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La gobernadora María Eugenia Vidal quiere tener rápidamente leyes que considera claves para su tercer año de gestión. Por eso, el oficialismo bonaerense en la Legislatura buscará cerrar 2017 con la aprobación de varias iniciativa, y pese a ostentar un número mayor tras el recambio parlamentario deberá afinar el lápiz para dar curso a trámites complicados.
En un sprint final sin antecedentes inmediatos, Cambiemos buscará compensar un año con pocas sesiones con una seguidilla de tres en las próximas tres semanas. El objetivo es aprobar los cambios en la Ley de Ministerios para habilitar el "recorte político", la adhesión bonaerense a la nueva ley de ART, el fin de las jubilaciones de privilegio y la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas para los legisladores.
El oficialismo cuenta desde la semana pasada con una posición de mayor fortaleza para abordar estas cuestiones, pero aun así, en algunos casos requiere de una mayoría compuesta (dos tercios de los votos), un número del que está muy lejos en Diputados.
El trámite que aparece más complicado es el de la modificación a la Ley de Ministerios. Las modificaciones, que apuntan a ahorrar unos 500 millones de pesos a partir de la eliminación de 220 cargos políticos, son resistidos por los gremios estatales, quienes advierten que la fusión y el traslado de áreas podrían hacer perder beneficios salariales a los trabajadores.
Este reclamo alertó a las bancadas opositoras, que piden un minucioso debate sobre cada cambio y adelantan quejas por el poco tiempo de debate, ya que el proyecto recién ingresaría entre el lunes y el martes próximo.
Frente a este panorama, las autoridades de ambas cámaras sospechan que deberán convocar a sesiones el 14 (ya confirmada), el 21 y el 28 de diciembre, algo poco común en el parlamento bonaerense. Una opción que maneja Cambiemos es pedir el próximo jueves su tratamiento "con o sin despacho" para la siguiente sesión, de modo de poder aprobarla con mayoría simple.
Otro trámite que resultó complicado para el Ejecutivo es el de adhesión a la ley nacional de ART. Aprobada en Diputados por amplia mayoría, el proyecto se estancó en el Senado a raíz del rechazo del peronismo y el massismo (que, llamativamente, le dio impulso en la cámara baja).
La Ley, pedida directamente por el presidente Mauricio Macri al considerar que ayudará a reducir los costos laborales, pretende desalentar los juicios laborales por accidentes, al convertir en obligatoria la actuación de las comisiones médicas, una instancia que hasta el momento era optativa, puesto que los trabajadores, ante un accidente, podían recurrir directamente a la Justicia.
El Senado convocaría a una sesión especial para este jueves por la mañana, con la intención de tratar solo ese expediente. En Cambiemos aseguran contar con los dos tercios para aprobarla, pero para ello debieron haber convencido a dos sectores que hasta ahora se mostraron esquivos: el "bloque de los intendentes", presidido por Darío Díaz Pérez, quien la rechazó varias veces este año; o el Frente Renovador, que también aportó a la negativa. El kirchnerismo, en la voz de su nueva presidenta, Teresa García, ya ratificó su rechazo.
Con pocos días de ruedo, el nuevo bloque de Unidad Ciudadana ya se mostró muy activo en contra de las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, la posición dominante de Cambiemos (está a dos votos de los dos tercios) convierte esta posición casi en "testimonial".

