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El Concejo Deliberante, en su última sesión, y por iniciativa de la bancada de Unidos por una Nueva Alternativa (Frente Renovador), insistió en pedirle al intendente Hernán Ralinqueo que informe los motivos por los cuales no se implementó el estacionamiento medido.
El sistema se preveía incluso en la ordenanza fiscal e impositiva desaprobada el año pasado, pero más allá de eso nada se hizo desde la Comuna para instrumentarlo.
Aunque tuvo voces a favor y en contra, el proyecto normado tendía a organizar el estacionamiento, dado que de lunes a viernes, sobre todo de mañana, es imposible encontrar un lugar en calles céntricas, generalmente a raíz de la cantidad de vehículos dejados -en casos por más de seis horas-, por quienes se desempeñan en oficinas públicas.
Por tanto, no hay más que probar para poder afirmar si la idea fue positiva o no.
Aunque se esperaba que su puesta en marcha demandara tiempo, nadie imaginó que fuese tanto. Hace más de un año fue aprobado para aplicarse en calle 8 desde 27 a 30, en 9 de 25 a 34, en 10 de 25 a 32, en 11 de 27 a 29, en la 26 de 9 a 10, la 27 y la 28 de 8 a 11, en calles 29 y 30 de 8 a 10, y en la 31 y la 32 de 9 a 10, de lunes a viernes de 9 a 15 horas, con excepción de los sábados, domingos y feriados nacionales.
Estipuló el Concejo que la tarifa horaria del estacionamiento equivaldrá a un porcentaje del precio de un litro de nafta súper informado por el Automóvil Club Argentino, pudiendo los usuarios acceder a un abono mensual que fijaría el Ejecutivo municipal.
El sistema tiene su costado "solidario", puesto que como lo anunció el propio Intendente antes de tratarse el proyecto en el Deliberativo, de lo recaudado el 70% de los ingresos se otorgará en forma de subsidio a la Liga Venticinqueña de Futbol, con cargo para el sostenimiento del futbol infantil, y el resto la Municipalidad lo usará para gastos administrativos, indumentarias e instrumentos para el personal afectado al sistema, la realización de cursos sobre educación vial, y comprar elementos para mejorar y facilitar el tránsito de la ciudad.
El sistema de cobro puede realizarse a través de comercios habilitados por lo que la Intendencia podría celebrar convenios con comercios, empresas de cobranza, bancos públicos y/o privados y entidades.
Una vez definido el sistema tecnológico a utilizar, harán el control agentes municipales de tránsito, quienes estarán facultados para labrar el acta de infracción.
Se exceptuó del pago a los vehículos de la Policía Provincial, Federal, Local y Tránsito, Bomberos Voluntarios, ambulancia y hasta un vehículo por medio de prensa, debidamente identificados, las personas discapacitadas y el cortejo fúnebre durante el lapso del responso en la Parroquia; y a los frentistas propietarios o locatarios de inmuebles destinados a vivienda familiar ubicados dentro del área que no posean garaje, que deberán requerir a la Comuna la oblea de libre estacionamiento.
Y los frentistas que posean garaje tendrán estacionamiento libre y gratuito en ese espacio, pero identificando el dominio de los vehículos a estacionar.
Todo está previsto por la ordenanza. Sin embargo, transcurren los meses y el Gobierno municipal no avanza. Y además, ni siquiera alude al tema. Es extraño, sobre todo cuando el proyecto nació de su seno.

A más de cuatro años de la sanción de la ley que regula las paritarias, la situación de los trabajadores municipales sigue siendo crítica en cuanto a salarios, ascenso y estabilidad laboral. Es que, según una medición gremial, sólo 54 de los 135 distritos se ajustaron a la norma.
La ley 14.656 reglamenta las paritarias locales y fomenta la creación de convenios colectivos. Sin embargo, pese a haber sido sancionada a fines de 2014 (y contar con vigencia total desde mediados de 2016) sigue sin saldar las deudas que arrastran los empleados locales en la mayoría de los distritos, en cuanto a condiciones de trabajo y salario. Tal como informó Extra que edita nuestra agencia Dib, según una medición de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), 81 de los 135 partidos no cuentan con convenios colectivos.
