilizado las palabras como un ejército frente a hombres desarmados.
Las armas y los libros no son lo mismo, aunque en ocasiones hayan hecho el mismo daño. Porque el dolor que causa sana con el curativo parche de la cultura. Si los libros fueran armas, los desfiles militares exhibirían la fuerza de miles de historias sin bandera, ya que las palabras no tienen dueño, solo intérpretes, no tienen fronteras, solo idiomas. Si lo fueran, qué diferente sería responder al grito de ¡Presenten armas!
Piñar invita a reflexionar, apuntando que cada vez que los libros y la muerte están juntos nos preguntamos qué hubiera podido suceder si sólo pudiéramos defendernos con las palabras. Porque aunque los libros y las armas hayan tenido que convivir, sabemos de qué lado queremos estar, qué estadística queremos romper, qué página de la historia quisiéramos pasar.
Los libros que eran considerados peligrosos solían quemarse, porque el fuego es un arma contra el papel. Ahora ya no se queman libros. Ya no se consideran peligrosos. Se exhiben en librerías como si nada. Tal vez por eso no les hagamos mucho caso, porque un montón de páginas cosidas no puede hacer nada por nosotros, contra nosotros.
Los libros no son armas ni un valor en alza porque parece que para defendernos nos bastan las palabras. Si los libros fueran armas, las bibliotecas contendrían arsenales exhibidos en las estanterías con la misma inocencia que una pistola en la funda o una espada en la vaina. En todos los casos, hace falta una persona con una cierta puntería para darle un buen uso, porque leer sin cuestionarse nada es como no dar en el blanco. Si fuera así, en las bibliotecas nos armaríamos para la vida, repondríamos nuestra primera línea con armas blancas, porque escribir es poner blanco sobre negro.
Si los libros fueran armas, habría países con más libros que personas, porque habría ministerios de defensa que se gastarían millones en armar de historias a unos hombres que ya no se dedicarían a matarse, sino a escucharse unos a otros. Nos sentiríamos a salvo, porque el ambiente olería más a tinta que a pólvora. Pero en el mundo hay más armas que libros y eso es algo que sirve para decirnos qué decisiones tomamos cuando nos sentimos vulnerables, qué preferimos tener en las manos cuando lo demás nos ha fallado.

La causa AMIA tuvo pistas y testigos falsos, pruebas plantadas y dos ramificaciones: el proceso que investiga el encubrimiento del ataque y el que intenta dilucidar de qué manera murió el fiscal Alberto Nisman, cuyo cadáver fue encontrado en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, con un disparo en la sien.
Este año, recordando el atentado que el 18 de julio de 1994 redujo a escombros el edificio de la mutual judía en Buenos Aires y terminó con la vida de 85 personas -entre empleados, vecinos y comerciantes del barrio de Once-, la consigna fue "23 años de impunidad en la historia de todos", y esa palabra fue la que estuvo en boca de todos.
En su discurso, el presidente de AMIA Agustín Zbar mencionó la palabra 'impunidad' quince veces. "La impunidad de los crímenes de lesa humanidad es una pesada carga, inaceptable en el concierto de las naciones libres del mundo. La impunidad, y en esto la causa AMIA es también un triste emblema, destruye la confianza en el sistema de justicia, agrava el daño ya cometido a las víctimas y a la sociedad", dijo.
Zbar alguna vez calificó de "cuchillazo por la espalda" al memorando que el gobierno de Cristina Fernández firmó con Irán para que las autoridades jurídicas argentinas -entre ellas el fiscal fallecido Alberto Nisman- puedan viajar a ese país a indagar a los acusados. Incluso, afirmó que la administración Kirchner "traicionó a la comunidad judía".
Días atrás, AMIA rechazó una propuesta que Irán hizo a través de Interpol, el primer acercamiento desde el frustrado memorando, para llegar a una verdad en forma conjunta. "Poner a disposición de la justicia argentina a los acusados por la voladura es la única instancia posible de colaboración que esperamos de Irán", dijo AMIA en un escrito.