El periodismo se ejerce en las pequeñas empresas radicadas en el interior profundo del país está hace unos cuantos años en seria amenaza de extinción. "No es un fenómeno nuevo, pero en los últimos tiempos y a caballo de los cada vez más rápidos cambios que imponen las nuevas tecnologías, la cuestión ingresó en una pendiente pronunciada cuyas consecuencias, todavía no del todo mensuradas, se verán a corto plazo, afirmó en una columna Víctor Agustín Cabreros , director de La Mañana de Bolívar y presidente del grupo Dib que integramos. Su reflexión grafica la difícil realidad, por lo que, abreviado, su pensamiento se convierte en nuestro editorial: Las redes sociales activan una suerte de "periodismo ciudadano" en el marco del cual, con el único recurso de poseer un teléfono celular con acceso a Internet, los usuarios nos sentimos intérpretes calificados de cuanto sucede. Opinamos, discutimos, confrontamos y apostrofamos con pretensión de verdad de todos los temas, calificando y descalificando sobre la única base de nuestras propias sensaciones o intereses. Esas calificaciones podrán, por lo tanto, cambiar rápidamente apenas cambien las sensaciones o la afectación de intereses personales que le dieron origen. Está muy bien que esto suceda y, al fin de cuentas, nada importa si está bien o mal a fuerza de ser inevitable. Pero no es periodismo.
En paralelo, las pequeñas empresas editoriales -especialmente las que editan diarios en formato papel- están siendo bombardeadas en sus propias bases de sustentación. Son estas empresas y no otras las que cobijan el escaso periodismo al que le interesa la credibilidad antes que la primicia.
Los formatos digitales, a los cuales todos los medios deberán acceder más temprano que tarde, plantean una encubierta amenaza a esa calidad periodística. Los gurús informáticos aconsejan la "reconversión". ¿Qué significa? El achicamiento de las estructuras. Ahorrar en mano de obra sumando más tecnología, que incluye la robotización aplicada a numerosos procesos, hoy en manos de personas de carne y hueso. El ventarrón tecnológico nos lleva irremediablemente para ese lado.
Más cosas nos dicen los gurús y sus palabras son tomadas como verdad revelada por gente con poder de decisión en distintos ámbitos de los Estados. Aseguran que las pequeñas empresas editoriales, si quieren salvar sus economías, deben forzar la desaparición del papel, aquel mal augurio que pronosticó Bill Gates anunciando su muerte para el año 2000. Entonces, el achicamiento de estructuras vendrá por una doble vía: por la desaparición del obrero gráfico y por la transformación del trabajo de los periodistas, algunos de los cuales deberán ponerse el traje de SEOs de Facebook y Google.
El gran problema es que estos tipos tienen razón, vista con ojos fríamente empresarios. Una empresa con 20 empleados será más rentable si hace lo mismo con la mitad. Y mucho más deja de utilizar recursos caros y no renovables, como el papel por ejemplo. Mucho mejor es si, además, esos 10 empleados que quedan aplican parte sustancial de su tiempo a la utilización de contenidos patrocinados, a la segmentación del mercado, a la aplicación de los big data o lo que el mañana a la mañana depare en términos de modernidad. Está todo bien y tienen razón. Pero no estaremos haciendo periodismo.
La mala noticia es que sin periodismo no hay ni habrá democracia posible. Nos aproximamos a épocas -en rigor estamos dentro de ellas-, en las que haremos culto de la robotización de todo, hasta de las propias conciencias ciudadanas. Nada hay más fácil de manipular que las conciencias colectivas. Mucho más fácil será agotando el trabajo de los periodistas libres y ensalzando únicamente el de los comunicadores, que también está bien que existan, pero no son periodistas.
Los tiempos modernos amenazan al periodismo que se desarrolla libremente en empresas privadas sanas que, precisamente por ello, pueden garantizar y defender su libertad de trabajo y pensamiento. Como viene el presente, el futuro está el peligro.

