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31 Ene

Memoria histórica

La memoria histórica sigue causando graves problemas al Gobierno nacional. El último sábado el presidente Mauricio Macri tuvo que dar marcha atrás en su decisión de cambiar el feriado del 24 de marzo, día en que se conmemora el golpe de Estado de 1976, al lunes 27.
Y el domingo un funcionario muy cercano al mandatario reavivó la polémica sobre el número de desaparecidos y la dureza de la represión. Fue el actual titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, repuesto en su cargo en octubre luego de que quedaran sin efecto denuncias de corrupción en su contra, el que volvió a provocar la indignación de los organismos de derechos humanos.
Gómez Centurión negó que la Junta Militar desplegara en el país un plan sistemático de robo de bebés y cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos. “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”, aseguró en “Debo Decir”, programa de televisión que conduce el periodista Luis Novaresio por América.
La cifra de 30.000 es la aceptada por todas las organizaciones pero periódicamente alguien discute que en realidad solo hay confirmación de 8.000 en las investigaciones judiciales durante la democracia.
Cabe recordar, Darío Lopérfido, otro alto cargo de la gestión macrista, dimitió como ministro de Cultura de Buenos Aires el año pasado después de poner en cuestión esa cifra de 30.000 desaparecidos. Pero Gómez Centurión fue mucho más lejos.
Otra invitada, la periodista Romina Manguel, habló del “plan sistemático” de represión de la dictadura, y él también puso en cuestión eso. “Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra”, dijo.
“En tu visión militante vos estás diciendo que fue un plan genocida y yo no comparto esa visión de la historia”, le contestó a Manguel cuando esta lo interpeló. “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.
“La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia», reconoció el titular de la Aduana, «el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue terminante en pedir su dimisión. “Hay que sacarlo de la gestión», reclamó. «Espero que el Presidente tome medidas porque la sociedad lo va a repudiar”, agregó la mujer, principal sostén en la lucha para la recuperación de los nietos apropiados por militares y allegados a la junta que gobernó el país desde 1976 a 1983.
“Queremos trabajar en lo que estamos haciendo que es el encuentro de los nietos, a ver si en vez de decir estas pavadas nos ayudan a buscarlos”, reclamó Carlotto.
Lo cierto es que la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación aclaró ayer que no comparte las consideraciones expuestas por Gómez Centurión. El organismo que conduce Claudio Avruj indicó que esas opiniones “son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno, puesto que es esta Secretaría la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza”.
Y así como señalaron que el 24 de marzo de 1976 “marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando”, señaló el Gobierno que “nos parece acertado discutir la verdad de los números porque no mitigan la dimensión de la tragedia. 30 mil desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible”.