"Hasta ahora, el accionar del gobierno iraní ha demostrado una total falta de compromiso para contribuir a esclarecer el atentado, protegiendo políticamente a los imputados y negando las evidencias. Por otro lado, jamás han contestado ninguno de los exhortos diplomáticos librados en la causa durante años, lo cual evidencia su sostenida falta de voluntad en colaborar con la investigación".
Luis Czyzewski, presidente de una de las agrupaciones que reúne a los familiares de víctimas expresó que "no fue ético ni coherente que durante varios años se haya reclamado en todos los ámbitos posibles que Irán ponga a disposición de la justicia argentina a los imputados en la causa AMIA y que luego se hayan arrodillado ante los que nos agredieron firmando un vergonzoso y absurdo memorando, cuya razón de ser nunca pudo ser explicada coherentemente. Sin que nada racional lo justificara, pasaron del reclamo más firme a besarle los pies a los terroristas".
"Cuando se dijo que el memorando era lo mejor para la investigación, nunca tuvimos respuesta a una pregunta que hicimos: Si era tan bueno para el país, ¿Por qué se negoció en secreto y sin dar intervención a los familiares, como había prometido la entonces presidenta?", manifestó en relación con Cristina Fernández.
Por último, se dirigió al ex canciller del kirchnerismo: "Señor (Héctor) Timerman, hoy está absolutamente claro que el memorando no se negoció en forma conjunta sino que lo impuso Irán y lo aceptó la Argentina. Hoy sabemos que usted le mintió a la AMIA, a la DAIA y a los familiares de las víctimas en la reunión en la que sólo busco confundir y sacarse una foto con los asistentes. También le mintió a los legisladores que trataban el proyecto de ley que aprobó el pacto entre agresores y agredidos".
El jefe de Ministros Marcos Peña, en tanto, manifestó la voluntad oficial de ratificar el "compromiso como gobierno y como personas para que no haya impunidad en esto que ha sido un acto contra la humanidad, como todos los actos del terrorismo. Desde ese lugar se está analizando en el Senado la posibilidad de avanzar en la herramienta del juicio en ausencia, así como la desclasificación de archivos y la digitalización de los expedientes".
Luego de muchos años, la Unidad Fiscal AMIA, la que era dirigida por Nisman, parece avanzar, aunque sea en forma moderada. Semanas atrás avanzó en la hipótesis de un terrorista suicida tras el hallazgo de un ADN hasta ahora desconocido entre los escombros y obtuvo la identidad de la última víctima sin identificar. Resta aún recorrer el largo camino de la justicia completa.

El presidente Mauricio Macri reglamentó este martes la ley que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual. Se trata de una decisión que fue promovida por los ministros de Seguridad Patricia Bullrich; de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano; y el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao.
A través del decreto 522/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, se reglamentó la Ley 26.879, sancionada hace cuatro años, cuya implementación era intensamente reclamada por familiares de víctimas de violadores, en especial desde la organización Madres del Dolor.
En ese marco, se establece que el objetivo fundamental de la política será facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de investigación judicial en materia penal y estén relacionados a delitos contra la integridad sexual de los damnificados.
"Los delitos más aberrantes para la sociedad y las víctimas son los delitos sexuales y las violaciones. Hemos reglamentado la ley y ahora tendremos un Registro Nacional de Datos Genéticos que protegerá a las víctimas y ayudará al esclarecimiento de estos hechos", dijo Bullrich al respecto, asegurando además que "es un paso más en la lucha contra la impunidad en la Argentina".
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Martín Borrelli destacó la importancia de esta base de datos.
"Facilitará el esclarecimiento de hechos que atenten contra la integridad sexual y que, al contar con los datos que recolecten los jueces y remitan al organismo, se conformará una herramienta eficaz para prevenir este tipo de violencia y ofrecer mejores respuestas las víctimas", señaló.