25 de Mayo se ha convertido en uno de los focos de población creciente de ardillas de vientre rojo, que ya pueden considerarse una plaga que genera inconvenientes e importantes pérdidas en la producción agropecuaria.
El tema es relevante, porque de no tomarse medidas el número de animales crecerá y avanzarán incluso a la ciudad, porque no están lejos, pues hay decenas en la Estación Forestal INTA y en estancias de la zona de Blas Durañona. Atendiendo la problemática, se han desarrollado desde hace más de un año varias reuniones con participación del Inta, la Sociedad Rural de 25 de Mayo, la Cooperativa Eléctrica Zona Sur, el Gobierno municipal y el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, con su proyecto «Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)».
Evaluada la situación por profesionales de esa cartera, instrumentaron acciones de manejo de los focos de invasión de ardillas, pero es necesario desarrollar instrumentos legales acordes, y en 25 de Mayo, como ya apuntó La Mañana en más de una oportunidad, debería generarse una ordenanza que permita su combate, como existe dentro de la Comisión de Lucha Contra las Paglas, que tiene presupuesto, con la cotorra y la acacia negra.
La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) es una especie originaria del sudeste de Asia que fue introducida con fines ornamentales en Luján hace 50 años, logrando establecerse e invadir, amenazando la biodiversidad, la salud, la producción y los servicios.
Este roedor silvestre se expande de manera exponencial de la mano de las personas que la trasladan a nuevos sitios por considerarla atractiva. Así se crean nuevos focos de invasión y se acelera su expansión en ambientes urbanos y rurales de la Argentina.
Según estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población de esta ardilla supera los cien mil individuos e «invaden» más de 2.200 kilómetros cuadrados, y alcanza quince partidos de la provincia, y otros en Córdoba y Santa Fé.
Introducida en 25 de Mayo, la población se multiplicó en la zona de Blas Durañona, encontrando en la Estación Forestal INTA un ámbito inmejorable para su reproducción.
Al encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir y reproducirse, su abundancia aumenta y generan diversos daños. En lo atinente a la salud, al igual que otros roedores silvestres pueden transmitir a las personas
parásitos y enfermedades tan graves como la leptospirosis. La estrecha cercanía de esta ardilla con el hombre y sus animales domésticos resalta la necesidad de generar conciencia acerca de las zoonosis que puede transmitir», explicaron desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional.
Además, las ardillas exóticas causan impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, afectando especies vegetales y actuando como predador o competidor de la fauna silvestre. Entre las amenazas potenciales se encuentra el hecho de que pueden afectar a la diversidad de aves y podrían afectar a las ardillas nativas.
Entre los efectos en la producción, consumen de una gran variedad de frutos y semillas afectando plantaciones comerciales y familiares, y la especie descorteza árboles favoreciendo que el tronco o las ramas se sequen, se infecten de hongos, y disminuya la calidad de la madera destinada a la producción forestal. El gran problema del Inta en 25 de Mayo.
También rompen sistemas de riego, afecta varios cultivos y la producción avícola, roen cables de electricidad, televisión, telefonía y transformadores eléctricos.
La clave está en prevenir su expansión, para limitar la captura, tenencia, traslado y liberación de ardillas.
La tenencia responsable de mascotas incluye saber qué tipo de animales de compañía se pueden tener. En este caso, vale considerar que la ardilla no es una mascota ni un adorno y que todos podemos ayudar a frenar su expansión para proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas, la salud y la producción.

06 Dic

Soldados con nombres

Publicado en Editorial

Documentos, cartas, alguna chapa identificatoria y un reloj de pulsera con sus agujas clavadas a las 12.50 de un día cualquiera. Esas son algunas de las pertenencias de los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas que fueron encontradas en el cementerio de Darwin, en las islas.
Así concluye la primera parte de un histórico trabajo de exhumación hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que contrastó los cuerpos con el material genético de 107 familiares.
Diez minutos para las 13. A esa misma hora, pero de ayer, los primeros ocho grupos convocados por la secretaría de Derechos Humanos argentina reconocieron a sus familiares y cerraron un capítulo crucial en su vida. "Gracias a Dios pudimos cerrar esta herida que tenemos hace 35 años. Mi hijo está bien porque está con el Señor en la gloria. Me voy contenta", se emocionó María Inés Romero, madre del soldado Macedonio Rodríguez.
Fueron 649 los soldados argentinos que murieron en el conflicto bélico, desatado tras la ocupación que la dictadura militar operó en el territorio controlado por los británicos, en 1982. Sin embargo, y durante años, 122 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin no habían sido identificados. Los nombres y apellidos de los "Soldados Argentinos solo conocidos por Dios" -como reza en las placas de cada nicho- comienzan a saberse. O al menos algunos de ellos.
Los trabajos comenzaron en julio y en poco menos de dos meses, la Cruz Roja terminó la exhumación de 122 cuerpos enterrados en 121 tumbas, de las 230 que hay en total. Unas 107 familias aportaron material genético y dieron su consentimiento para que esos perfiles fueran analizados en Ginebra. Finalmente, se logró identificar 88 cuerpos.
El cabo primero Darío Rolando Ríos, caído en combate a los 19 años, fue otro de los jóvenes mal alimentados y vestidos casi con harapos que lucharon contra dos enemigos mucho más fuertes que ellos: los ingleses y las bajas temperaturas.
Su hijo, Pablo Darío, pasó los últimos 15 días casi en vela. "Se me va a salir el corazón", le dice a María Fernanda Araujo, presidenta de la comisión de familiares. El joven espera su turno con ansiedad para recuperar la alianza que su padre llevaba en su mano.
"Estamos muy ansiosos y somatizando", reconoció Araujo. Ella pudo saber que su hermano, el soldado clase 1962, Elbio Eduardo Araujo, fallecido en la batalla de Monte Longdon, está en Darwin, y de allí no lo moverán. "Quedará ahí para la perpetuidad, para que el mundo entero sepa que por ahí pasaron un puñado de hombres para recuperar algo que nos corresponde, por hecho, por derecho y por historia. El cementerio es el único bastión de soberanía que nos queda, por eso tienen que quedarse".
"Mi hermano hacía el servicio militar y estaba a punto de dar de baja", recuerda Norma Gómez, otra de las presentes. "Un día, mi tío recibió una carta suya donde decía que cuidara de mi mamá, mi abuela y mi hermanito, que cuando volviera le iba a pagar, y nunca más supimos de él. Tenía 19 años". La tarea de la Cruz Roja le permitió saber a Norma y a la familia entera que el cuerpo enterrado en la parcela B 419, del lado Oeste del campo de paz, es el de Eduardo Gómez, hermano de Norma y un ser "muy especial, muy luchador".
"Como todos mis hermanos, Edu me ha malcriado y por él es que no sé cuánto es 2 + 2, ya que me hacía toda la tarea de la escuela, me vestía en la cama para llevarme a la escuela y me alzaba en andas para que yo no pisara las heladas. Fue todo para mí", se emociona la mujer.
"Estoy un poco más tranquila. Esto significa cerrar un poquito la etapa de todos estos años, pero no significa que uno va a elaborar el duelo. El duelo va a ser permanente. El no verlo morir no se puede elaborar, porque él salió del Chaco con muchas energías y fuerzas. Estoy orgullosa de que fue y murió por nuestra bandera, como nos han enseñado en la familia y en la escuela".