El incumplimiento de la norma no discrimina color político: 40 casos corresponden a Cambiemos, 33 al peronismo, 6 al massismo y 2 al vecinalismo, precisa un informe de Manuel Tejo, de Dib. Los gremios explican que la falta acuerdos colectivos no permite avanzar con las carreras municipales y en la conformación de ámbitos para discutir salud y seguridad laboral, y que genera negociaciones "informales" en las que se puede excluir representaciones.
"En algunos casos entramos más de un sindicato, en otros no y a veces se dan aumentos casi por decreto", dijo German Molinger, responsable de municipales de ATE bonaerense.
En este contexto, en algunos distritos, como el caso de Tandil, los sindicatos locales ya han avanzado con intimaciones al Ejecutivo para exigir que se firmen los convenios. FeSiMuBo facultó recientemente a su Concejo Directivo para realizar denuncias contra los intendentes ante el Ministerio de Trabajo y por "incumplimiento del funcionario público" ante la Justicia.
Además, en muchas comunas en donde sí se han acordado convenios, los intendentes los desconocen. Por el lado del oficialismo, uno de los casos destacados es el de Mar del Plata (General Pueyrredón). "Hay un convenio firmado e incumplido por el intendente (Carlos) Arroyo. Hemos pedido al Ministerio de Trabajo que actúe como órgano convocante y moderador en este conflicto", señaló el titular de FeSiMuBo, Rubén García.
Situaciones similares fueron detectadas en los distritos peronistas de Esteban Echeverría y Merlo, gobernados por Fernando Gray y Gustavo Menéndez. Caso aparte La Plata, donde el Ministerio de Trabajo decidió suspender el acuerdo firmado entre el intendente Julio Garro (Cambiemos) y el titular del Stmlp, Darío Alfano, ya que excluía al Sindicato de Obreros y Empleados (Soemlp).
Entre los empleados estatales, los salarios siguen siendo de los más bajos. Desde el sector gremial, aseguran que el salario básico varía entre 6.500 y 18.000 pesos.
García apuntó a que existe una "una cultura de flexibilización para con los municipales" que se arrastra de la década del 90 cuando "no había paritarias obligatorias" y el "80% de los municipios tenían contratos basura de todos sus trabajadores. Quedó como una costumbre y ahora se niegan a cambiar, pero no es facultad de un solo color político".
Otro tema que preocupa a los municipales es la aplicación del Pacto Fiscal que promueve Vidal para las administraciones por el que la Provincia "premia" las medidas de "ahorro". La iniciativa recomienda que la contratación de nuevo personal (tanto en planta permanente, temporaria y contratada) no supere el crecimiento poblacional, tomando como base la situación al 31 de diciembre de 2017. Para los gremios, ese ítem genera un límite a la ley de Paritarias que plantea que "en ningún caso el total de los contratados podrá superar el 20 % de la planta permanente" por lo que propone la "disminución proporcional anual" de ese porcentaje.

La inflación se mantiene en lo más alto del ranking de las preocupaciones de los argentinos, tal un reciente estudio de opinión elaborado por las consultoras Taquión y 3puntozero sobre 1.632 casos.
Según la investigación, que difundió Ambito Financiero, casi 22% de los encuestados cree que la suba del costo de vida es el "principal" problema del país. En segundo lugar se ubicó la inseguridad, con el 19% de las respuestas.
Con poco más de 14%, la corrupción ocupa la tercera posición palmo a palmo con la pobreza, otro de los graves flagelos de la Argentina.
La quinta colocación fue para educación y recién en sexto lugar aparece el desempleo, con 12%. Los temas que los argentinos consideran menos importantes son los vinculados al transporte público (1,2%), la vivienda (0,8%) y el medio ambiente (0,4%). El cuestionario telefónico fue realizado a mayores de 16 años de todo el país, entre el 28 de marzo y el 4 de abril pasados, y tiene un error muestral de 2,4%.