El debate sobre el decreto de reglamentación fue propuesto como uno de los temas a tratar dentro del Programa Justicia 2020.
La norma ordena la creación de una Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que estará integrada por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia y Ciencia y Tecnología. Su misión: coordinar, asesorar y realizar un seguimiento de las tareas necesarias para el correcto uso del Registro, atendiendo todas las necesidades operativas de los organismos involucrados en las diversas jurisdicciones.
Por su parte, el secretario de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Agustín Campero expresó que esta reglamentación "es muy importante ya que viene a saldarse una deuda con las víctimas de este tipo de delitos".
"La reglamentación aborda el tema de manera conjunta y es algo que va a impactar para que haya más justicia", recalcó el funcionario.
Asimismo, en un anexo del decreto se establece que la autoridad judicial que dicte una sentencia condenatoria deberá disponer dentro de los cinco días hábiles de quedar firme la misma, la obtención del perfil genético del condenado, debiendo remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.
Además de señalar a la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, se fijaron pautas para la obtención del ADN de los involucrados. Las mismas serán practicadas del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración el género y otras circunstancias particulares.

Desde diciembre de 2015 a mayo de este año, la cobertura en asignaciones familiares y universales desde la Administración Nacional de Seguridad Social aumentó un 25 por ciento, por lo que los niños y adolescentes protegidos por el Estado pasaron de 7,2 millones a 9 millones.
En particular, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) eran 3,7 millones y ahora 3,9 millones; en tanto, aquellos que reciben una Asignación Familiar pasaron de ser 3,5 millones a 5,1 millones.
"Fuimos a buscar a los chicos que tenían derecho a cobrar la AUH a través de operativos, por ejemplo, en el Impenetrable Chaqueño, que no cobraban la prestación y muchos de ellos se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad", destacó el director ejecutivo de la Anses Emilio Basavilbaso.
Y afirmó que "acompañamos esos operativos y difundimos la importancia de que todos los años se respete la condición de presentar los certificados de alumno regular y de vacunación en regla de cada niño".
"Quiero destacar que realizamos un informe junto con UNICEF, la UBA y la Universidad de La Plata, que demostró que, gracias a la AUH, aumentó la permanencia en las escuelas, sobre todo en niños de 15 y 16 años. Confirmamos entonces que es una política que tiene que respetarse como es: el Estado transfiere el dinero, pero la familia tiene la responsabilidad de que ese niño concurra al colegio y se vacune", declaró Basavilbaso.
El aumento en la cobertura de las asignaciones familiares se logró a partir de una serie de medidas adoptadas por el actual Gobierno nacional, que permitieron que en mayo de este año 9 millones de niños estén cubiertos por las asignaciones familiares y universales.
Entre las medidas más destacadas, se duplicó el tope de ingresos familiares para trabajadores; el tope máximo de ingreso del grupo familiar: es de 73.608 pesos; el tope máximo de cada integrante del grupo familiar es de 36.804 pesos.
También se incorporaron 320.000 hijos de monotributistas, y 40.000 hijos de trabajadores de temporada; y se eliminaron las incompatibilidades de la AUH con otros programas sociales. Y la Anses lanzó, junto al Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social, el plan más ambicioso de ampliación de cobertura y se mejoraron los datos de 800 mil niños.
De esta forma, desde 2009 hasta la fecha, la AUH aumentó de 3,4 millones a 3,9 millones de niños, quienes están percibiendo una prestación de 1246 pesos. El nivel de cobertura de la prestación también fue aumentando (2011: 27,3 por ciento de cobertura; 2012: 25,7 por ciento; 2013: 27,2 por ciento; 2014:27,9 por ciento; 2015: 27,3 por ciento; 2016:28,6 por ciento; y 2017: 30,8 por ciento).
Respecto de los pagos suspendidos por el no cumplimientos de los requisitos del programa, durante este año se interrumpieron 235.779 casos por incumplimiento en la presentación de los certificados de requisitos de salud y educación. Se trata de un procedimiento que se realiza todos los años, en cumplimiento de la ley que crea la asignación.