La condena a cadena perpetua de varios responsables de los tristemente célebres vuelos de la muerte constituye un importante acto de justicia y a la vez es demostración práctica del porqué toda democracia -en este caso la argentina- debe perseguir incansablemente los crímenes contra la humanidad para evitar que queden impunes.
El macrojuicio celebrado en Buenos Aires -el mayor de la historia de este país- ha demostrado sin lugar a dudas la participación de 29 de los acusados en un cruel y sistemático exterminio de personas ejecutado durante la última dictadura militar (1976-1983).
Cada miércoles, presos políticos a cuyas familias no se informaba siquiera de su condición de detenidos, eran drogados, desnudados e introducidos en aviones de carga desde los que, a gran altura, eran arrojados vivos al mar. El juicio ha demostrado 789 casos, pero por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires pasaron alrededor de 5.000 personas de cuya inmensa mayoría no se ha vuelto a saber nada. La espeluznante cifra de desaparecidos de la dictadura ronda los 30.000, y no podemos olvidar que entre ellos se encuentran también ciudadanos de otros países.
En los 40 años transcurridos desde los asesinatos se han dado todo tipo de circunstancias que han hecho creer justificadamente a los familiares de las víctimas y a todos los demócratas argentinos que jamás verían a los responsables de estos crímenes rendir cuentas ante la justicia. Además de que algunos de los culpables murieron en este periodo, las leyes de Obediencia Debida (1987) y de Punto Final (1986) constituyeron un golpe durísimo porque permitían que quedaran impunes los ejecutores materiales de los crímenes. Es de justicia reconocer al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) su empeño en corregir esta situación al lograr que el Congreso argentino otorgase rango constitucional a la Convención de la Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y derogara las polémicas leyes.
Con esa puerta abierta, la Justicia argentina ha podido investigar y realizar un proceso que ha durado cinco años en el que los acusados han gozado de todas las garantías jurídicas que otorga una democracia, algo que ellos negaron a sus víctimas. La sentencia es además muy importante porque demuestra la existencia de un plan sistemático -casi industrial- de asesinato de personas cuyo único delito era la disidencia ideológica y ha mostrado el silencio permisivo, cuando no la connivencia, de numerosos estamentos de la sociedad argentina ante lo que ha sido uno de los crímenes más atroces cometidos en Latinoamérica en el siglo XX.
Nada devolverá la vida a las víctimas ni los años de lucha a sus familiares, pero con esta sentencia Argentina envía un importante mensaje al mundo: no habrá jamás impunidad para los violadores de los derechos humanos.