Está claro que lo más perjudicial de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Es una de las características más claras de los problemas de la economía y es comprensible porque trae distorsiones que hacen que la gente empiece a sentir que no gana lo suficiente. "Los cambios que son producto de la inflación, como los ajustes salariales generalmente tienen defasajes y el salario queda atrasado, y eso genera mucha preocupación", explicó Taquión.
Para la consultora, el segundo principal problema también deviene del manejo económico: "La economía de bolsillo es lo que termina generando problemas para la gente y eso impacta en la inseguridad, porque mucha gente termina volcándose ahí cuando no tiene salida".
Estos dos flagelos se alternan en el podio de las preocupaciones. La inseguridad se mueve en la opinión pública en base a determinados casos, pero hoy la inflación le gana.
Solo el Gobierno tiene la llave para destronar a la inflación. Debe controlarla y poder trasmitir a la población una sensación de confianza, que es el primer elemento que termina de derruir la inflación, más allá los elementos técnicos. "Hay una parte de lo construido a través de la sociedad que empieza a demostrar que hay bases muy lábiles para la confianza: casi 60% no creen en ningún de los representantes y la inflación es una expresión de eso", sentencian desde Taquión.
La falta de confianza en los gobernantes también quedó reflejada cuando se midió la credibilidad en los "referentes". Los más creíbles son los periodistas, con apenas 12,4% del total, un porcenteja que también mermó. Luego vienen los dirigentes políticos (8,6%), las autoridades religiosas (6,5%), los conductores de televisión (5,7%), los empresarios (3%) y últimos los jueces, con 1,8%. El 53,6% de los argentinos no cree en ninguno de todos ellos.
La crisis de representación también se ve en el resultado obtenido tras preguntar ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase todos los políticos son mentirosos"? El 59% respondió bastante o muy de acuerdo.
Entre la desconfianza a los gobernantes, a las opciones políticas y la inflación, está claro que el humor no es el mejor en Argentina, además de que el pensamiento en el mañana no es muy positivo.

Con un objetivo superador y reparador, se presentó en la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de ley que establece una reparación económica de pago mensual para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad víctimas colaterales de femicidios.
La iniciativa contempla a los jóvenes que continúan con su educación, en consonancia con el alcance del derecho alimentario conforme la normativa del Código Unificado Civil y Comercial; superándose la visión biologicista cuando habla del autor del delito, para extenderlo no sólo al progenitor de las víctimas sino cuando la autoría proviene de cualquier persona en un contexto de género, poniendo así el acento en la víctima que queda desprotegida, evitándose situaciones desiguales producto de un mismo hecho, cuando ya se encuentra consagrada la igualdad de derechos entre los diversos tipos filiales.
Como bien sostuvo la diputada Sandra París, que organizó el encuentro, la visión de la cuestión de género nos involucra a todos, golpeando los mismos cimientos de la sociedad. La violencia de género implica la violación de un derecho humano fundamental como es el derecho a la vida, la libertad, y la igualdad ante la Ley.
En ese sentido, es de esperarse la aprobación del poyecto de Ley, sin banderas políticas, en el entendimiento que es un acto más para afianzar la democracia, y el pleno goce de los derechos.
La iniciativa contempla la figura del femicidio incorporada al Código Penal por la Ley Nº 26.791 del 2012. Entre otros puntos, como expuso Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, crea un régimen de reparación económica de pago mensual y hasta los 21 años de edad, para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que hubieran sido víctimas colateral de femicidio por hechos de violencia de género producto del cual hubieran quedado huérfanos de madre.
Prevé que la reparación económica subsista hasta los 25 años, si los beneficiarios acreditan la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio y no cuentan con los medios necesarios para sostenerse independientemente. En tanto, el beneficio será vitalicio en el caso de que la víctima colateral sea una persona con discapacidad.
Los beneficiarios de la prestación tendrán derecho a que la Provincia les proporcione asistencia psicológica y médica a través de IOMA.
Además, la reparación es compatible con la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, pensiones de las que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean beneficiarios, alimentos que perciban por parte de alguno de sus padres u otro familiar y/o cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.