"Durante el año 2016 se suspendieron 409 beneficios, durante el 2015 350.256 beneficios, durante el 2014 685.867 beneficios, y durante el 2013 se suspendieron 691.443 beneficios, por citar los últimos 5 años", dijeron desde la Anses.
Y recalcaron que en la gran mayoría de los casos, luego de suspendido el beneficio, "se regulariza la situación de incumplimiento y se restituye el pago de la prestación. Por ello es fundamental la presentación del formulario de salud y educación completo ante las oficinas del organismo previsional".

¿Cómo creerle a los políticos? La historia marca que en general han mentido, prometen y no cumplen, algunos se enriquecen con los fondos públicos o se fijan sueldos que para algunos vecinos parecen de "ciencia ficción", y cuando se les da otra cuota de confianza, siempre aparece algo que muestra eso de que "algo debe cambiar para que nada cambie".
Las afiliaciones son clave para la vida institucional de los partidos, ya que definen su personería jurídica. Según la ley, para que sean reconocidas, las agrupaciones deben presentar una cantidad de adhesiones que sea "no inferior al 4% del total de inscriptos en registro de electores del distrito correspondiente". En los últimos días, incontables ciudadanos aparecieron enrolados en alguna fuerza, sin su consentimiento. En 25 de Mayo, por ejemplo, hay varios casos.
La Justicia Federal con competencia Electoral de La Plata destacó que están recibiéndose más de 300 denuncias por afiliaciones truchas a partidos políticos. La mayoría de los denunciantes son en su mayoría integrantes o aspirantes a integrar fuerzas de seguridad, quienes arriban al Juzgado Federal 1 de la Plata ubicado en el edificio de 8 y 50, luego de constatar a través de una página del gobierno que fueron afiliados a un partido político sin su consentimiento.
"Aparecen muchos partidos políticos con denuncias por estas afiliaciones compulsivas, gente que nunca dio sus datos para ninguna adhesión partidaria y cuando consultan en la Cámara Nacional Electoral aparecen afiliados", destacaron de la Justicia Federal.
Las afiliaciones son presentadas por los apoderados de los partidos políticos, que entregan en la Justicia fichas con nombre, domicilio y número de documento, datos que en los casos que se denuncian habrían sido falsificados.
De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, en la Argentina hay 32.821.697 electores y, de ellos, ocho millones están afiliados a algún partido; lo que hace el 25 por ciento de acuerdo con información del Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos. Es decir que de cada cuatro votantes, uno está afiliado a un partido político, con la salvedad que en algunos casos no lo sabe y fue inscripto sin su consentimiento.
El partido que tiene mayor cantidad de afiliados es el, con el 3.620.375 de inscriptos, lo que representa al 10 por ciento del total de electores. Luego
está la Unión Cívica Radical 2.046.821 de afiliados, y entre las fuerza con menos figura el Movimiento Al Socialismo con 8.202, menos del 0,1% del total.
El único sitio donde se puede consultar si se está afiliado a un partido político "de prepo", colapsó. Pero una de las situaciones más graves la viven quienes pertenecen a la policía o alguna fuerza de seguridad, ya que tienen prohibido pertenecer a un partido y el sólo hecho de aparecer los podría dejar sin su trabajo.
Para averiguar la situación la persona debe ser paciente, porque son muchas consultas en simultáneo. El sitio dejó de funcionar cerca de las 21 del jueves y apareció el mensaje de "servicio no disponible", ya se reactivó por momentos dada la avalancha de consultas es posible que "esté caído" cuando se quiera usar.
El Código Penal en su artículo 293 señala que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio". Debería la Justicia hacer todo para dar con los responsables y que sean condenados, sobre todo por la gravedad que implica que fuerzas que quieren gobernar o tener representantes legislativos, apelen a este accionar. ¿Cómo creer si hasta para contar con afiliados burlan la ley?