El monto del beneficio será equivalente al sueldo básico para la categoría inferior del agrupamiento administrativo del régimen para el personal de la administración pública
Según el proyecto, se tendrá derecho a la reparación aunque el Femicidio o la condena hayan ocurrido con anterioridad a la sanción de la misma. En estos casos no se podrán percibir importes correspondientes al período transcurrido entre el femicidio o la condena y la entrada en vigencia de la norma.
En buenahora todos los bloques coincidan en la importancia del tema y se muestren comprometidos a tratar la iniciativa. El femicidio no es un tema de mujeres sino de toda la sociedad, a la que se construye entre todos.

Libertad de expresión no sólo es poder decir lo que se piensa, sino poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. También es que existan medios para poder ejercerla. Afortunadamente, como expuso Adepa en su informe sobre libertad de prensa durante su asamblea, en el país se ha dejado atrás una política de confrontación oficial contra el periodismo independiente, retornándose a una lógica de normalidad en la relación entre la prensa y el poder político. El diálogo oficial con los periodistas, las conferencias de prensa, la Ley de Acceso a la Información Pública, la distribución más equilibrada de la pauta estatal, son entre otras, prácticas que están en la senda correcta.
No obstante, así como se observa una positiva evolución en las dos primeras premisas que se requieren para una efectiva vigencia de la libertad de expresión (decir lo que se quiere y hacerlo sin sufrir consecuencias), sigue pendiente el tercer requerimiento: cómo contribuir a preservar la sustentabilidad de un actor de la democracia que está llamado a cumplir un rol social e institucional del cual el Estado no puede desentenderse.
Los medios gráficos fundamentalmente -también los digitales- nos enfrentamos a la incertidumbre respecto de la ecuación económica de un modelo en el que quienes producen los contenidos -quienes financian el trabajo periodístico- no participan proporcionalmente de los ingresos que genera el tráfico digital ni ven recompensada de manera justa la propiedad intelectual de esos contenidos.
Vemos cómo redes e intermediarios globales no sólo concentran el enorme flujo de ingresos de una audiencia que los medios contribuimos en gran medida a generar, sino que llegan a convertirse en árbitros del acceso a esos contenidos por parte de los usuarios. Hablamos de jugadores que no son meras empresas tecnológicas: son la vía de acceso a Internet de millones de personas.
En este nuevo paradigma, los medios de prensa, siguen cumpliendo un rol relevante en la conversación pública y en la identificación de cuestiones centrales de la agenda, con investigación de los asuntos de interés público, búsqueda de información ponderada que trascienda la propaganda y el análisis con valor agregado de la realidad. Son facilitadores de un debate público enriquecido, sintetizadores de la agenda ciudadana, vehículos de información calificada, contribuyentes a la pluralidad de opiniones.
Son, además, soportes de identidad cultural y lingüística, herramientas de educación no formal e instrumentos de integración social. Por eso la prensa continúa siendo una institución que ayuda a fortalecer la calidad de la democracia. Permite una comunicación más equilibrada entre gobernantes y gobernados, ayuda a controlar los desvíos del poder y contribuye a que las discusiones públicas sean más argumentadas y, por ende, más productivas.
Lejos de estar en decadencia o en retroceso, esa función hoy se potencia por efecto de lo digital. Y está bien. Pero, resta que ese patrimonio intangible pueda ser valorado y apoyado por las políticas públicas, no en función de su adhesión ideológica a un gobierno de turno, sino de su valor institucional y estratégico. Como ocurre en muchos países del mundo, que por ejemplo, quitan impuestos a la venta de diarios y revistas.
En Argentina, todo lo contrario. Mientras se desataba la tormenta digital, a diarios y revistas se nos anulaba la histórica desgravación del IVA al precio de tapa, o nos reducían la publicidad, incluso en favor de actores internacionales. Esa situación se agrava para los medios periodísticos locales, en su mayoría Pyme como el nuestro, que hacen un esfuerzo y trabajan a pérdida o empatando para seguir sirviendo con información propia a sus comunidades. Medios que son además, en muchos casos, la principal fuente de trabajo para los periodistas en sus lugares de origen. Otro argumento para contar con un régimen apropiado y específico, como ocurre con otras industrias estratégicas.